Santiago (AFP) - A escasas horas de haber asumido sus funciones, designada por la nueva presidenta chilena Michelle Bachelet, la gobernadora de la provincia de Cautín, Solange Chesta, renunció ayer a su cargo, envuelta en acusaciones que la vinculan a la dictadura de Augusto Pinochet.
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Chesta anunció en conferencia de prensa que cuando concluya una investigación, que inició el Ministerio del Interior para aclarar estas acusaciones, tomará «la decisión de dar un paso al lado».
Es una «decisión que, como debe ser, comunicaré a la señora presidenta de la República», sostuvo.
La gobernadora provincial, que dejó en manos de las autoridades la aceptación o el rechazo de su renuncia, se manifestó convencida de que la investigación demostrará que no estuvo vinculada a crímenes atribuidos al régimen de Pinochet (1973-1990).
• Sin vínculos
«No hay nada que me vincule a hechos relacionados con atentados o violaciones a los derechos humanos», dijo Chesta, hablando ante los periodistas en la ciudad de Temuco, al sur de Santiago.
El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, declaró que si la investigación en marcha demuestra que la gobernadora participó en violaciones a los derechos humanos, «no se dará curso» a su nombramiento.
La cuestionada funcionaria admitió, no obstante, que fue miembro de la Unión Demócrata Independiente (UDI), la fracción conservadora de la derecha que apoyó a la dictadura.
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