Roma (EFE, AFP, Reuters, ANSA, DPA) - El gobierno de Silvio Berlusconi celebrará hoy en Nápoles su primer consejo de ministros, centrado en nuevas medidas de seguridad y contra la inmigración clandestina, que desataron nuevas voces de protesta en la Unión Europea (UE) y en el Vaticano. Todas las miradas están puestas en la Prefectura de Nápoles, en la monumental plaza del Plebiscito, lugar del Consejo de Ministros, donde se tratará un decreto-ley sobre seguridad pública que considera delito penal la inmigración clandestina.
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El proyecto cuenta con el apoyo del ministro del Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte, agrupación acusada de xenófoba, que alega que la medida ya existe en otros países de la UE, como Francia y Alemania, mientras que la aliada Alianza Nacional -posfascista- perdió la puja interna, ya que abogaba por expulsar sólo a los ilegales que hayan cometido delitos.
La oposición de centroizquierda es contrariaa la introducción de ese tipo penal, al igual que destacados miembros de la Iglesia, como el cardenal Renato Raffaele Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz.
Algunos medios locales revelaron ayer que el «paquete» está dividido en un decreto ley, un proyecto de ley y tres decretos legislativos sobre circulación de ciudadanos de la UE, reunificación familiar y derecho de asilo.
El decreto ley, asegura «Il Sole 24 Ore», contempla la expulsión de un extranjero cuando fue condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la sentencia en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino y fijar la permanencia máxima de los inmigrantes ilegales en los centros de amparo en 18 meses. Quien alquile casa a un ilegal puede ser condenado a seis años de prisión y multas de entre 100.000 y 150.000 euros.
ADN
Respecto de la reunificación familiar, el diario asegura que el gobierno introducirá el test del ADN para comprobar si los aspirantes a entrar a Italia en verdad son miembros de la misma familia. Los ciudadanos de la UE podrán estar en el país durante tres meses si tienen recursos económicos y se les podrán tomar las huellas dactilares.
Otro punto que levanta polémica es el de los asentamientos gitanos, en su mayoría rumanos, especialmente después de que recientemente fueran quemados cinco en la provincia de Nápoles, obligando a evacuar a sus moradores.
En agitadas discusiones, los principales grupos del Parlamento Europeo expresaron su rechazo a los ataques. El debate lo abrió el comisario europeo de Asuntos Sociales, el socialista checo Vladimir Spidla, quien condenó «todo ataque xenófobo y racista» y, sin aludir expresamente al gobierno de Berlusconi, recordó que las autoridades nacionales deben investigar este tipo de actos y castigar a quienes los inciten.
En cuanto a las medidas barajadas en Italia para expulsar a esos inmigrantes, el comisario recalcó que los rumanos, desde la adhesión de su país a la UE, «tienen la misma libertad de circulación que otros ciudadanos de la Unión» y «en ningún caso pueden ser tratados de manera menos favorable que los otros».
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