La escalada que llevó a la guerra de poderes

Brasilia - El estilo agresivo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no es nuevo, pero desde principios de año ha concentrado sus ataques y amenazas contra una institución en particular, el Supremo Tribunal Federal (STF), y contra dos de sus miembros: Alexandre de Moraes y Luis Roberto Barroso.

Los ataques constantes del presidente contra la cúpula judicial comenzaron en marzo, cuando el STF reconoció la parcialidad y la persecución política ejercida por el exjuez y exministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien de esa manera vio anulada su condena a ocho años de cárcel por la cual estuvo 580 días preso y fue inhabilitado para ser candidato presidencial en 2018.

“Nos sorprende esta decisión porque el accionar delictivo de esa administración (de Lula) le quedó clara a la sociedad. El PT hizo una administración catastrófica, desvíos de Petrobras. Creo que el pueblo no quiere tener un candidato como este en 2022 o pensar en elegirlo”, advirtió apenas unos días después Bolsonaro, quien acusó a los jueces que votaron a favor de los reclamos del líder opositor de estar vinculados a su fuerza, el Partido de los Trabajadores.

Unas semanas después y en el marco de una investigación por presuntos intentos de Bolsonaro de interferir con investigaciones de la Policía Federal, la alta corte habilitó la publicación de un video en el que el mandatario estallaba contra rivales políticos y gobernadores que desafiaban su gestión de la pandemia e imponían cuarentenas para intentar frenar los brotes masivos que sufrían sus distritos.

En el video, Bolsonaro no solo calificaba de “bosta” al gobernador de San Pablo, João Doria, y de “estiércol” al de Río de Janeiro, Wilson Wietzel, por impulsar medidas de confinamiento social, sino que amenazó con cambiar a todos los ministros de su gabinete que fuera necesario para proteger a su familia, objeto de varias investigaciones locales y federales.

Además, el juez del STF Celso de Mello pidió la captura del teléfono celular de Bolsonaro, lo que desató un nuevo repudio del Gobierno.

La tensión ya estaba escalando, pero la furia del mandatario alcanzó un nuevo nivel cuando una serie de encuestas pronosticaron una victoria segura para Lula en 2022, tras el pésimo manejo de la gestión nacional de la pandemia que ubicó al país como el segundo del mundo con mayor cantidad de muertes, solo superado por Estados Unidos.

Es en este momento que Bolsonaro decidió instalar sin pruebas la idea de un posible fraude electoral el año próximo y exige un cambio en la forma de votación. Incluso dejó entrever que si el sistema de urnas electrónicas que funciona desde 1996 no se cambia, él podría desconocer los resultados.

Esto fue respondido con dos procesos judiciales por las máximas cortes del país.

Por un lado, la corte electoral con Barroso como su titular abrió una investigación en contra de Bolsonaro por sus repetidos ataques al sistema de urnas electrónicas y, por otro lado, el juez del STF De Moraes incluyó como investigado al presidente en un proceso penal que se inició en 2019 por la difusión en redes sociales de noticias falsas contra las instituciones democráticas.

La respuesta de Bolsonaro fue explosiva y muchos la interpretaron como una amenaza de autogolpe. Además, intentó abrirle un juicio político en el Senado al juez De Moraes y, cuando esto no ocurrió, continuó escalando su retórica frente a sus seguidores en actos masivos, que seguían desconociendo los recaudos mínimos que demanda la pandemia.