Sánchez deja a las regiones la gestión de la pandemia

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Madrid - El Gobierno español traspasará la responsabilidad de definir eventuales restricciones para frenar los contagios del nuevo coronavirus a las 17 comunidades autónomas del país cuando expire el estado de alarma la próxima semana, según declaró ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

La cuestión ha sido polémica, con comunidades, como la de Madrid, en las que ha sido dura la resistencia política a las medidas de prevención definidas por el Gobierno de izquierda. De hecho, esa fue una de las principales banderas de la reelecta Isabel Díaz Ayuso, impulsora de una amplia apertura de la actividad contra lo que definió como un ataque a las libertades públicas (ver aparte).

El decreto de estado de alarma por seis meses, que proporciona un marco legal para las medidas más restrictivas ante la pandemia, expira este domingo. Ante eso, las autoridades autonómicas podrán establecer toques de queda y confinar zonas, pero deberán conseguir el apoyo de los tribunales locales, dijo Calvo.

“Las comunidades autónomas pueden justificar, argumentar, proponer y decidir situaciones como el toque de queda o los confinamientos. Claro que lo pueden hacer, pero están sometidas, como es lógico, a la autorización judicial correspondiente”, dijo la ministra en una rueda de prensa.

Si un tribunal local rechaza las medidas propuestas por un Gobierno regional, podría apelar al Tribunal Supremo, que sentaría precedentes aplicables a todas las comunidades.

Sin el estado de alarma, las autoridades españolas no tienen la prerrogativa de suspender libertades civiles como la libertad de movimiento o de reunión. Las comunidades con altos índices de contagios, como el País Vasco, le pidieron al Gobierno central que lo prorrogue.

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