Oficialmente se informó de 9 indígenas muertos, pero desde las comunidades hablan de más víctimas.
El gobierno peruano militarizó la zona de las protestas en el norte de Perú y decretó un toque de queda desde las tres de la tarde, tras las disturbios que dejaron hasta ahora oficialmente 22 policías y 9 nativos muertos, anunció el primer ministro Yehude Simon.
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"(Hemos declarado) el estado de emergencia y el toque de queda a partir de las tres de la tarde hasta la seis de la mañana para evitar que la gente pueda asaltar a la población pacífica de Bagua y Jaén", dijo Simon en conferencia de prensa.
Simon denunció que las protestas "han sido un complot contra la democracia y el gobierno", y señaló que la calma estaba retornando en la zona.
El presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Francisco Contreras, que acompañaba a Simon en la rueda de prensa, señaló que los militares recibieron el encargo del gobierno de mantener el control y el orden público en la zona a partir del sábado y "hasta que retorne la calma".
En tanto, un sangriento rescate de policías que habían sido retenidos por indígenas amazónicos de Perú aumentó el sábado a más de 50 el saldo de personas muertas en una ola de protestas convertida en el mayor desafío al Gobierno neoliberal de Alan García.
El Gobierno dijo que nueve policías murieron en la operación del rescate, con lo que ascendió a 22 el número de uniformados fallecidos desde el viernes, cuando estalló la violencia en una región amazónica a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima.
El recuento oficial señaló además nueve indígenas muertos, unos 150 heridos y 72 detenidos, pero un líder de los grupos alzados en supuesta defensa de sus territorios ricos en recursos naturales dijo que había "más de 30" nativos fallecidos entre el viernes y sábado.
La violencia se desencadenó el viernes, cuando el Gobierno de García intentó romper por la fuerza un bloqueo de carreteras con el que grupos indígenas reforzaron una movilización de varias semanas en demanda de anulación de leyes aprobadas el año pasado para llevar inversiones a zonas ricas en petróleo y gas.
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