Masiva manifestación en España en apoyo al juez Garzón
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A la manifestación de Madrid se unían las organizadas en varias ciudades españolas, que congregaron a cientos de personas en Barcelona, Sevilla, Valencia, entre otras.
crímenes semejantes cometidos en países como Argentina o Chile".
A la manifestación de Madrid se unían las organizadas en varias ciudades españolas, que congregaron a cientos de personas en Barcelona, Sevilla, Valencia, entre otras.
Fuera de España, más de cien personas se concentraron en París y una treintena en Londres. También se convocaron en Bruselas, Lisboa y Dublín, y en América Latina, en Buenos Aires y México.
El juicio a Garzón, que comenzará próximamente, sembró la polémica en España y levantó una ola de apoyos en el exterior, sobre todo en América Latina, donde el juez, de 54 años, es conocido por su práctica de la justicia universal y por lograr la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998.
El magistrado será juzgado tras admitir el Tribunal Supremo español las denuncias de tres grupúsculos de extrema derecha que acusan al juez de prevaricación, por lo que podría ser suspendido temporalmente en su cargo.
Los denunciantes alegan que el juez ignoró la ley de amnistía de 1977, adoptada para ese tipo de delitos tras la muerte del general Francisco Franco y al inicio de la transición democrática española.
Garzón recusó el viernes al juez encargado de su caso, Luciano Varela, por estimar que es "parcial", por lo que el Supremo deberá decidir si cambia de magistrado.
El ex presidente del gobierno español Felipe González respaldó al juez declarando que el proceso a Garzón es "incomprensible" e "injusto", mientras que el líder de la oposición, el conservador Mariano Rajoy, denunció este sábado "una campaña brutal y antidemocrática contra el Tribunal Supremo y el poder judicial para que no se juzgue a una persona".
Garzón investigó brevemente en 2008 la suerte de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo (1939-1975), alegando que el delito de desaparición forzada no prescribe y con la fiscalía en contra.
Era la primera investigación de estos hechos en España.




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