Los prefectos y los dirigentes cívicos opositores al presidente Evo Morales votaron ayer en el referendo revocatorio, pero continuarán en huelga de hambre para reclamar al gobierno la restitución de los ingresos petroleros y la aplicación de los estatutos autonómicos aprobados en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, informaron los medios locales.
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Según el diario «La Prensa», «los huelguistas prevén la instalación de más piquetes de ayuno, paros cívicos y toma escalonada de instituciones públicas para obligar al Poder Ejecutivo a reponer 850 millones de pesos bolivianos que fueron descontados a las prefecturas de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija en 2007 y 1.600 millones de bolivianos en el primer semestre de 2008», remarcó.
En un abierto desafío al líder indígena, «los representantes departamentales exigirán además que los gobiernos regionales ejecuten las competencias definidas en los textos autonómicos», publicó el periódico.
En ese sentido, el presidente del Comité Cívicode Beni, Alberto Melgar, anunció que las regiones aplicarán de manera conjunta los estatutos autonómicos. «La ratificación de nuestros prefectos significará también un respaldo para que los estatutos entren en vigencia».
Según el diario, Reynaldo Bayard, presidente del Comité Cívico de Tarija, explicó que la devolución de estos recursos es «clave» para la aplicación de los estatutos autonómicos que fueron aprobados en los referendos departamentales (Santa Cruz el 4 de mayo, en Beni y Pando el 1 de junio, y en Tarija el 22 de junio).
En ese sentido, el secretario general de Tarija, Mauricio Lea Plaza, indicó que «la aplicación del estatuto se vio afectada por la falta de recursos» y «por eso el prefecto Mario Cossío decidió someterse al ayuno en el piquete de dirigentes cívicos», agregó «La Prensa».
En ese contexto, el vicepresidente del ComitéCívico cruceño, Luis Núñez, afirmó al periódico que «cuando sea ratificado el gobernador Rubén Costas, la autonomía tendrá más fuerza».
«El dirigente no entró en detalles sobre las medidas que asumirán después de hoy (por ayer); sin embargo, el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), David Sejas, admitió que está prevista la toma de instituciones públicas», indicó.
«El texto autonómico aprobado en la consulta del 4 de mayo instruye que la Prefectura administrará la educación, salud, tierra e hidrocarburos, y también prevé la creación de un organismo de seguridad que se encargará de mantener el orden público e investigar los delitos como hace la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)», entre otras cosas, explicó «La Prensa».
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