Lula avanza con reforma sindical que aquí se negó

Lula da Silva enviará el 2 de marzo al Congreso una ambiciosa reforma sindical con la que buscará quitar a los gremios el poder de obstrucción. Este proyecto se combina con una ley laboral que el brasileño tiene en carpeta, y entre ambas podrían hacer de Brasil un mercado aún más competitivo de lo que es hoy. Es una reforma más ambiciosa que las intentadas en la Argentina, que siempre volvieron atrás por presión sindical. Lo saben Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. El proyecto, según la prensa brasileña, limita el derecho de huelga incluso para actividades no sensibles, rompe el monopolio de la representación sindical y contempla la anulación de la norma más beneficiosa para el trabajador. Todo, mientras en la Argentina se da cada día mayor poder al gremialismo. Lula avanza más y también quiere derogar la ultraactividad, que hace permanentes los beneficios acordados en un convenio entre sindicatos y empresarios hasta la firma de un nuevo acuerdo. La votación de una ley similar llevó a la Argentina al caos en medio del escándalo por las supuestas coimas en el Senado, que terminó luego derogándose. El brasileño, de origen obrero y de un partido socialista, da una nueva muestra de comprender cómo un presidente puede trabajar para el desarrollo de una economía sana. En dos años de gobierno del PT, Brasil logró que su economía volviera a crecer, que cayera la inflación, que estabilizara su moneda, y alejarse del riesgo del default

Brasilia (ANSA, AFP, EFE) - En un nuevo paso que lo revela como un líder moderno que comprende el funcionamiento de la economía del país, Luiz Inácio Lula da Silva enviará el 2 de marzo al Congreso un ambicioso proyecto de reforma sindical que hace más difícil el monopolio de los gremios, endurece los requisitos para declarar una huelga y flexibiliza las negociaciones entre empresas y trabajadores.

La nueva versión del proyecto de Lula da Silva, un ex obrero metalúrgico y ex sindicalista, fue anticipada ayer por el diario económico « Valor», en la fecha del cumpleaños número 25 del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

El proyecto, que reduce de 12 a 3 el número de centrales gremiales, será enviado al Congreso y acompañará otra propuesta para modificar la legislación laboral. De todas formas, ésta sería enviada en 2006.

De todos modos, el ministro de Trabajo, Ricardo Berzoini, anticipó que la reforma laboral no contemplará una reducción de la jornada de trabajo, de 44 a 40 horas semanales, como reclaman las centrales sindicales.

«Puede ser un tiro en el pie para la productividad brasileña. Países vecinos, como la Argentina, poseen una jornada de 48 horas», sostuvo Berzoini. Es en rigor una decisión lógica, teniendo en cuenta que países que avanzaron en reducir las horas de trabajo semanales están revirtiendo la medida, como Francia.

• Acuerdos privados

El proyecto de ley sindical no contempla el principio del uso de la norma más beneficiosa para los trabajadores, lo que permitirá acuerdos privados y específicos entre patrones y empleados que prevalecerán sobre los derechos consagrados en la legislación laboral y negociaciones colectivas. «Ese principio estaba en versiones anteriores y fue excluido ahora, lo que permite concluir que hay espacio, en el futuro, para una reforma de la legislación laboral que permita que acuerdos entre patrones y empleados flexibilicen derechos garantizados por la ley», evaluó Grijalbo Coutinho, titular de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo.

El ministro Berzoini dijo que no le gusta hablar de «flexibilización» de los derechos de los trabajadores, como hacía el gobierno anterior, del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que intentó reformar la legislación laboral pero no pudo por la resistencia de Lula da Silva y del PT. «No uso flexibilización, uso modernización, entendimiento entre las partes», afirmó Berzoini. El funcionario agregó que el principio de ley más beneficiosa para el trabajador está consagrado en la legislación vigente, por lo que no es necesario volver a garantizarlo.

Por su lado, el juez Coutinho también expresó su preocupación por «el fin del principio de ultraactividad de las normas colectivas». Por ese principio, todos los derechos firmados en un acuerdo colectivo continúan valiendo durante la «impasse» para la formulación de un nuevo contrato entre patrones y trabajadores.

La reforma sindical incluye elevar las condiciones para llegar a una huelga. Ordena mantener una actividad mínima aún en actividades consideradas no sensibles para evitar pérdidas irreparables para las empresas, «lo cual hiere el derecho de huelga», opinó Coutinho.

En otro orden, el gobierno de Lula promulgó una nueva ley de quiebras que entrará en vigor en 120 días y será determinante en la modernización de una economía, afirmó ayer el ministro de Hacienda, Antonio Palocci.

La ley, promulgada por Lula el miércoles, fue aprobada en diciembre pasado por el Congreso, tras once años de esporádicas discusiones. La nueva ley establece «un claro orden para que la empresa y sus acreedores se organicen para recuperar la compañía» en seis meses, con criterios judiciales y extrajudiciales, dijo Palocci. El sistema de justicia, hasta ahora administrador de la quiebra, pasará a favorecer el proceso. En caso de que la recuperación no sea viable, la quiebra definitiva también será acelerada, para vender los activos y pagar a los trabajadores en primer lugar.

La nueva ley establece un techo máximo de 45.000 reales que podrán recibir los propietarios de empresas quebradas.