Vicentin en tiempo de descuento: Grassi y Cargill lanzan la primera oferta en el cramdown

El plan del grupo rosarino busca continuidad operativa, premiar con mejores recuperos a quienes aporten granos y evitar la quiebra.

Vicentin entró en default en diciembe de 2019 con deudas superiores a los u$s1.500 millones. 

El proceso de cramdown de Vicentin entró en su fase decisiva. Tras cinco años de default y un concurso que se convirtió en el más grande de la historia privada argentina, el juez concursal Fabián Lorenzini dictó una resolución clave: las acciones de la compañía no poseen valor positivo, lo que significa que los actuales accionistas no tienen posibilidad de recupero. Con esta definición se abrió el período de concurrencia, en el que los interesados deberán seducir a los acreedores con sus propuestas antes del 31 de octubre, fecha límite para evitar la quiebra.

En este escenario, Grassi S.A. dio el primer paso y presentó una propuesta formal, respaldada en un entendimiento con la multinacional estadounidense Cargill, que se posiciona como socio estratégico para sostener la operación. El plan busca atraer a los más de 1.600 acreedores con un menú de alternativas que combina recupero integral de deudas y continuidad industrial, con promesas de beneficios inéditos en la historia concursal local.

Una propuesta tentadora

El esquema de Grassi se articula sobre tres ejes centrales. El primero es la conversión de todas las deudas en pesos a dólares, tomando como referencia el tipo de cambio de $60,78 vigente al momento de la presentación concursal en febrero de 2020. El segundo es la conformación de una única categoría de acreedores, sin distinciones jerárquicas, lo que les permite elegir libremente entre distintas modalidades de recupero. El tercero, y más atractivo para quienes deseen acompañar la continuidad de la empresa, es la posibilidad de recuperar hasta la totalidad de lo adeudado, e incluso alcanzar beneficios superiores, si se comprometen a abastecer granos o aportar financiamiento.

La propuesta se apoya en el rol estratégico que pueden jugar los acreedores transformados en proveedores. En el caso del abastecimiento directo de soja, por ejemplo, se ofrece un recupero de hasta el 200% del crédito convertido a dólares, con cupos máximos de 3,5 millones de toneladas anuales durante una década. Para aquellos que no puedan cumplir con el volumen requerido, se prevé la creación de fideicomisos de apoyo, que permitirían alcanzar recuperos de entre el 80% y el 120%. También se abre la posibilidad de anticipos financieros de hasta u$s25.000 por acreedor, con un recupero del 140% del crédito original.

El plan no se limita al aporte en granos. Los acreedores que prefieran un esquema de cobro en dinero encontrarán alternativas de pagos en plazos de diez años, con recuperos que oscilan entre el 30% y el 40% del monto reconocido, o bien la opción de cobros inmediatos que representan entre el 9% y el 11% del crédito, aunque con cupos limitados a tres millones de dólares. Además, se habilita la posibilidad de capitalizar hasta un 30% del capital social de la compañía mediante un canje de créditos por acciones, bajo un fideicomiso con derecho de recompra por parte de Grassi.

Con este menú, la corredora rosarina intenta construir un puente entre el interés de los acreedores por maximizar su recupero y la necesidad de la empresa de recomponer su flujo operativo. “El objetivo es reconocer y recompensar a quienes apuesten por la continuidad de la compañía”, señalaron desde la firma, que además habilitó una plataforma online para que cada acreedor pueda simular sus alternativas de cobro.

Un tablero con gigantes en pugna

La jugada de Grassi no ocurre en un terreno vacío. En carrera también están Bunge (a través de Viterra y en alianza con la Asociación de Cooperativas Argentinas), y el frente conformado por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC). Todos actores de peso en el negocio global de granos, con espalda financiera y activos estratégicos en la Argentina.

El atractivo no está en las acciones –que, como confirmó la Justicia, carecen de valor económico– sino en el control de plantas y terminales portuarias que son clave para el comercio exterior argentino. Vicentin tiene instalaciones en Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, hoy operando bajo contratos de fasón y con problemas técnicos que restringen su capacidad. El gremio aceitero advirtió que, sin reparaciones urgentes, el girasol solo podría procesarse hasta noviembre y la soja hasta febrero de 2026.

De este modo, el futuro dueño deberá invertir en la reactivación industrial y garantizar la continuidad laboral, en una compañía que llegó a ser emblema del agro nacional antes del default de 2019, cuando estalló con un pasivo superior a los u$s1.500 millones.

Carrera contra el tiempo

El juez Lorenzini fijó reglas claras: para prosperar, una propuesta debe alcanzar el 50% de adhesiones de los acreedores y dos tercios del capital, antes del 31 de octubre. El 24 de ese mes se realizará una audiencia informativa en Reconquista, donde se medirá la temperatura del proceso.

Si ninguna iniciativa logra las mayorías, la alternativa será la quiebra, un desenlace que no solo pondría fin a la historia de la empresa santafesina, sino que también impactaría en la estructura del negocio agroexportador argentino.

Con el apoyo explícito del Fideicomiso Acreedores Granarios –que agrupa a más de 70 empresas productivas–, la propuesta de Grassi y Cargill arranca con un respaldo clave. Pero la pulseada recién comienza y promete convertirse en una lucha de titanes por activos estratégicos, donde el desenlace definirá mucho más que el futuro de Vicentin: marcará un nuevo equilibrio en el mapa del comercio de granos en la Argentina.