Un muerto y toque de queda por megaestafa en Colombia

Efectivos de seguridad protegen la puerta de una financiera involucrada en un fraude de tipo "piramidal" en la ciudad colombiana de Popayán. Miles de personas estafadas protagonizan desde el miércoles violentos disturbios en varias ciudades.

Bogotá (EFE, ANSA, AFP) --Al menos un muerto y varias ciudades colombianas bajo toque de queda constituyen el primer balance de los desórdenes provocados por miles de ahorristas estafados, que reclaman sumas millonarias a las empresas denominadas «pirámides».

Los requerimientos de los afectados, que soñaron con ver crecer sus ahorros hasta en 300%, aceleraron el desplome de estas «pirámides financieras» en menos de dos días.

Medios colombianos calculan en más de 850 millones de dólares los fondos robados, una buena parte perteneciente a los estratos más bajos de la población colombiana.

Entre el miércoles y ayer, más de 30 empresas de ese tipo quebraron y las autoridades intervinieron 66 sucursales de sólo una de ellas: « Proyecciones DRFE (Dinero Rápido, Fácil y Efectivo)».

Sospecha

El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, hizo pública su sospecha de que detrás puede haber lavado de dinero, y por ello pidió a las autoridades y a la Fiscalía que aceleren las investigaciones sobre supuesta captación masiva de dinero ilegal y enriquecimiento ilícito en algunas de estas «pirámides».

Estos esquemas fraudulentos, conocidos en todo el mundo, se basan en la captación de fondos de ahorristas a los que se les prometen impresionantes tasas de interés. El esquema funciona mientras más y más personas depositan sus fondos atraídos por la promesa de ganancia. Pero en un momento dado, las empresas se declaran en quiebra por no poder seguir pagando semejantes retornos y el dinero desaparece.

El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, confirmó que el gobierno ha pedido al departamento antidrogas de Estados Unidos (DEA) que investigue el origen del capital de algunas de esas firmas para determinar si han recibido dinero procedente del narcotráfico. Se refirió en concreto al Grupo DMG (David Murcia Guzmán), una de las más grandes receptoras de ahorros, de la que Zuluaga dijo que ya está siendo investigada por la DEA en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y su propio despacho.

Ante esta situación, miles de iracundos ahorristas saquean desde el miércoles sucursales de estas empresas y en algunos casos han desvalijado sus cajas fuertes, lo que ha generado una situación de gran caos en varias ciudades colombianas.

Ayer fue asesinado el defensor del pueblo de la localidad de Buesaco, en el departamento de Nariño, al suroeste del país y unos 700 kilómetros de Bogotá, cuando fue confundido con un empleado de DRFE, informó a la prensa el secretario de Gobierno de ese departamento, Fabio Trujillo. Se trata de Bayron Santander, un abogado de 26 años, quien murió de un disparo tras abandonar las instalaciones de una de esas empresas, donde había levantado actas e inventariado los activos.

Santander debió abandonar las instalaciones por una puerta trasera, dado que la principal estaba ocupada por una multitud apostada en la calle, y fue allí donde lo mataron.

«Fue asesinado vilmente. El hizo los arqueos de dinero según orden de la resolución de la Superintendencia y junto a otros funcionarios, evacuaron la oficina por otra puerta, por miedo a la muchedumbre», relató Trujillo.

Para hacer frente al caos, las autoridades de al menos cinco ciudades, entre ellas Popayán y Pasto, capitales departamentales de Cauca y Nariño, respectivamente, ordenaron el toque de queda para controlar a los ahorristas y evitar mayores disturbios. La medida fue adoptada después de los saqueos, motines, destrozos y enfrentamientos con la policía que se registran desde el miércoles.

Miles de personas seguían ayer agolpadas frente a las oficinas de las firmas de captación ilegal de fondos repartidas por todo el país con la intención de recuperar su dinero, el cual, según dicen, fue obtenido con la venta de sus casas, enseres y vehículos.

Temor

Centenares de ahorristas pernoctaron frente a la sucursal de DRFE en el municipio de Florida, sudoeste, en la que 18 funcionarios de la sede clamaron a través de emisoras de radio para que las autoridades los protegieran ante el temor de un linchamiento.

La Superintendencia colombiana ordenó a esa firma devolver unos 200 millones de dólares, mientras el gobierno anunciaba el cierre de algunas empresas y la detención de varios de sus ejecutivos.

El presidente Uribe hizo el miércoles a la noche un llamamiento a la población para que no arriesgue su dinero, al alertar que esas pirámides «son finalmente esquemas de estafa» para los ahorristas.