Pelea que sumió en crisis al país

Paz - La nacionalización de los hidrocarburos -que provocó la caída de dos presidentes y desencadenó una crisis de representación de los partidos tradicionales- permanece como un tema crucial del debate político en Bolivia, donde el próximo domingo se realizan elecciones generales.

En octubre de 2003, el presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que partir al exilio, expulsado por una rebelión popular a causa de su política de hidrocarburos y, especialmente, por su inclinación a exportar gas natural desde puertos chilenos.

Los críticos al plan de Sánchez de Lozada, quien se oponía, además, a modificar los contratos petroleros en favor del Estado, adujeron que el mandatario -que firmó en su primer gobierno, entre 1993 y 1997, la privatización de cinco empresas estratégicas del Estado- quería convertir a Bolivia en fuente de suministro de gas para Estados Unidos y Chile, urgido del carburante.

• Polarización

El proyecto del gobernante era construir un ducto desde Tarija, el mayor reservorio boliviano de gas, hasta el puerto chileno de Patillos para luego exportar el LNG (gas natural licuado) rumbo a California. La empresa que iba a controlar el negocio era Pacific LNG, controlada por capitales de la española Repsol YPF y la británica British Gas.

Según el diplomático chileno Edmundo Pérez Yoma, ex cónsul en Bolivia, el antecesor de Sánchez de Lozada,el ex presidente y ahora candidato Jorge Quiroga (2001-2002) había perfilado el mismo proyecto durante su corto mandato sucesorio tras la renuncia del titular Hugo Banzer por padecer cáncer. La caída de Sánchez de Lozada provocó, además, un punto de quiebre y la polarización social del país, rasgo que resalta fuertemente en las campañas electorales actuales del izquierdista Evo Morales y del derechista Quiroga.

El sucesor constitucional de Sánchez de Lozada, su vicepresidente Carlos Mesa, asumió en octubre de 2003 con la promesa de llamar a una asamblea constituyente y organizar un referendo acerca del futuro del gas, que le valió una popularidad de más de 70% en su cota más alta. Sin embargo, apenas 20 meses más tarde, en junio de 2005, tuvo que renunciar a pesar de una popularidad cercana a 50% y sin que el grueso de los grupos manifestantes pidiera su renuncia.

Mesa se vio impotente para administrar la crisis y sucumbió a la presión social para nacionalizar los hidrocarburos y para convocar a una asamblea constituyente, este último un punto crucial para los departamentos andinos de Bolivia, que quieren contrarrestar los impulsos autonomistas de las regiones más ricas del Oriente.

La demanda de recuperación de la propiedad de los ricos yacimientos de gas natural en favor del Estado no ha sido todavía cristalizada, dos años después de enarbolada por sectores sociales de la región occidental del país a un costo de unos 80 muertos y cerca de medio centenar de heridos.

En mayo pasado, el Congreso aprobó una ley que otorga mejores condiciones al Estado frente a las multinacionales, pero hasta ahora no ha logrado implementarse el nuevo sistema, que ha sido impugnado por las compañías extranjeras. Esta adecuación de las multinacionales a la nueva ley será un reto que deberá asumir el próximo presidente.

• Promesa

El candidato socialista Morales, favorito en los sondeos, prometió que si triunfa en los comicios, «el Estado boliviano nuevamente tendrá y ejercerá su derecho de propiedad en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, sobre la base de las prescripciones de la Constitución Política del Estado». El ex presidente Quiroga, por su parte, propone «incentivar la apertura de nuevos mercados y la ampliación de los que actualmente se tiene».

Según los analistas locales, el tema dominará las discusiones también durante el próximo gobierno que será instalado el 22 de enero de 2006.

El desafío de los hidrocarburos es una ecuación de difícil solución y, en consecuencia, una peligrosa asignatura pendiente para el próximo gobierno.