Razones para un gesto calculado

Alvaro Uribe

El mundo vio ayer cómo volvían a la vida Clara Rojas y Consuelo González, corolario feliz -si es que cabe el término- de un calvario que las privó de irrecuperables años de sus vidas. El impacto de esas imágenes es demasiado grande como para sustraerse al optimismo que imperará en los próximos días en torno al destino del resto de los rehenes de las FARC: casi medio centenar de «canjeables» por unos 500 guerrilleros presos y entre 700 y 800 retenidos con el objetivo más llano de sacarles dinero.

Se dirá una y mil veces que, con este gesto, se abre una ventana de oportunidad para negociar más liberaciones. Y es cierto. Pero no hay que olvidar que los terroristas acaban de dar al mundo una muestra gratis de lo mucho que tienen en su poder y que lo cotizarán muy caro en futuras negociaciones.

Ingrid Betancourt, la ex candidata presidencial francocolombiana secuestrada junto a Rojas hace casi seis años, es la rehén de más alto perfil. Por eso mismo su caso será, probablemente, uno de los de más difícil resolución. Los rebeldes saben que ella y los tres estadounidenses que mantiene cautivos son sus mejores cartas para internacionalizar el conflicto colombiano e intentar legitimar su causa en el exterior, al menos ante incautos y simpatizantes no confesos.

Cuando la gestión de Chávez comenzó a esbozarse, allá por setiembre del año pasado, las FARC pidieron a EE.UU. y a la Unión Europea que la retiren de sus listas de grupos terroristas. Ese es otro de los objetivos que buscarán en lo inmediato tras las liberaciones de ayer. ¿Lo lograrán? El saldo del conflicto interno colombiano de más de cuatro décadas, en el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han jugado un rol preponderante, es aterrador: más de 60.000 muertos, 4.000 desaparecidos y unos 3 millones de desplazados.

Además, la violencia endémica fue caldo de cultivo para el surgimiento de nuevos actores, esto es grupos terroristas menores y, finalmente, paramilitares con fuertes lazos con parte del sistema político que decidieron combatirlos con los métodos más sanguinarios. Los narcotraficantes también se sumaron a esa ecuación como financistas de los grupos armados, al punto que analistas hablan ya directamente de las FARC como de una « narcoguerrilla».

Cada uno de los participantes en el conflicto interno de Colombia constituye hoy un paraguas de seguridad para los barones de la cocaína que operan en sus zonas de influencia, y lo lamentable es que ninguno de los dos términos del drama de ese país -guerrilla y narcotráfico- parece pasible de solución sin que se aborde, al mismo tiempo, el otro.

Comete un lamentable error quien atribuya a las FARC algún rasgo romántico. La realidad de los secuestrados -muchos de ellos recluidos en verdaderos campos de concentración-, sus lazos con el narcotráfico y ataques, como el recordado de Bojayá, revelan su verdadera esencia. En este episodio producido el 2 de mayo de 2002, una de las peores matanzas que recuerde Colombia, murieron 119 personas cuando un proyectil de mortero atravesó el techo de una iglesia a la que las víctimas habían acudido a refugiarse de los combates entre las FARC y los « paras».

Referente

Mientras esperaba «las coordenadas» y a un niño rehén que, en realidad, estaba en manos del Estado colombiano, Hugo Chávez hizo el ridículo en el fallido intento de liberación de fin de año. Pero tan cierto como eso es que el bolivariano podrá exhibir ahora el logro de haber forzado la primera liberación que realiza ese grupo de políticos cautivos, algo que lo convierte, le guste o no a Alvaro Uribe, en un referente casi obligado para futuras gestiones. Los terroristas tendrán a así a su interlocutor deseado.

Pero si las idas y vueltas le sirvieron para algo al presiente colombiano, fue para mostrarle al mundo lo poco confiables que son las FARC y, de la mano de esto, para poder reclamarle al mundo un trato más respetuoso. No hay que olvidar que los guerrilleros han declarado la guerra sobre la base de una ideología que acaso ellos mismos ya han olvidado, a un Estado democrático pleno.