Daniel Ortega introduce una serie de reformas para minimizar el impacto de las sanciones de EEUU

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Las modificaciones apuntan al Ministerio de Energía, la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y el Instituto Nicaragüense de Electricidad (INE).

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó una serie de reformas en las áreas de Energía de su Gobierno en un intento por minimizar el impacto del último paquete de sanciones impuesto por Estados Unidos contra el sector energético del país.

Estela María Martínez Cerrato fue nombrada viceministra de Energía y Minas, por lo que asumirá todas las funciones administrativas que antes recaían en manos de Salvador Mansell Castrillo, quien figura en la 'lista negra' de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.

Según la Gaceta del Estado, Martínez será a partir de ahora la encargada de firmar todos los documentos relacionados a la "rectoría y normativa de los sectores eléctricos, hidrocarburo y minero, competencia del Ministerio de Energía y Minas, así como todos los documentos necesarios para la correcta administración y funcionamiento del Ministerio ".

Esto incluye lo relacionado con "desembolsos de fondos nacionales y extranjeros y los derivados de la suscripción, ejecución, evaluación y cierre de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera y técnica internacional, cumplimiento de los procedimientos y normas que correspondan", según el texto.

Además, Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine pasará a ser el representante de las acciones de capital propiedad del Estado de Nicaragua en el lugar de José Adrián Chavarría, quien también fue sancionado por Estados Unidos.

En un tercer movimiento, Ortega también nombró como nueva presidenta de Enatrel a Martínez, quien hasta ahora ocupaba el cargo de secretaria dentro de la junta directiva de la empresa.

Gallardo, por su parte, se incorporó como vicepresidente de la junta, lo que deja fuera a José Adrián Chavarría en representación del Ministerio de Hacienda.

En el caso del presidente del INE, Antonio Castañeda Méndez, Ortega decidió que sea él quien siga al frente de la entidad, si bien dejará de encargarse de la representación legal y administrativa que le corresponde al presidente de dicha institución, una tarea de la que estará a cargo un consejo de dirección.

Estados Unidos impuso una serie de sanciones a Nicaragua, tras unas elecciones presidenciales en las que Ortega se impuso para un cuarto mandato consecutivo, en unos comicios en los que compitió contra otros 5 candidatos de fuerzas menores, después de un proceso en el que se canceló la personería a 3 partidos opositores y se detuvo a una treintena de dirigentes, entre ellos 7 precandidatos.

Las nuevas medidas de castigo implican el bloqueo de todas las propiedades y posibles haberes de nueve miembros del Gobierno y también se sancionó a varios alcaldes a los que Estados Unidos acusa de estar implicados en la represión de manifestaciones pacíficas contra Ortega en 2018.

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