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José L. Rodríguez Zapatero
El gobierno de Venezuela aprobó en octubre de 2001 una nueva Ley de Tierras y en base a ésta y a otros decretos, está llevando a cabo una política de rescate de tierras que considera públicas, pese a las protestas de la oposición que considera que afecta seriamente la propiedad privada.
Por su parte, el vocero de la Embajada de Venezuela en España, Alfredo Rojas, negó las acusaciones del PP y afirmó que «son 11 los casos de ciudadanos españoles afectados por la aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo Rural en la zona de Yaracuy». Según explicó Rojas, en estos momentos «se están realizando cálculos sobre las obras e infraestructura que los españoles hicieron en estas tierras, para pagar las indemnizaciones».
De cualquier manera, el vocero de la embajada aclaró que las propiedades de españoles están siendo afectadas por «falta de titularidad de la propiedad» y no por ser «latifundios» improductivos.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales español, Jesús Caldera, se encuentra de visita en Caracas, donde dialogará con los responsables del Instituto Nacional de Tierras Venezolano para tratar el asunto. Además, el embajador español en Caracas, Raúl Morodo, «está trabajando juntamente con el gobierno venezolano para garantizar los derechos de los españoles afectados, en el marco legal de nuestro país», agregó Rojas.




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