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Lula, en la sede del Partido de los Trabajadores.
Los fiscales que investigan a Lula detallaron sus principales sospechas de posibles crímenes de corrupción y lavado de dinero contra el exmandatario, una de las figuras políticas más importantes de América Latina.
"Lula, además de líder partidario, era el responsable final de la decisión de quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de los delitos. De hecho, surgieron evidencias de que los crímenes lo enriquecieron y financiaron campañas electorales y la caja de su fuerza política", dijo la fiscalía de Paraná en un comunicado.
El fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima dijo a periodistas que grandes constructoras acusadas de corrupción en Petrobras pagaron a Lula en forma de donaciones u honorarios por conferencias cerca de 30 millones de reales (unos 8 millones de dólares).
"Los favores son muchos y difíciles de cuantificar", dijo el procurador.
El Instituto Lula del exmandatario sostuvo que las acciones policiales de este viernes representan "una agresión al Estado de Derecho".
"La violencia practicada contra el expresidente Lula y su familia, contra el Instituto Lula, la exdiputada Clara Ant y otros ciudadanos ligados al expresidente es una agresión al Estado de Derecho que afecta a toda la sociedad brasileña", dijo el Instituto en un comunicado.
La acción de la policía "es arbitraria, ilegal e injustificable, además de constituir una grave afrenta a la Corte Suprema", agregó.
Lanzando gritos y coreando consignas, decenas de manifestantes se agolparon en la sede de la policía donde Lula declaró durante unas tres horas, algunos para apoyarlo y otros para repudiarlo, y varios se enfrentaron a golpes, según consigna la agencia francesa AFP.
"Hay evidencias de que el expresidente Lula recibió valores oriundos del esquema Petrobras por medio del envío y reforma de un departamento tríplex y de una finca en Atibaia, de entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y de almacenaje de los bienes por una empresa de transporte", sostuvo la fiscalía en un comunicado.
Lula niega ser propietario del tríplex en un balneario de San Pablo y de la hacienda. La fiscalía sospecha que los predios fueron reformados por grandes constructoras brasileñas, que a cambio obtenían contratos en la estatal Petrobras.
"Creemos que la finca es realmente del señor Luiz Inacio", dijo el fiscal Lima.
Lula continúa siendo una de las figuras políticas más influyentes de Brasil y su destino está estrechamente ligado al de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, y del PT.
La "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) que desvió más de 2.000 millones de dólares de Petrobras es considerada la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil y ya ha enviado a prisión o amenaza con hacerlo a decenas de parlamentarios, gobernadores, exfuncionarios de la petrolera y algunos de los principales empresarios del país.
Los allanamientos se producen un día después de un vendaval político en Brasil tras la filtración de supuestas declaraciones de un senador oficialista, Delcidio Amaral, acusando a Rousseff de interferir en la investigación del escándalo en Petrobras y a Lula de estar al tanto del esquema de corrupción.
El artículo con supuestas declaraciones de Amaral publicado por la revista IstoÉ encendió la ira del gobierno. La propia Rousseff advirtió indignada que las filtraciones a la prensa no pueden ser usadas como un arma política, y que el combate a la corrupción es y seguirá siendo su prioridad.
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