Investigador de ONU asegura que Londres viola derechos humanos con nuevas medidas antiterroristas
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inglés The Guardian que está pidiendo un permiso especial al Foreign Office (Cancillería británica), para visitar en los
próximos días Gran Bretaña y discutir con el ministro del Interior, Charles Clarke, acerca de las nuevas medidas.
sus países de origen, incluso sabiendo que muchas de esas naciones tienen record negativos de abusos de derechos humanos,
"refleja una marcada tendencia en Europa para no cumplir las obligaciones internacionales de no deportar a personas que estén en peligro de tortura en sus países".
"comportamientos inaceptables", para deportar o negar la entrada al país, a personas que glorifiquen o inciten actos de
terrorismo, en respuesta a los atentados del mes pasado en Londres.
"las reglas del juego han cambiado".
"Los derechos humanos de aquellas personas que murieron en el metro londinense tras las explosiones del 7 de julio, son más
importantes, para ser honesto, que los derechos humanos de aquellos que cometieron dichos actos barbáricos", comentó el
ministro.
"Me gustaría que la ONU analizara los problemas de derechos humanos en el mundo, en lugar de simplemente enfocarse todo el tiempo en el terrorismo", agregó.
Sin embargo, Novak se negó a aceptar las consideraciones de Clarke, y aclaró que Naciones Unidas "está muy preocupada sobre el problema del terrorismo y el anti-terrorismo".
"Pero hay ciertos estándares que deben observarse en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Nosotros, en los
países democráticos del Occidente, no debemos sobrepasar los límites y violar las leyes internacionales por la llamada lucha
contra el terrorismo", aseveró el investigador de la ONU.
Y admitió que podría citar a las autoridades de Gran Bretaña una vez que presente en la Asamblea General de Naciones Unidos, un reporte anual sobre el problema de las torturas y violaciones de derechos humanos.
En tanto, las medidas antiterroristas británicas elevaron la alarma entre los grupos de derechos civiles y humanos, quienes
expresaron "mucha preocupación" por la ley de seguridad del gobierno de Blair.
Bajo la lista de "conductas o comportamientos inaceptables", se encuentra "fomentar, justificar o glorificar la violencia
terrorista", "buscar provocar en otros que lleven a cabo actos de terrorismo", fomentar "otras actividades criminales serias",
o incitar al odio religioso "que puede llevar a generar violencia intracomunal en Gran Bretaña".
En ese sentido, Peter Kessler, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), declaró que las medidas del gobierno británico "podrían generar la deportación de personas a países con graves problemas de DDHH, y así Gran Bretaña estaría violando sus obligaciones bajo la Convención de Ginebra de 1951".




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