Un informe denuncia que hay un récord de islamofobia en EEUU por las políticas de Donald Trump

Según el escrito, solo en 2025 se registraron casi 9.000 denuncias. Además se potenciaron la discriminación laboral y los incidentes de odio.

Las políticas de Trump potencian la islamofobia, según un informe.

Un informe del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR) advirtió que Estados Unidos registró en 2025 el mayor número de denuncias por islamofobia desde que comenzaron a recopilarse datos en 1996, y vinculó el aumento con las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, especialmente las medidas contra la inmigración y las protestas a favor de Palestina.

Según la organización, durante 2025 se registraron 8.683 denuncias de discriminación o ataques contra musulmanes y árabes, superando las 8.658 reportadas en 2024.

El informe señala que los casos denunciados incluyeron distintos tipos de discriminación, entre ellos:

• Discriminación laboral (12,7% de los casos).

• Problemas vinculados a inmigración y asilo (6,5%).

• Incidentes de odio (6,4%).

• Discriminación en viajes, como controles especiales o inclusión en listas de vigilancia (5,6%).

Los defensores de derechos civiles sostienen que el aumento de estos episodios se relaciona con diversos factores históricos y políticos, entre ellos los efectos posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001, el crecimiento de discursos antiinmigración, la supremacía blanca y las tensiones derivadas de la guerra entre Israel y Gaza.

La islamofobia se potenció en el último año.

BBC

Críticas a las políticas migratorias

El informe también cuestionó las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump en materia migratoria. El presidente estadounidense rechaza las acusaciones de discriminación y sostiene que sus políticas buscan combatir la inmigración ilegal y reforzar la seguridad nacional.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que estas políticas pueden violar garantías de debido proceso y generar un clima hostil hacia determinadas comunidades.

Según CAIR, el gobierno apuntó particularmente contra la comunidad somalí-estadounidense de Minnesota, mayoritariamente musulmana, a la que el mandatario acusó públicamente de fraude y calificó de “basura”.

La filial de la organización en Minnesota informó 693 denuncias en 2025, frente a 353 registradas el año anterior.

El informe también señaló un aumento de tensiones contra inmigrantes afganos, luego de que un ciudadano de ese país fuera acusado de disparar contra dos soldados de la Guardia Nacional en Washington en noviembre.

Tensiones por las protestas propalestinas

Otro punto señalado por el informe es la respuesta del gobierno frente a las protestas propalestinas realizadas en universidades y espacios públicos.

La administración de Trump afirmó que muchos de estos manifestantes promueven posiciones antisemitas o simpatizan con grupos extremistas.

En ese contexto, el gobierno impulsó medidas como intentos de deportar manifestantes extranjeros, amenazas de retirar financiamiento federal a universidades donde se realizaron protestas, y controles más estrictos sobre comentarios en redes sociales de inmigrantes.

Los organizadores de las protestas, incluidos algunos grupos judíos, sostienen que estas medidas confunden las críticas a las acciones militares de Israel en Gaza con antisemitismo.

“El gobierno de Trump ha tachado a cualquiera que tenga opiniones propalestinas de intrínsecamente amenazante”, afirmó CAIR.

Casos de deportación y controversias legales

Entre los casos mencionados por el informe se encuentran los intentos de deportación de Mahmoud Khalil, que permaneció detenido durante meses mientras su esposa estaba embarazada, y de Leqaa Kordia, quien perdió a más de 170 familiares en Gaza y sufrió un ataque epiléptico durante su detención.

La organización expresó preocupación por el impacto de estas medidas sobre la libertad de expresión, el debido proceso y la libertad académica.

Varias de estas políticas enfrentaron impugnaciones judiciales.

Además, los gobernadores republicanos de Florida y Texas firmaron órdenes que designan a CAIR como una organización “terrorista”.

La entidad presentó demandas contra esas decisiones, y un juez federal bloqueó la orden emitida en Florida, mientras continúan las disputas legales sobre el tema.