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La Organización de Estados Americanos (OEA) apoya la "institucionalidad" y sugiere una salida a la crisis, electoral, constitucional, pacífica y democrática.
El problema que subyace en la declaración de la OEA es que si la salida debe ser "constitucional" los mecanismos aplicables sólo consideran la finalización del mandato de Chávez en 2006, o la figura del referéndum revocatorio, a la mitad de su periodo de gobierno, en agosto de 2003.
Cualquier otra fórmula, como elecciones anticipadas, requeriría de una "enmienda constitucional", larga y engorrosa para la urgencia que reclama la "cada vez más grave situación del país", como señaló hoy el embajador de Estados Unidos en Caracas, Charles Shapiro.
La "lentitud" de los mecanismos constitucionales contrasta también con la obsesión de importantes grupos opositores de querer "sacar" a Chávez de la presidencia antes de que finalice el año.
La "renuncia" de Chávez ofrecería la posibilidad de unas elecciones inmediatas, que esquivarían los obstáculos que impone la "institucionalidad".
Por eso el desenlace de la crisis de PDVSA resulta fundamental para ambos bandos, ya que si la oposición logra detener la industria petrolera nacional y el país se colapsa, el gobierno se hallará en un apostura muy delicada, pese a contar con el respaldo de las fuerzas armadas.
Si por el contrario, el Ejecutivo logra retomar el control de PDVSA será muy difícil que la oposición logre imponer una solución electoral diferente a las que figuran en la Constitución.
Las autoridades petroleras no han precisado el alcance de la paralización, pero han reconocido que "los daños son muy altos" y que las pérdidas diarias pueden superar los 40 millones de dólares.
Según el Gobierno, los gerentes que decidieron detener PDVSA no se limitaron a abandonar sus puestos de trabajo, sino que bloquearon los sistemas informáticos de las plantas, y colapsaron instalaciones claves para el funcionamiento de la industria petroquímica.
La gravedad de la situación llevó al comandante general del Ejército, general Julio García Montoya, a denunciar ayer, lunes, que el intento por detener PDVSA es un "sabotaje contra la principal fuente de riqueza de Venezuela".
El militar aseguró que el "ataque" a PDVSA ha sido "vendido y camuflado" bajo un ropaje de protesta democrática y advirtió que el Ejército, como "garante de los recursos" del país, está "dispuesto a impedir que prospere esa apuesta al colapso económico y social".
PDVSA es el quinto exportador mundial de crudo y genera la mitad de los ingresos ordinarios del presupuesto nacional y el 80 por ciento de las divisas que recibe el país.

