Franquismo divide aún a España

Madrid (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - La ley de Memoria Histórica, una iniciativa del gobierno socialista de España para tratar de cerrar las heridas de la Guerra Civil (1936-39), superó ayer su primer trámite parlamentario sin el consenso de las fuerzas políticas.

La primera jornada de debate de este proyecto de ley, uno de los más emblemáticos de la legislatura, dejó de manifiesto que, 70 años después de la contienda civil, existen aún sensibilidades muy distintas sobre ese período de la Historia de España.

Este año se cumplieron 75 años desde la proclamación de la II República y 70 años del golpe de Estado militar del general Francisco Franco que desencadenó la Guerra Civil (1936-39), por lo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró 2006 Año de la Memoria Histórica.

Su compromiso fue dar una reparación moral a los ejecutados y represaliados del bando republicano durante la contienda y durante los años posteriores de dictadura franquista, muchos de los cuales siguen enterrados en fosas comunes sin identificar.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, defendió la ley ante el Congreso de los Diputados (cámara baja del Parlamento) con el argumento principal de que el texto cerrará con «justicia» y «concordia» las heridas de la guerra.

La ley reconoce el derecho de los familiares y allegados a localizar y recuperar los restos de sus parientes y el de acceder a los fondos en los archivos públicos, impulsando el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en la ciudad de Salamanca. Asimismo, establece la retirada de símbolos y monumentos franquistas en organismos públicos estatales mediante un criterio que describió como «ponderado y respetuoso». 

Los grupos de oposición de izquierda y derecha, por distintos motivos, se oponen al proyecto y presentaron sendas enmiendas a la ley, que fueron rechazadas por el mayoritario grupo socialista.

Desde la izquierda, la coalición de mayoría comunista Izquierda Unida (IU) y los republicanos independentistas catalanesde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) descalificaron la propuesta, sobre todo en lo que se refiere al tratamiento de los juicios sumarísimos en los que miles de republicanos fueron condenados.

IU y ERC pidieron la anulación jurídica y no sólo « simbólica o moral» de estos juicios y consideraron la propuesta impulsada por el Gobierno una «infamia» y un «insulto» a las víctimas del régimen franquista, porque «equipara a las víctimas con los verdugos».

En el otro sector, el conservador Partido Popular (PP) rechazó tanto la forma como el fondo de esta ley porque «reabre viejas heridas» y «enfrenta a unos españoles con otros».

El diputado Manuel Atencia dijo que la ley es «extemporánea-» e «hipócrita» y «torpedea la línea de flotación del régimen político democrático, la transición y el pacto constitucional».

El proyecto presentado ayer cuenta también con el rechazo de las asociaciones de víctimas del franquismo, que consideran indispensable que la ley declare la ilegalidad de la dictadura de Franco (1939-1975) y anule los juicios sumarísimos.

Coincidiendo con el debate parlamentario, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó una denuncia ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la que pide que se investigue la desaparición de unas 30.000 personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1939-75).