La ONU rechazó el embargo a Cuba
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"Yo sí tengo derecho legítimo a decir: ¡Viva Cuba libre!" fue la única referencia directa de Pérez Roque a las declaraciones de Bush, que una semana atrás pronunció esas mismas palabras en el departamento de Estado.
Pérez Roque evocó en cambio ante el pleno ejemplos precisos del impacto que tiene el "brutal" bloqueo para su país: "no menos de 222 mil millones de dólares" desde su imposición en 1962.
"El gobierno de Estados Unidos prohibió a las compañías norteamericanas proveer servicios de internet a Cuba", afirmó Pérez Roque, agregando que por culpa de esa medida los cubanos no pueden acceder, por ejemplo, a Google Earth.
Otros países tomaron la palabra para respaldar la posición cubana, incluyendo México, Vietnam, Sudáfrica y China. Venezuela, a través de su embajador Jorge Valero, dijo que el discurso reciente de Bush es "un nuevo y vano intento por derrocar la revolución y reconquistar a Cuba".
El representante de Egipto Maged Abdelaziz, en nombre de los países no alineados, señaló que el embargo "además de ser unilateral y contrario a la Carta de la ONU, al derecho internacional y al principio de buena vecidad, está causando daños materiales y económicos al pueblo de Cuba".
El grupo de los 77, a través del representante paquistaní Farukh Amil, pidió a Estados Unidos "sustituir la política de embargo por el diálogo y la cooperación".
La resolución aprobada "insta una vez más a los Estados en los que existen y continúan aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto".
La Asamblea general reiteró que las sanciones de Estados Unidos son contrarias a "la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, que entre otras cosas reafirman la libertad de comercio y navegación".
Las sanciones económicas estadounidenses a Cuba datan de 1962 y fueron decididas por el entonces presidente estadounidense, John Fitzerald Kennedy.
Fue la primera de una serie de medidas de carácter económico y comercial para aislar al régimen de Fidel Castro, a las que siguieron, entre otras, la ley Helms-Burton, la ley Torricelli y las restricciones a los viajes a la isla.



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