Bonos sostenibles, la ola que no puede desaprovechar el próximo presidente

Son cada vez más los países de la región que recurren a herramientas financieras basadas en metas de sustentabilidad para apoyar esquemas de crecimiento.

Mientras crece el valor económico percibido alrededor de la sostenibilidad y la responsabilidad socioambiental -con bonos sostenibles circulando en todo el mundo por 3,5 billones de dólares (Climate Bond Initiative)-, el crédito internacional vive turbulencias que incluyen el impacto de la pospandemia y los conflictos internacionales que, lamentablemente, parecen estar en aumento. En ese contexto de escasez, mayor competitividad y necesidad de impacto real, son cada vez más los países de la región que recurren a herramientas financieras basadas en metas de sustentabilidad para apoyar esquemas de crecimiento. Para Latinoamérica, significa una ola sostenible que puede brindar alivio y potenciar oportunidades a una región de altísimo valor natural.

El fenómeno viene en crecimiento. Perú presentó en agosto un plan ante el Foro Económico Mundial para atraer 5.800 millones de dólares en inversiones verdes para 2030. Una de las iniciativas clave es la creación de una aceleradora propia que busca conectar emprendimientos con fondos de inversión locales e internacionales.

En el mismo mes, Brasil lanzó un plan de inversión en infraestructura por US$350.000 millones diseñado para impulsar la economía brasileña con una perspectiva sostenible. Con Lula Da Silva como portavoz y desde la Amazonía, busca impulsar, en conjunto con otros 11 países, una transición verde gracias a la firma de una declaración donde insta a las naciones más desarrolladas a contribuir en la lucha contra el cambio climático.

También este año, en un hito innovador, Ecuador realizó la mayor conversión de deuda por naturaleza con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitirá destinar 450 millones de dólares a las Islas Galápagos para actividades de conservación durante 18 años y medio.

El año pasado nuestro vecino Uruguay llegó a emitir 1.500 millones de dólares de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad. El bono está relacionado directamente a sus objetivos climáticos y de conservación ambiental asumidos en el Acuerdo de París (COP21). En 2022 también Chile realizó una emisión por $2.000 millones de dólares en el mismo tipo de bonos, que tuvieron una sobredemanda de 8.100 millones, cuatro veces el monto colocado.

Más atrás en el tiempo, en 2021, en tanto, Colombia había emitido sus primeros bonos verdes soberanos e instituido una taxonomía verde nacional. México, por su parte, publicó a principios de este 2023 también una taxonomía que establece criterios y esquemas de clasificación para evaluar si un activo, actividad económica o proyecto de inversión tiene un impacto en los objetivos ambientales, sociales y de sostenibilidad.

Pero la tendencia dentro del mundo en desarrollo no se restringe a Latinoamérica. Desde otras latitudes pero con el mismo espíritu, África organizó una cumbre climática en septiembre muy enfocada en la atracción de inversiones internacionales para metas de acción climática. El primer resultado concreto comunicado fueron 12 millones de euros comprometidos por la UE para impulsar proyectos de hidrógeno verde en Kenia.

A este contexto, debemos sumarle que los principales fondos de inversión a nivel global están adoptando a la sustentabilidad como política estratégica a la hora de decidir sus inversiones. Blackrock, Goldman Sachs, Fidelity, por citar algunos de los más importantes y con reconocida -y en algunas circunstancias polémica- experiencia en procesos de deuda soberana, vienen desarrollando compromisos sólidos en la búsqueda de impacto ambiental positivo. En ese sentido, la emisión de títulos de deuda o los canjes de deuda por acción climática puede ser no sólo una oportunidad para captar fondos de organismos multilaterales, sino también fondos privados que encuentran este tipo de proyectos muy atractivos.

En la Argentina, desde la perspectiva de la utilización de instrumentos de finanzas sostenibles para proyectos públicos, si bien hubo algunos avances concretos a nivel subnacional como el bono verde de la provincia de Jujuy para el parque solar Cauchari, todavía hay mucho por hacer. Según un informe reciente de EY, Colombia, México y Costa Rica son los países más avanzados en la región, gracias a las políticas públicas locales, los compromisos internacionales que han adquirido y la presión de los socios comerciales con operaciones en países donde tienen requerimientos de sostenibilidad más estrictos.

Nuestro país no es ajeno a este contexto de oportunidad, pero su situación macroeconómica, las disputas políticas y el escaso consenso respecto a un proyecto de país común complejizan la situación para pensar en instrumentos soberanos. Si bien las herramientas financieras vinculadas a la sustentabilidad no han sido aprovechadas por el sector público -más allá de algunas reivindicaciones discursivas de altos funcionarios de la escena nacional-, la Comisión Nacional de Valores ha avanzado con un marco normativo propicio para impulsar esta ola en el sector privado, lo cual debe ser destacado y valorado de cara al futuro.

De cara a un 2024 en el que un nuevo gobierno tomará las riendas de la difícil situación económica y con múltiples desafíos para financiar no sólo su gasto corriente sino las grandes inversiones necesarias para crecer, Argentina debe tomar nota y considerar seriamente los nuevos instrumentos que ofrecen las finanzas sostenibles. Comprensión de las tendencias, responsabilidad y voluntad política -sumadas a las capacidades técnicas, productivas y de innovación de los argentinos- son los elementos para alcanzar el desarrollo sostenible que necesitamos.

Socio director en Business & Sustainability