Ingresos Brutos "adicional" para actividades portuarias en provincia de Buenos Aires

Novedades Fiscales

Es una novedosa creación tributaria que consiste en un "incremento" con carácter de extraordinario del Impuesto a los Ingresos Brutos, limitado en su aplicación al ejercicio fiscal 2020 para ciertas actividades desarrolladas en los puertos bonaerenses. Dicho adicional grava con un importe fijo por volumen operado por tonelada de mercadería.

La Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires N° 15.170 se publicó en el Boletín Oficial el 10 de enero de 2020.

En su Art. 100 se establece una novedosa creación tributaria que consiste en un “incremento” con carácter de extraordinario del Impuesto a los Ingresos Brutos, limitado en su aplicación al ejercicio fiscal 2020 para ciertas actividades desarrolladas en los puertos de la Provincia de Buenos Aires.

Dicho adicional grava con un importe fijo por volumen operado por tonelada de mercadería en puertos de la Provincia de Buenos Aires, cuando se trata de carga, descarga y removido, para todo tipo de mercadería importada o exportada. Existen algunas excepciones como las mercaderías en tránsito, arena, piedra y otros productos áridos y mercadería vinculada con la actividad pesquera.

1| Forma híbrida de determinación

El impuesto adicional debe ser determinado mensualmente y adicionado al Impuesto a los Ingresos brutos determinado en forma normal, por los sujetos que realicen alguna de las 13 actividades comprendidas en el nomenclador NAIBB que la norma detalla.

La aplicación de este incremento extraordinario corresponderá a las actividades comprendidas en los códigos 521020, 522010, 522020, 522092, 522099, 524210, 524290, 523011, 523019, 523031, 523032, 523039, 523090 del Nomenclador de Actividades del impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB18) aprobado por la Resolución Normativa N° 38/17 y modificatorias.

De ese modo, se establece para dichas actividades una forma híbrida de determinación del impuesto que consiste en: 1) la aplicación de la alícuota que la ley impositiva ya prevé para los ingresos provenientes de esa actividad (liquidación normal) y 2) adicionar un importe fijo por tonelada o fracción superior a 500 kilogramos de $47 para la mercadería cargada en buques durante el mes, $39 para la mercadería descargada, y $23 por la mercadería removida.

Esta norma estuvo varios meses sin ser reglamentada. Finalmente el 9/6/20 se publicó la Resolución Normativa 31/20. En forma sintética podemos decir que esta norma establece lo siguiente:

Define los sujetos del impuesto adicional (quienes exploten terminales portuarias, consorcios de gestión, titulares de puertos, etc.)

Crea un régimen especial de recaudación, estableciendo a partir del 1-9-20 una “percepción” que alcanza al 100% de los importes establecidos del impuesto adicional. Se incluyen a los propios agentes e recaudación, en la medida en que realicen la misma actividad. En estos casos deberán “autopercibirse” el gravamen, el que posteriormente incorporarán a las declaraciones juradas que presenten ante ARBA o SIFERE.

Establece un régimen de información para estos sujetos.

Define exclusiones, especifica códigos de productos, y establece los vencimientos para los agentes de recaudación.

Los agentes de recaudación comenzaron a actuar bajo este régimen a partir del 1 de septiembre de 2020, debiendo previamente identificarse como tales en el sitio web de la ARBA.

Llamativamente la norma nada dispone para las operaciones realizadas entre enero de 2019 y la fecha de publicación de la RN 31/20, dejando a los sujetos obligados en un estado de indefinición y eventual mora por la falta de ingreso del adicional. Resulta claro que los sujetos involucrados se han visto impedidos de dar cumplimiento al nuevo impuesto por la ausencia de normas reglamentarias, y por la falta de adecuación de los aplicativos para la generación de las declaraciones juradas.

Recién a partir de septiembre de 2020 ARBA procedió a la adecuación de los sistemas de generación de la DJ del Impuesto de contribuyentes directos y del convenio multilateral, mediante un “parche” en la pestaña de determinación de las bases normales sobre ingresos y alícuotas los importes que corresponden al impuesto adicional.

2| Encuadramiento tributario

Si la supuesta complementariedad de este “incremento extraordinario” con el Impuesto a los Ingresos Brutos resultara procedente, debería entenderse que este nuevo tributo participa del mismo hecho imponible y la determinación de su base imponible, lo que evidentemente no es así.

En efecto, este adicional parece adosado al impuesto como una “tasa”, afectando la estructura del tributo afectando y/o vulnerando un elemento típico de su caracterización tributaria, cual es la proporcionalidad. Esta se pierde al incorporarse al impuesto “normal” que surge de aplicar la tasa respectiva sobre los ingresos brutos, un valor fijo por tonelada operada.

De este modo, parece haberse establecido una tasa por servicios que grava a los sujetos que realicen las actividades indicadas, cuya base de determinación es el volumen operado en toneladas en los puertos bonaerenses durante un período determinado y que deviene en la obligación de abonar un importe diferenciado en función del volumen operado en el puerto respectivo.

Esta asimilación del nuevo “adicional” a un tasa surgiría de la misma definición de dicho instituto tributario según la doctrina: “tasa es la contraprestación en dinero que pagan los particulares, el estado u otros entes de derecho público en retribución de un servicio público determinado y divisible”(García Belsunce), o “tasa es la prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado, en virtud de una ley, por la realización de una actividad, que afecta especialmente al obligado siendo de notar al respecto, que la última parte del concepto no significa que la actividad estatal debe traducirse necesariamente en una ventaja o beneficio individual, sino tan solo que debe guardar cierta relación con el sujeto de la obligación por cualquier circunstancia que lo vincule jurídicamente con el servicio público instituido” (Giuliani Fonrouge.

De lo expuesto podríamos concluir que la novedosa creación provincial participa del concepto de “tasa” y no de impuesto.

Asimismo, debe también analizarse si este “incremento” (alícuota sobre ingresos más importe fijo por volumen operado) puede llegar a transformar el gravamen en confiscatorio, y si no se están afectando los principios de equidad e igualdad de las cargas públicas.

Otra cuestión relevante es la aplicación del impuesto adicional para quienes realicen más de una actividad de las identificadas como gravadas. Al formular la declaración de ingresos de cada uno de los diferentes códigos a los que corresponde la asignación de los ingresos y a cada alícuota corresponderá también, adicionar el impuesto a cada una de ellas en forma separada. De esta forma se duplicaría o triplicaría dicho adicional en función de las actividades diferenciadas para un mismo contribuyente.

Es así que el pago de los importes fijos de la operatoria tantas veces como actividades haya declarado, multiplica exponencialmente el efecto del impuesto en cabeza de cada contribuyente. Tratándose de una tasa (como entendemos que lo es) la situación se agravaría por la percepción de un servicio que prestado una vez, se percibe en forma reiterada.

En estos casos existiría una múltiple imposición que violaría el principio de igualdad, y también una clara desproporcionalidad en la carga tributaria soportada.

3| Se suma un nuevo costo

El impuesto adicional será una nuevo costo para los exportadores e importadores de bienes.

Debe tenerse presente que gravar la carga o descarga de productos que se exporten, dada la imposibilidad del traslado del impuesto al comprador del exterior, implica que la incidencia recaerá en el precio de la mercadería que el exportador le pague al vendedor (ej. Productor).

Es decir que en la práctica el incremento extraordinario operará como una detracción sobre dicho precio, de manera similar a lo que ocurre con los derechos de exportación de carácter nacional (retenciones).

En el caso del impuesto que grava la descarga, el mismo incidiría sobre el precio que el comprador del producto importado le pague al importador, quien, obviamente, procederá a incrementar sus costos en la medida del impacto de la carga tributaria que le genera esta nueva obligación.

¿Se trata de un derecho de exportación e importación local?.

La realidad económica del nuevo impuesto evidencia que estamos frente a un nuevo gravamen a las exportaciones e importaciones, en este caso, de carácter provincial. Más allá de su cuestionable legitimidad, el mismo desalienta la expansión de las actividades indicadas. Esto dado que impactaría directamente en el acrecentamiento de los precios de bienes y servicios relacionados con la exportación e importación de bienes, cuando tales actividades se desarrollen en puertos ubicados en la Provincia de Buenos Aires.

Teniendo en consideración que el artículo 2° de la Resolución Normativa 31/20 establece (modificando el alcance del Art. 100 de la ley) que el adicional de impuesto se abona cuando la mercadería tenga destino de importación o exportación, nos encontraríamos entonces ante un nuevo gravamen a las exportaciones e importaciones, en este caso de carácter provincial.

Es decir que se estaría gravando el destino ulterior de la mercadería más allá del servicio prestado. Dicha caracterización ya ha generado reclamos de algunos contribuyentes afectados, los que han denunciado la creación indirecta de aduanas portuarias en la Provincia de Buenos Aires vía planteo de inconstitucionalidad.

4| Constitución y tributos

Debe recordarse que el Artículo 4° de la Constitución Nacional establece como de competencia exclusiva del Congreso de la Nación la imposición de tributos que recaigan sobre la importación y exportación de bienes, por lo que las provincias carecen de facultades para imponer gravámenes de esta naturaleza (en ese mismo sentido se expresa Martín Quirán(1).)

Más allá de su cuestionable legitimidad, el “incremento extraordinario” afecta el desarrollo y desincentiva la expansión de las actividades indicadas, impactando como un acrecentamiento de los precios de bienes y servicios producidos en el país, que ingresen o se exporten desde la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de un costo impositivo más, siendo la posible confiscatoriedad también motivo de su posible impugnación en nuevos planteos judiciales

El sector agropecuario: uno de los más perjudicados.

Las exportaciones de granos (cereales y oleaginosos) pagarán el impuesto adicional por tonelada cargada en los puertos provinciales. Por lo tanto, los productores agropecuarios verán disminuidos sus precios de mercado por la traslación (hacia atrás) del impuesto, que les pagará el exportador como un menor precio de compra de sus granos.

A su vez, verán aumentados sus costos por los insumos importados utilizados en la producción (agroquímicos y fertilizantes) que los importadores les trasladen por esta nueva gabela, la que incrementará el costo de descarga en los puertos en los que operan.

El “incremento extraordinario” puede entonces conllevar un desincentivo a la producción, yendo a contramano de lo recomendado por la doctrina tributaria y económica, ya que parece haberse priorizado exclusivamente el logro de una mayor recaudación.

(*) Contador Público (UBA). Especialista en Tributación (UBA.) Consultor tributario independiente.

(**) Contador Público. Especialista en temas agropecuarios. Integrante del “ESTUDIO CIANCAGLINI”.

1) Martín Quirán, Germán. Gravabilidad de cargas, descargas y removidos en provincia de Buenos Aires. Práctica Profesional 2020-LXXIX, 67

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