Rio de Janeiro (O Estado de S. Paulo, EFE, AFP) - La gobernadora de Rio de Janeiro, Rosinha Matheus, pidió ayer al gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva que autorice la presencia por tiempo indefinido de tropas del Ejército en las calles de esa ciudad. La petición, que no registra precedentes, será definida por Lula y sus colaboradores más cercanos y su eventual confirmación supondría un drástico giro en materia de combate al narcotráfico en Brasil. Matheus dijo que pedirá autorización al gobierno para extender la misión de los militares, cuya presencia en las calles y playas cariocas supuso un capítulo inédito en los 70 años de historia del carnaval más famoso del mundo.
•Amenaza
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El éxito de la fiesta popular, que terminó ayer en la mayor parte del país, fue amenazado por atentados indiscriminados ordenados por los jefes del narcotráfico local, que entre el lunes y jueves de la semana pasada costaron la vida a dos personas y heridas a 17.
Vehículos y establecimientos comerciales abarrotados de gente fueron atacados con bombas caseras y potentes armas de fuego, lo que obligó a la Policía a sacar a todos sus efectivos a las calles y a pedir el refuerzo militar.
El secretario de Seguridad Pública de Rio de Janeiro, Josías Quintal, anunció que hoy habrá una reunión oficial para evaluar los resultados de la operación Rio Seguro, en la que intervino el ejército. Se trata, añadió, de justificar con cifras y detalles consolidados el pedido que la gobernadora del estado debe formalizar en una próxima entrevista con los ministros de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, y de Defensa, José Viegas.
Estos dos autorizaron el jueves último el emplazamiento de 3.000 soldados en las calles de Rio de Janeiro, especialmente en las áreas turísticas. La petición para extender la presencia de las tropas no tendrá plazo definido, anticipó Quintal.
La militarización de la ciudad permitió que el carnaval se desarrollara de un modo normal y que no se repitiera la ola de narcoterrorismo de los días precedentes, pero no impidió que el número de asesinatos creciera 21%, según dijo Quintal. El funcionario reveló que el sábado y el lunes fueron asesinadas 72 personas contra 59 en igual lapso del año anterior.
El secretario de Seguridad Pública de Rio ha defendido desde el comienzo de la nueva crisis la presencia activa del ejército en la vigilancia de áreas que él mismo considera «críticas» y en las que la policía afronta serias dificultades debido al sofisticado nivel de pertrechos que tiene el crimen organizado. Pero el pedido puede quedar sin apoyo, según fuentes del gobierno de Brasilia, que señalan a los ministros de Justicia y Defensa como los principales opositores a involucrar de modo permanente a los militares en problemas de seguridad urbana. De cualquier modo, Lula será quien tenga la última palabra.
•Acusación
Quintal y la gobernadora Matheus acusaron de la ola de atentados al Comando Vermelho (Comando Rojo), la organización de traficantes de drogas y armas más peligrosa en la región y cuyos principales líderes se encuentran en prisión, pero que mantienen intacta su influencia.
El máximo jefe del grupo mafioso, Fernando da Costa, alias «Fernandinho Beira-Mar», fue transferido en forma sorpresiva el jueves del presidio de Bangu I en Rio de Janeiro a la prisión de máxima seguridad en Presidente Bernardes, en el interior del estado de San Pablo.
Según Quintal, Da Costa y sus secuaces se valían de teléfonos móviles para ordenar a sus lugartenientes libres los ataques que provocaron zozobra entre la población.
Con el traslado de Beira-Mar las autoridades consideraron que quedaba desarticulado el poder de mando del Comando Vermelho, pero admitieron su temor a las reacciones que pudiera desatar, especialmente durante el carnaval, el resto de sus militantes que, agrupados en células, se ocultan en varias de las 610 favelas de Rio de Janeiro.
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