Murieron 11 diputados que eran rehenes de las FARC

El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, brindó ayer un mensaje en cadena para tranquilizar al país. Los familiares de las decenas de rehenes que la guerrilla mantiene en su poder recelan de su deseo de liberarlos por la fuerza (izq).El dolor del hermano del diputado Alberto Quintero resume lo expresado por todos los familiares y amigos de las víctimas (der).

Bogotá (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - Conmoción y estupor reinaban ayer en Colombia por el anuncio de la muerte de once diputados que eran rehenes de las FARC desde 2002, en un episodio atribuido por el grupo guerrillero a un choque con fuerzas militares y calificado por el presidente Alvaro Uribe de «crimen» de los terroristas.

La noticia de los decesos se conoció a primera hora de la mañana a raíz de un comunicado de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el que anunciaron que los once legisladores regionales murieron el 18 de junio «cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento atacó el campamento donde se encontraban» éstos.

En medio de un ambiente de severa crisis política, y tras cinco horas de reuniones con la cúpula del gobierno a puerta cerrada, Uribe dijo que las FARC buscan con esa versión «cobardemente ocultar su responsabilidad en un crimen de lesa humanidad, que hace víctimas a civiles indefensos secuestrados por el terrorismo».

Durante un mensaje de diez minutos en cadena por televisión y radio, el mandatario negó la realización de operativos militares en la fecha que indicaron las FARC. El mandatario hizo un recuento propio de las incursiones de tropas realizadas por orden suya entre el 18 y el 19 de junio, y sostuvo que nunca se informó a los parientes de los rehenes «sobre operaciones de rescate» porque «no se tenía la ubicación del lugar del cautiverio».

Sin embargo, las FARC comunicaron que en el área donde estaban los políticos «se desarrollan desde hace varias semanas amplias operaciones conjuntas de militares y paramilitares, lo que generó innumerables combates».

Se trataba de un grupo de 12 diputados secuestrados por un comando de las FARC en abril de 2002, durante un operativo realizado por esa organización en la sede de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca (ver nota aparte). El grupo guerrillero dijo que de los doce políticos sólo sobrevivió Sigifredo López, porque «no estaba en ese instante junto a los demás retenidos».

Imputación

El movimiento terrorista atribuyó las muertes a la « demencial intransigencia de Uribe para llegar a un intercambio humanitario. Su estrategia de rescate militar por encima de toda consideración conlleva a tragedias como la que estamos informando».

Los legisladores formaban parte de un grupo de 56 rehenes a quienes las FARC quieren canjear por guerrilleros presos, operativo que, pretende, se realice en medio de una desmilitarización de dos regiones del norte del país. Pero Uribe, pese a haber liberado a casi dos centenares de guerrilleros en las últimas semanas, confiando en un gesto de buena voluntad de las FARC (ayer indultó a otros 16), reiteró su rechazo rotundo al «chantaje» de la guerrilla y al despeje.

El presidente aseguró ayer que ningún operativo militar de rescate se realiza sin darles aviso previo a los parientes de los rehenes, desde que hace unos años fue asesinado en una operación similar un ex gobernador y un ex ministro.

Según su versión, antes de ordenarlo, haría primero una consulta a los presidentes de Estados Unidos, George W. Bush, y de Francia, Nicolas Sarkozy, ya que ciudadanos de ambos países forman parte de los rehenes en poder de las FARC.

Entre ellos hay tres norteamericanos, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt -de doble nacionalidad, colombiana y francesa-, varios militares, policías y ex congresistas.

Conmoción

El contrapunto entre el gobierno y las FARC hizo pensar a algunos analistas militares que lo que provocó la muerte de los diputados pudo haberse tratado de un ataque de grupos paramilitares, como sucedió en otras ocasiones.

Este hecho, que sumió al gobierno de Uribe en una de sus más graves crisis, conmocionó al país y reactualizó la polémica por la política dura del presidente hacia la guerrilla, alimentada por las muestras de dolor y declaraciones de los familiares de los fallecidos, que exigen un acuerdo humanitario.

Fabiola Perdomo, esposa de Juan Carlos Narváez, uno de los diputados fallecidos y vocera de los familiares, manifestó que está «claro» que son las FARC las « culpables» de los secuestros, pero atribuyó «responsabilidad» de lo ocurrido al gobierno porque «tuvo las herramientas jurídicas y políticas para hacer el acuerdo humanitario y no se hizo».

La muerte de estos once diputados puede terminar con la frágil posibilidad de que el llamado «canciller» de las FARC, Rodrigo Granda, consiguiera hacer avanzar una negociación del acuerdo humanitario. Granda, a petición de Sarkozy, fue excarcelado por Uribe y enviado a Cuba, donde se encuentra ahora.

Uribe, acosado además por problemas internos como la llamada «parapolítica» -por la que una veintena de congresistas y políticos afines están investigados y algunos presos por su relación con los paramilitares-, solicitó «la solidaridad de la comunidad internacional» y el apoyo de su pueblo. Sin embargo, el gobierno francés y la familia de Betancourt repudiaron firmemente el uso de la fuerza militar a la hora de liberar a los rehenes.