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Se da la circunstancia de que Paraguay es desde este mes el presidente pro tempore de la Unasur, que está formada además por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
La cumbre que sí está confirmada es la de Mercosur, que tendrá lugar la semana próxima en Mendoza (Argentina) y que, según el canciller brasileño, Antonio Patriota, permitirá analizar la situación de Paraguay, miembro de pleno derecho del bloque, al igual que Argentina, Brasil y Uruguay, y revisar qué medidas tomar.
No está claro si Paraguay será invitado a la cita, pero sí esta previsto, según Patriota, que acudan otros presidentes de países asociados al Mercosur, que son Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.
El propio Franco dijo que su Gobierno no ha recibido una "invitación clara" y que no quiere "forzar la situación", pues su prioridad "es poner en orden la casa".
"Hay varias formas de manifestarse, desde la no invitación a las autoridades que tomaron poder en Paraguay a participar en cumbres, hasta el enfriamiento de los contactos en diferentes niveles", aseguró el ministro brasileño.
Tanto Mercosur como Unasur tienen cláusulas democráticas que contemplan medidas como el cierre de fronteras si en alguno de los países miembros se rompe el orden institucional.
Precisamente la firma del protocolo que actualizó la cláusula democrática del Mercosur sin consultar al Parlamento fue una de las cinco acusaciones que se le hicieron a Lugo en el juicio en el Senado.
Unasur envió el jueves a Asunción una misión de ministros de los países del bloque para mediar con los partidos políticos y con Franco con vistas a evitar la destitución de Lugo, pero no tuvo éxito.
"Nosotros consideramos que lo ocurrido en Paraguay es sumamente preocupante desde el punto de vista de la democracia en las Américas", dijo hoy el canciller peruano, que formó parte de la misión, Roncagliolo indicó que su país no se encuentra satisfecho con las explicaciones que ha dado el nuevo Gobierno de Francisco Franco con relación a su asunción al poder, por lo que aún no se lo reconoce como tal.
Por su parte, el ministro chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que al Gobierno de Sebastián Piñera le "duele" la destitución de lugo y consideró que el juicio político con el que fue apartado del poder se realizó "demasiado rápido".
El Gobierno español defendió el pleno respeto a la institucionalidad democrática y el Estado de derecho y confió en que Paraguay "logre encauzar la actual crisis política, así como salvaguardar la convivencia pacífica", señala una nota oficial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo por su parte que el juicio político a Lugo fue "altamente cuestionable", por la manera expedita en que se hizo.
El secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, aseguró que "es una parodia de justicia y un atropello al Estado de Derecho remover a un presidente en 24 horas, sin garantías para defenderse".
Por su parte, la alta representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, hizo un llamamiento para que se respete "la voluntad democrática" de los paraguayos, tras manifestar su preocupación por "los acontecimientos políticos en Paraguay".
El Gobierno de Guatemala señaló que respeta el derecho interno de cada país y expresó su deseo porque "la actual crisis política en ese país sea resuelta en un marco de legalidad, concordia y de pleno respeto a los derechos humanos, garantizados en distintos instrumentos".
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se pronunció en la misma línea y si bien lamentó cómo se llegó a la "remoción" de Fernando Lugo como jefe de Estado, subrayó que "formalmente no hubo rompimiento de la democracia" porque se acataron las leyes de ese país.
El Gobierno de Cuba, por el contrario, afirmó hoy que hubo un "golpe de estado parlamentario" contra Fernando Lugo y aseguró que no reconocerá autoridad alguna "que no emane del sufragio legítimo y el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo paraguayo".
El expresidente de Honduras Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, condenó hoy la destitución del jefe de estado de Paraguay, Fernando Lugo, y la definió como "un golpe de Estado disfrazado".




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