Paraguay: diputados aprueba acusación contra 3 jueces de la Corte Suprema

El juicio político para la renovación de la Corte Suprema paraguaya echó hoy a andar con la aprobación en la Cámara de Diputados de la acusación contra tres magistrados de ese alto tribunal por corrupción, mala administración de justicia y tráfico de influencias.
   
Tras más de cuatro horas de deliberaciones, el presidente de la Cámara Baja, el oficialista Benjamín Maciel, anunció la aprobación del juicio contra "el ministro Bonifacio Ríos Avalos", titular de la máxima instancia judicial y el último de los tres cuestionados de la lista.
   
A favor de su enjuiciamiento votaron 70 de los 80 legisladores, tres en contra y siete se abstuvieron.
   
Los otros dos magistrados, Carlos Fernández Gadea y Luis Lezcano, también fueron acusados después de que 72 diputados votaran a favor, uno en contra y los siete parlamentarios de la Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (UNACE), del ex general golpista Lino Oviedo, se abstuvieran.
   
El juicio político se celebrará en fecha por determinarse y el Senado, de 45 miembros, se convertirá en tribunal al solo efecto de la destitución por mayoría absoluta de dos tercios, mientras que la Cámara de Diputados oficiará de fiscal acusador.
  
Las primeras dos horas de la sesión de hoy fueron empleadas para debatir una petición de UNACE para enjuiciar a otros dos jueces cuya permanencia había sido consensuada previamente por el jefe de Estado, Nicanor Duarte, y los partidos representados en el Congreso.
   
"Acusamos a los ministros Antonio Fretes y a Wildo Rienzi de las mismas responsabilidades que los otros ministros (...) y si esto no es así, tenemos delineada políticamente cuál va a ser la postura de nuestra bancada", afirmó el diputado de ese grupo parlamentario Carmelo Benítez.
   
La moción de Benítez no prosperó ante otra de Magdaleno Silva, del Partido Colorado, en el gobierno, quien reclamó el cumplimiento del acuerdo y pidió el rechazo de la bancada de UNACE, que ocupa siete escaños de los 80 y está controlada por Oviedo desde su refugio en Brasil.
   
Las votaciones favorecieron ampliamente la postura de "denegar el pedido de acusación" contra los magistrados en cuestión, según los números anunciados por el presidente de la Cámara, el oficialista Benjamín Maciel.

Tras un receso, el relator de la acusación, Rafael Filizzola, expuso 20 causas de remoción contra los ministros Fernández Gadea, Lezcano y Ríos.
   
La renovación de la Corte Suprema ha sido impulsada por el presidente del país, Nicanor Duarte, que tras asumir el poder, el 15 de agosto pasado, se enfrascó en una campaña hasta acordar con los principales partidos de oposición el enjuiciamiento de seis de los nueve miembros, el 24 de octubre pasado.
   
Tres días después renunciaron por separado dos de ellos: Raúl Sapena y Jerónimo Irala, y en la víspera de esta sesión hizo lo propio Felipe Santiago Paredes, lo que redujo a tres el número de cuestionados.
   
"Esta acusación sostiene que la Corte Suprema de Justicia ha violado la Constitución Nacional y las leyes, ha atentado contra el principio de equilibrio de los poderes", afirmó Rafael Filizzola, del Partido País Solidario, en la oposición.
   
La acusación destaca, entre otros cargos, que Fernández Gadea, Lezcano y Ríos se atribuyeron funciones de otro poder al firmar la declaración de inamovilidad hasta la edad de la jubilación (75 años) en contra de lo que establece la Carta Magna, según Filizzola.

En cuanto a los cargos por presuntos hechos de corrupción, el diputado citó la apropiación irregular de los jueces de una avioneta decomisada en un operación antidrogas y de maniobras para favorecer a oferentes en la remodelación del edificio del Poder Judicial.

Filizzola involucró en actos de nepotismo a Ríos, Ferández Gadea y el dimitido Paredes, a los que acusó de haber contratado "una gran cantidad de hijos, yernos y sobrinos", y denunció un meteórico crecimiento patrimonial del primero.
   
" En su descargo (Ríos) no ha justificado nada", acotó Filizzola, al indicar que no se desecha que los antecedentes sean enviados a la Contraloría para investigar el patrimonio de los acusados.