Confusiones con la deuda

En el tema de la deuda pública, los argentinos estamos confundidos. Miramos las discusiones como si se tratara de un partido de tenis, donde la pelota va y viene entre acreedores y el gobierno, sin afectarnos. Nos sentimos meros espectadores. No nos involucramos debidamente, pues no reconocemos los impactos de esta cuestión sobre nuestros ingresos y patrimonios. A su turno, nuestras autoridades parecen encarar la cuestión como si fuera un juego de suma cero, donde las ganancias de los acreedores son pérdidas para el gobierno. Por ello, buscan minimizar los pagos, para conseguir una aceptación determinada de los poseedores de los títulos. No se han sentado a escuchar las necesidades de los bonistas. Tampoco reconocen todos los intereses en juego.

Me parece importante puntualizar que el objetivo final de los acreedores no es cobrar sino que los títulos valgan más que su actual cotización de mercado. ¡Y cuanto más, mejor! En esas condiciones, cualquier tenedor que necesitara efectivo los podría vender en forma individual. Para valorizar los títulos, los plazos y montos de pago no son la única variable. La misma corriente de pagos de un bono del Tesoro estadounidense, alemán, chileno, venezolano, colombiano, uruguayo, brasileño o de casi cualquier otro de los 180 países de nuestro planeta, hoy vale mucho más que los del Estado argentino. Una palanca fundamental para el desarrollo es valorizar todo lo posible los bonos y activos de la Argentina. Ya que la riqueza de un país es el valor de los derechos individuales de su gente.

• Garantías

En este caso, nuestras autoridades pueden ofrecer seguridades de pago y de comportamiento futuro que podrían mejorar las cotizaciones de los papeles y así conseguir mayor conformidad de los acreedores, garantías que podrían beneficiar, al mismo tiempo, a toda la población, al disminuir la incertidumbre. No podemos conformarnos con una Argentina en crisis e imposibilidad permanente de cumplir sus promesas. Para ello, se deberían iniciar negociaciones en las que estuvieran todos los involucrados, inclusive empresarios del país, fuerzas del trabajo, el Congreso Nacional, partidos políticos, para sellar, en pactos solemnes y leyes, las seguridades ofrecidas a todos, acreedores y residentes, de que nuestro país se encolumna entre las naciones exitosas, esto es, previsibles. Quizás un símil del Pacto de La Moncloa.

A los argentinos interesa esta cuestión de sobremanera. Pues la actividad económica está enmarcada en la confianza que merezcan las partes. En efecto, sólo contratamos con quienes ofrezcan comportamientos predecibles. En una nación donde el Estado no cumple sus compromisos, los activos y el valor de los derechos individuales de decisión se deprecian. Los economistas neoclásicos enseñaban que el salario es igual al valor de la productividad marginal del trabajo. Pues no preveían incumplimientos. Cuanto más inciertas las expectativas de los agentes económicos, menores salarios pagarán. Si los derechos valen menos, dejarán de invertir y de contratar trabajos.

• Contracara

La caída del salario real de los últimos años no ha sido una decisión buscada por el Estado o los empresarios. Tampoco la estrepitosa explosión de la pobreza, desocupación y delincuencia. Estas son simplemente consecuencia de la mayor inseguridad, resultante de la alteración de las leyes y códigos en materia de depósitos bancarios y préstamos, deuda pública, respaldo de la moneda, tarifas y régimen de servicios públicos, desempeño de funcionarios judiciales, policiales, entre otros. Los ciudadanos, comerciantes, industriales y otros empresarios que atienden al mercado interno sufren gravemente esa incertidumbre. La contracara de derechos débiles.

Cual el perro que gira en torno de sí mismo, en infructuosa persecución de su propia cola, los quebrantamientos de leyes de los últimos años no aliviaron el peso de la deuda.

Por el contrario, de una relación de 38%, respecto del PBI en 1998, y de 45% en 2000, pasamos a 149% en 2002. Luego de detraer la quita propuesta y los significativos pagos efectuados al Fondo Monetario, ese ratio aún sería de 82% en 2004.

• Debilidad

Un Estado que daña a quienes lo han financiado y a las personas que se amparan en sus leyes para celebrar contratos, merma su autoridad para resguardar las actividades de la gente y, consecuentemente, para exigir a los contribuyentes, funcionarios y otros ciudadanos el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Carecer de leyes estables agranda la incertidumbre y debilita todas las actividades, como bien ejemplifican las Sagradas Escrituras en el caso de la Torre de Babel, donde el quebrantamiento de un idioma (o ley) común impide continuar con la obra. En esas condiciones, cunde el desorden y se expande la pobreza.

La gran ventaja de las democracias avanzadas es, precisamente, contar con leyes estables a lo largo del tiempo y de las personas. El sueño de la Revolución Francesa era una misma ley para todos los hombres y todos los tiempos.

El arreglo de la deuda pública es un tema que interesa a todos los argentinos, pues afecta los derechos de todos, asalariados, empresarios, pobres y ricos. Si el Estado no cumple, nuestros derechos e ingresos se debilitan. Las autoridades necesitan nuestro apoyo para zanjar este asunto de la mejor manera. No conviene desentendernos.