Más cerca de la intervención, catalanes pidieron en las calles libertad de líderes separatistas
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El delito de sedición puede acarrear hasta 15 años de cárcel. En la misma causa están imputados el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y una subalterna suya, Teresa Laplana, que seguirán en libertad pero no podrán abandonar el país y tendrán que presentarse periódicamente en los juzgados.
El auto de la juez Lamela señala a Sánchez y Cuixart como los "principales promotores y directores" de una multitudinaria concentración el 20 de setiembre ante un edificio del gobierno catalán en el que la policía española efectuaba registros.
Los manifestantes dañaron vehículos policiales y dificultaron por horas la salida de los agentes.
Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), y Cuixart, de Òmnium Cultural, se subieron sobre un vehículo de la Guardia Civil española y llamaron a "la movilización permanente".
La juez decretó su encarcelación porque temía que pudieran "destruir fuentes de prueba" o incurrieran en "reiteración delictiva", toda vez que pertenecen a un "grupo organizado" que busca "fuera de las vías legales la independencia de Cataluña", según el auto.
Ante las múltiples voces que tildaron a los dos de presos políticos, el delegado del gobierno en Barcelona, Enric Millo, dijo este martes, en declaraciones a Catalunya Radio: "Nos equivocaremos si juzgamos a la jueza, aquí hay separación de poderes".
Lo que ocurrió ante consejería de Economía "no se puede calificar de actuación pacífica y cívica", ahondó el delegado.



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