Ofrecen $20 millones por datos del exintegrante de las Brigadas Rojas que se fugó de su domiciliaria en San Telmo

Leonardo Bertulazzi, de 74 años, escapó el martes del departamento donde esperaba su extradición a Italia, donde fue condenado a 27 años de prisión por secuestro y participación en banda armada con fines de terrorismo.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita encontrar y capturar a Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de la organización armada italiana Brigadas Rojas que se fugó del departamento porteño donde cumplía arresto domiciliario mientras esperaba ser extraditado. Así lo dispuso la Resolución 1168/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Alejandra Monteoliva.

La medida llegó a pedido del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de María Romilda Servini de Cubría, que tramita la causa de extradición desde 2002. Mediante un oficio librado el lunes con carácter “muy urgente”, la jueza solicitó fijar la recompensa y ordenó ese mismo día la captura del italiano, nacido en Verona, cuyo último domicilio registrado está en Defensa 649, quinto piso, departamento H.

La resolución entró en vigencia en el momento en que fue firmada. Quienes tengan datos pueden llamar a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, y el Ministerio garantiza la reserva de la identidad del aportante. La jueza también autorizó a difundir imágenes del prófugo en los medios para facilitar su localización.

De acuerdo con la norma, Bertulazzi debe cumplir en Italia una pena unificada de 27 años de prisión que surge de dos sentencias firmes. Una, dictada en 1985 por la Corte d’Assise de Milán, lo condenó por participación en banda armada con fines de terrorismo y subversión del orden democrático, tenencia de armas y explosivos, incendio e incitación a formar asociaciones terroristas. La otra, de la Corte d’Assise d’Appello de Génova, corresponde a secuestro agravado de personas y robo agravado continuado.

“La gravedad de los delitos” y “su vinculación con hechos de terrorismo” justifican, según el Gobierno, buscar información de manera urgente para hacer efectiva la extradición.

Una fuga con arnés

Bertulazzi escapó el martes del departamento de San Telmo donde cumplía la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y custodia de la Policía Federal Argentina. Según trascendió, se descolgó con un arnés desde el balcón del quinto piso hasta un terreno baldío lindero, y la fuga se descubrió durante el cambio de guardia de los efectivos que vigilaban el lugar. Los investigadores habían pedido que fuera trasladado a una cárcel hasta completar los trámites de la entrega, pero la Justicia mantuvo el arresto domiciliario.

La fuga se produjo cuando ya se preparaba su entrega a Italia. Su abogado, Rodolfo Yanzón, confirmó a la agencia ANSA que la Justicia había rechazado el último recurso contra la extradición, planteado por razones de salud, y que Interpol estaba lista para trasladarlo. El letrado contó que el viernes 6 de noviembre Bertulazzi se había hecho un estudio en el centro de epilepsia del Hospital Ramón Mejía, donde le indicaron un tratamiento de dos meses y le programaron un electroencefalograma para el 27 de noviembre.

Dos décadas de refugio

Bertulazzi integró la columna genovesa de las Brigadas Rojas a fines de los años 70. La condena por secuestro corresponde al caso del naviero Piero Costa, capturado en Génova en enero de 1977 y liberado tras 81 días de cautiverio y el pago de un rescate millonario. Se fue de Italia en 1980 y recorrió América latina durante dos décadas.

Fue detenido en Buenos Aires por primera vez en 2002, cuando usaba el pasaporte de su hermano Alberto con su propia foto. Servini lo liberó ocho meses después, porque la ley argentina no permitía extraditar a personas condenadas en ausencia, y en 2004 la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) le otorgó el estatus de refugiado.

El escenario cambió en agosto de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei le quitó esa condición y la Policía Federal lo detuvo en su casa, en una operación que celebró públicamente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. En ese momento, el Gobierno lo vinculó con el secuestro y crimen de Aldo Moro, algo que su defensa siempre rechazó. En noviembre de ese año, la Cámara Federal de Casación ordenó liberarlo, pero en julio de 2025 la Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmó la extradición y dejó la última palabra al Poder Ejecutivo.