Polémico: extraditó Uribe a 14 jefes paramilitares

El principal líder paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso, ayer al ser llevado al avión que lo trasladaría como extraditado a EE.UU. Es el principal testigo en el escándalo por los supuestos lazos entre decenas de legisladores y los escuadrones de la muerte.

Bogotá (Reuters, AFP) - Colombia extraditó ayer sorpresivamente a 14 jefes de los desmovilizados escuadrones paramilitares de ultraderecha a Estados Unidos, donde deberán responder por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.

El gobierno de Alvaro Uribe justificó la decisión en que los extraditados habían incumplido los acuerdos de paz firmados en 2006 y en que seguían delinquiendo desde la cárcel. Sin embargo, opositores y analistas denunciaron que en realidad se busca dejar sin testigos el escándalo de la «parapolítica», que vincula judicialmente a 63 legisladores -la mayoría oficialistas-con dichos escuadrones, a los que se acusa de 9.000 asesinatos y de graves violaciones de los derechos humanos en su lucha ilegal contra las guerrillas izquierdistas. De esos 63 legisladores, 32 ya tienen prisión preventiva.

El ministro del Interior, Carlos Holguín, dijo que los ex comandantes paramilitares fueron trasladados desde las cárceles en que se encontraban confinados hacia el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, donde los esperaban agentes de la DEA (agencia antidrogas norteamericana) que los llevaron a Estados Unidos. En ese país serán juzgados en tribunales de los estados de Florida, Nueva York, Texas y el distrito de Columbia por narcotráfico y apoyo al terrorismo.

«Están allí todos los más significativos capos», precisó Holguín al afirmar que entre los extraditados figuran Salvatore Mancuso -el principal testigo en la «parapolítica»-, Diego Fernando Murillo, Rodrigo Tovar, Hernán Giraldo Serna, Ramiro Vanoy y Juan Carlos Sierra.

Traslado

Los antiguos comandantes paramilitares fueron trasladados en tanquetas de la policía desde las cárceles en donde permanecían hasta aeropuertos locales y subieron a los aviones en los que fueron llevados a Bogotá, esposados y con chalecos antibalas, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Estados Unidos había pedido la extradición de los ex jefes paramilitares bajo cargos de narcotráfico y la Corte Suprema de Justicia de Colombia la había autorizado. Sin embargo, Uribe había congelado las extradiciones con la condición de que cumplieran con los acuerdos de un proceso de paz que permitió que más de 31.000 combatientes paramilitares se desmovilizaran y entregaran las armas.

Colombia extraditó la semana pasada a Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco», el primer ex comandante paramilitar enviado a Washington para responder por acusaciones de narcotráfico.

Los antiguos jefes paramilitares desmovilizados, incluidos los extraditados, permanecían encarcelados y podían recibir entre 5 y 8 años de cárcel con la condición de que confesaran sus delitos e indemnizaran a sus víctimas. Enfrentaban cargos por asesinatos, masacres, secuestros, torturas, desapariciones y narcotráfico.
«Unos seguían reincidiendo en el delito, otros no cooperaban debidamente con la Justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega», justificó la medida Alvaro Uribe durante un mensaje televisado. Además, dijo que su gobierno le pidió a Washington, y que éste aceptó, «que las riquezas que los extraditados entreguen por acuerdos con jueces» estadounidenses se dediquen «a reparar a las víctimas colombianas».

Argumento

Sin embargo, familiares de víctimas de los paramilitares y analistas lamentaron la decisión del gobierno de Uribe de extraditar a la cúpula paramilitar con el argumento de que deja en impunidad crímenes de lesa humanidad y aseguraron que pone fin al proceso de paz con esos grupos armados ilegales.

La analista Claudia López, la principal investigadora del llamado escándalo de la «parapolítica» resaltó que entre los extraditados están los principales testigos de los juicios que se siguen a congresistas y a otros políticos por supuestos vínculos con los escuadrones de ultraderecha.

«Es una decisión muy contundente contra el narcotráfico y es el fin del proceso de paz con los paramilitares y el fin de la parapolítica», opinó López. «Por juzgar al narcotráfico hemos dejado en vilo el juzgamiento del interés primordial de Colombia, que es el derecho de sus víctimas y de los delitos de lesa humanidad», agregó.

En la misma línea se expresó la oposiciónpolítica. «El gobierno está enviando hacia Estados Unidos a los mismos jefes paramilitares que firmaron los acuerdos con los 'parapolíticos'», señaló Rafael Pardo, ex aspirante presidencial del opositor Partido Liberal.

«Si la extradición comienza a ser utilizada con personas que cometieron delitos de lesa humanidad, es una tragedia para Colombia», dijo María Emma Mejía, del izquierdista Polo Democrático.

La Casa Blanca saludó las extradiciones y dijo que constituyen una « señal» de Bogotá para que el Congreso norteamericano ratifique el Tratado de Libre Comercio con Colombia, actualmente frenado por la mayoría demócrata. Dana Perino, portavoz de la Casa Blanca, señaló que «lo más importante que el Congreso puede hacer para la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio, de nuestro vecindario, es aprobar el TLC».