La clase media de la Ciudad, los nuevos desposeídos

Opiniones

La construcción de viviendas es responsabilidad de cada distrito, como también lo es la implementación de políticas de regulación de los alquileres.

Las políticas de exclusión que lleva adelante el macrismo en la Ciudad desde hace más de una década están provocando una modificación silenciosa pero profunda en la estructura de la Ciudad. En los últimos años, se ha consolidado una preocupante tendencia: la propiedad de la vivienda es cada vez más un privilegio de pocos.

Según el relevamiento del año 2018 sobre el régimen de tenencia de la vivienda realizado por el GCBA, en los últimos 14 años, la proporción de hogares inquilinos creció 11 puntos (pasó de 23,9% en 2003 a 35,1% en 2017) y los hogares propietarios han decrecido en casi iguales proporciones (64,4% en 2001 y 52,2% en 2017). Cabe destacar que la población de la Ciudad se mantiene estable desde hace décadas en casi 3 millones de habitantes.

El número es elocuente: durante la crisis de 2001, los porteños teníamos mayor seguridad habitacional que ahora. El proceso que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires es el de la “valorización inmobiliaria”. ¿Qué significa? Que la tierra y las propiedades cada vez valen más en dólares, a la vez que la velocidad de ese aumento supera a la del salario, por lo que se necesitan cada vez más años de un sueldo promedio para lograr acceder a una vivienda. Así, mientras el sueño de la casa propia se aleja, la alternativa de alquilar se hace cada vez más costosa. El alquiler promedio de un monoambiente en la Ciudad es hoy de 26.000 pesos (más que un salario mínimo, vital y móvil) y representa entre el 30% y el 40% de un sueldo promedio.

¿De quién es la responsabilidad?

El derecho a la vivienda, como es sabido, forma parte de nuestra Constitución. Sin embargo, lo que no es tan sabido es a qué parte del Estado reclamarle por dicho derecho constitucional. Más allá de las medidas que se llevan adelante a nivel nacional, como el Programa Procrear o el Programa Casa Propia que lanzó este año el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, la construcción de viviendas es responsabilidad de cada distrito, como también lo es la implementación de políticas de regulación de los alquileres.

En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, existe el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). En la actualidad, el IVC no tiene ningún programa significativo que facilite el acceso al alquiler ni tampoco existe una política local de regulación de alquileres que permita recaudar para redistribuir esos fondos a paliar la crisis habitacional y que proteja a quienes alquilan de los aumentos desmedidos. En la Ciudad, en el primer semestre de este año los alquileres subieron un 22,5% y ya acumulan un aumento de más del 71% en los últimos 12 meses. Se menciona como un factor la caída de la oferta, algo que las cámaras atribuyen a la Ley de Alquileres y al DNU que congeló por un año los aumentos y los desalojos. Sin embargo, el problema en la Ciudad no es de oferta. Se construyen muchísimas viviendas, pero lujosas, con precios que son inaccesibles para la clase media, no solo para la compra sino también para su alquiler. Según un relevamiento del propio IVC, hay casi 140.000 viviendas ociosas en la Ciudad que no están siendo ocupadas, mientras la crisis habitacional se profundiza.

¿Qué hace y qué no hace el gobierno porteño?

Entre 2015 y 2020, el gobierno porteño puso en marcha dos programas que debían proponer soluciones a la problemática de alquileres. Por un lado, se diseñó y presentó el Programa “Alquilar se puede”. Por otro, el Programa Garantías BA.

El Programa “Alquilar se puede” consiste en el otorgamiento de una garantía con un costo accesible y en préstamos a inquilinos para financiar los altos gastos iniciales de un alquiler. La tasa es apenas más baja que la que otorga cualquier banco al solicitar un préstamo personal. Además, este programa contempló en su nacimiento, en 2016, solamente 6000 préstamos, un número extremadamente insuficiente para el más de millón de personas que alquila en la Ciudad.

“Garantía BA” es un acuerdo entre el GCBA y compañías aseguradoras que permite acceder a un seguro de caución a menor costo. Además, cubre no solo falta de pago sino también daños al departamento, por lo que no sería necesario dejar el depósito.

Más allá de lo limitado de estas iniciativas (especialmente de Garantías BA, que se parece más a un negocio para las compañías aseguradoras que otra cosa), lo más sorprendente es que en este momento de crisis social y sanitaria, estos programas no están disponibles o están suspendidos cuando se quiere acceder a ellos desde el sitio web de la Ciudad.

En síntesis, la crisis habitacional en la Ciudad se profundiza con la situación económica y la pandemia para las clases medias. Y no es poco lo que el gobierno porteño podría hacer y que sin embargo, no hace. Limitar el aumento de los alquileres, gravar la vivienda ociosa implementando una regulación segmentada (no se le debería cobrar el mismo impuesto a un particular que alquila un dos ambientes que a una desarrolladora dueña de una torre entera de departamentos) y fortalecer los programas de vivienda social destinados a los colectivos más vulnerables y golpeados por la pandemia son posibilidades que Rodríguez Larreta no explora. El propio FMI sostiene el gravamen a la vivienda ociosa como una opción viable para limitar los fuertes aumentos en el costo del alquiler.

El macrismo gobierna la Ciudad de Buenos Aires hace más de 10 años. La crisis habitacional ha ido en aumento desde entonces. ¿Qué esperamos de Rodríguez Larreta? ¿Que tenga las plazas cuidadas y arregle las baldosas que se rompen? ¿Tenemos conciencia de que se trata mucho más de decisión política y menos de falta de recursos que el acceso a la vivienda no sea cada vez más difícil para los porteños y porteñas? Que las clases medias no se conviertan en los nuevos desposeídos de la Ciudad depende de la capacidad que tengamos como ciudadanía de plantearnos estas preguntas.

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