Acuerdo con EEUU: recursos naturales hipotecados para sostener un tipo de cambio intervenido

El acuerdo con Washington busca frenar la inflación hasta las elecciones, pero profundiza el endeudamiento externo y acelera un modelo extractivo que aumenta la deuda ecológica y vulnera derechos humanos.

Javier Milei junto al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Por Matías Cena Trebucq.-

En Argentina se repite una historia conocida. El Gobierno recurrió este año nuevamente al endeudamiento externo en dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, ahora, frente a la vulnerabilidad de su plan económico —la imposibilidad de acumular reservas mientras se dispara el tipo de cambio— busca un acuerdo de 20 mil millones de dólares con el Tesoro de Estados Unidos.

El objetivo es llegar a las elecciones con un tipo de cambio intervenido para contener la inflación en la previa de los comicios nacionales de medio término, que se realizarán el próximo 26 de octubre. Estos créditos se presentan como un blindaje del plan económico y han sido celebrados incluso por Kristalina Georgieva, ex directora del Banco Mundial y actual directora del FMI. En realidad, su principal interés es garantizar que Argentina cuente con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos de pago al propio organismo.

Lo que se presenta como blindaje es, en los hechos, una nueva trampa: la deuda financiera limita la soberanía económica y conduce inevitablemente a una mayor deuda ecológica en su intento de generar divisas de la manera más rápida posible para cubrir con las obligaciones financieras.

Argentina no puede emitir dólares. Para afrontar los compromisos con los acreedores, las opciones son limitadas: volver a endeudarse —como sucede en esta oportunidad— o aumentar las exportaciones. Pero el margen de endeudamiento no es infinito, cuando esta opción se agote la alternativa que queda y que se ha utilizado históricamente en la Argentina es fomentar el sector exportador.

Como el aumento de productividad no ocurre en el corto plazo, lo que históricamente se ha promovido en Argentina es la devaluación del peso para estimular a los sectores exportadores. Pero este mecanismo tiene efectos regresivos: encarece el costo de vida de la población mientras favorece los ingresos de un sector reducido, incluso cuando estos concentran incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros en sectores primarios como los otorgados a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

En la práctica, esto significa profundizar un modelo de reprimarización, orientado a actividades extractivas, basado principalmente en tres sectores que en 2024 aportaron el 77,4% de las divisas: el agro, la minería y los hidrocarburos. Estos sectores comparten una característica central: generan pocos empleos en comparación a otros sectores como la industria, aportan bajo valor agregado y producen graves impactos socioambientales que se traducen en vulneraciones de derechos humanos y un aumento de la deuda ecológica.

En el sector agropecuario, la exportación de soja implica un enorme consumo de agua virtual y nutrientes, expansión de la frontera agrícola con deforestación y desplazamiento de comunidades, y el uso masivo de agroquímicos que contaminan y afectan la salud rural. La minería, ya sea de litio u oro, demanda gran cantidad de agua y energía en zonas áridas, compromete el acceso al agua, contamina ríos con metales y químicos, y desplaza actividades tradicionales bajo el discurso de la transición energética. La explotación hidrocarburífera utiliza millones de litros de agua por pozo con riesgo de contaminación, genera residuos, sismos y emisiones que profundizan la crisis climática, vulnerando derechos humanos básicos como el acceso al agua, la salud y a un ambiente sano.

Sobre la emisión de gases de efecto invernadero tanto en el sector agropecuario como en el sector fósil se debe alertar sobre las emisiones de metano. Un gas mucho más potente en cuanto al impacto en el cambio climático, pero también es precursor del ozono troposférico, generador de enfermedades respiratorias y diferentes variantes de cáncer. Incluso, en su reacción con la radiación solar disminuye el rendimiento de varios cultivos.

El endeudamiento externo opera como una condicionalidad estructural que obliga a expandir la frontera extractiva: más soja, más litio, más gas y más petróleo. En esta dinámica, la deuda financiera alimenta la deuda ecológica, y ambas recaen sobre los mismos sectores: los territorios y las comunidades que ven sus derechos vulnerados para obtener dólares destinados al pago de los acreedores.

Es importante comprender que estos daños que se generan no son “externalidades negativas”, sino el núcleo de un modelo que mercantiliza la naturaleza. La deuda ecológica no se liquida con vencimientos: se transmite de generación en generación, y deja ecosistemas y derechos vulnerados de manera irreparable. La deuda ecológica no prescribe ni se cancela: permanece inscrita en suelos erosionados, aguas contaminadas, territorios despojados y cuerpos enfermos.

Hablar de blindaje económico es un engaño. Lo que se blinda son los intereses de los acreedores, mientras se desprotegen derechos humanos fundamentales y se destruyen ecosistemas en nuestro país. No habrá estabilidad financiera posible hipotecando agua, suelos, bosques, clima y salud.

Economista del área de Investigación de FARN