Morales atiza pelea con petroleras

La Paz (EFE, Reuters) - El presidente de Bolivia, Evo Morales, y otros miembros de su gobierno reiteraron en las últimas horas que no subordinarán la ley a las inversiones extranjeras, según declaraciones divulgadas ayer por los medios locales sobre el proceso a la petrolera Repsol YPF.

«Las empresas tienen la obligación de subordinarse y cumplir con las leyes bolivianas. Las que respeten al Estado nacional serán bienvenidas, pero las que cometan irregularidades o no tributen tienen que ser castigadas», dijo Morales.

«El Ejecutivo no negociará la ley para favorecer a Repsol YPF, y si por hacer cumplir la Justicia se va a afectar alguna inversión, se tendrá que lamentar esa decisión», declaró, a su vez, el vicepresidente, Alvaro García Linera.

• Acatamiento

«Aquí se cumple la ley. El gobierno no va a doblar la ley y no va a presionar para que se adecue al empresariado», agregóel funcionario a periodistas bolivianos.

Morales, García Linera y varios ministros insistieron en que su gobierno acata las decisiones de la Justicia y respeta la independencia de los poderes públicos. El gobierno español, por su parte, manifestó al de Bolivia, en varias oportunidades durante las últimas semanas, su preocupación por el caso.

No obstante, pese al proceso judicial y la tensión entre los gobiernos, el ministro de la presidencia de este país, Juan Ramón Quintana, aseguró que la producción de Repsol YPF «está garantizada».
Andina, filial boliviana de Repsol YPF, fue acusada en febrero por la Aduana de contrabando de petróleo por valor de 9,2 millones de dólares.

• Detención

Su presidente, el español Julio Gavito, y su gerente de Operaciones, el argentino Pedro Sánchez, estuvieron detenidos el miércoles once horas en la ciudad oriental de Santa Cruz, sede de la petrolera, hasta que un juez los liberó bajo fianza de 40.000 euros cada uno. Gavito y Sánchez, que se declaran inocentes, no podrán salir de Bolivia hasta nueva orden y deberán presentarse cada mes ante los fiscales que los investigan.

Por su lado, la empresa anticipó que «actuará con el máximo rigor posible en todos los foros del derecho nacional e internacional para demostrar la inocencia de los directivos respecto a los supuestos delitos que se les imputan», según indicó en un comunicado difundido en los principales diarios del país.

En la nota, la subsidiaria de Repsol calificó de «irregular, injustificado y contrario a derecho» el traslado de sus directivosa una comisaría, realizado en «una flagrante violación del debido proceso», agregó.

En tanto, la Fiscalía General de Bolivia solicitó ayer el enjuiciamiento de tres ex presidentes y ocho ex ministros del país, a los que acusa de firmar contratos con multinacionales petroleras contrarios a la normativa nacional.

Los ex presidentes acusados son Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002) y Carlos Mesa Gisbert (2003-2005).