Coparticipación: ¿se desperdiciará otra oportunidad?

El proyecto de reforma de la coparticipación federal de impuestos del gobierno encuentra grandes dificultades para ser aprobado en el Congreso. La necesidad de cumplir con la meta cualitativa acordada con el FMI, que implica su sanción, está generando una gran presión sobre el PEN. Por ello, es entendible la agresividad de la estrategia de presiones, económicas y políticas, sobre los gobernadores díscolos que se niegan a apoyarla.

Por otro lado, el proyecto oficial no implica grandes cambios respecto del pésimo sistema vigente. Una de las pocas cosas buenas que tiene es la eliminación de la precoparticipación de impuestos, es decir la distribución de tributos coparticipables que antes tenían una asignación específica previa. Así, se propone que todos los gravámenes compartidos vayan directamente a la «bolsa común» y luego se distribuyan entre las provincias y la Nación, asignándolos luego a los distintos gastos en los respectivos presupuestos. Esta era una de las exigencias del FMI y, desde el punto de vista de manejo fiscal, implica una ganancia cualitativa importante.

• Premio

Otra de las condiciones fijadas por el organismo internacional es la de destinar una porción de los impuestos a premiar a las provincias que recauden más eficientemente. Este ítem figura en el proyecto del gobierno; pero por un monto intrascendente. Para entenderlo veamos cómo es la distribución que éste propone.

Se meten todos los impuestos coparticipables dentro de la «bolsa común». Luego se mide cuánto le hubiera tocado proporcionalmente a la Nación y a cada provincia con la distribución anterior: ésos serán los porcentajes que regirán en la nueva ley. Por otro lado, cada provincia y la Nación no podrán recibir menos nominalmente de lo que reciban este año. El incremento futuro sobre 2004 se asignará durante 10 años, por un porcentaje decreciente que empieza en 24%, a un Fondo de Equidad Social que beneficiará a todas las provincias excepto San Luis, La Pampa y las patagónicas.

El resto del aumento de la coparticipación se asignará en el porcentaje determinado anteriormente para distribución primaria entre la Nación y las provincias. De la parte de las provincias se detraerá 10% del incremento para dar los premios por eficiencia recaudatoria a las provincias que se considere lo merecen. Dado que a las provincias les tocará alrededor de 41% de dicha parte de la recaudación, este fondo implicará como mucho 4,1% del total del incremento de los ingresos coparticipables.

Sin embargo, uno de los problemas serios que tiene el actual sistema de coparticipación es que genera un gran subsidio desde las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Capital Federal al resto de ellas. En las primeras se recaudan muchos más impuestos de los que luego les tocan y en las segundas es a la inversa. Por ello, es lógico que aquellas provincias pretendan disminuir esa transferencia.

A pesar de las cifras tremendistas dadas por el oficialismo para justificar la imposibilidad de cumplir con el pedido de las provincias perjudicadas, el problema es solucionable. Ninguna provincia debería recibir menos nominalmente que en 2004, pero el incremento podría ser asignado en forma más justa para las provincias grandes. De todas formas, todavía podría decidirse que los estados más pobres reciban un porcentaje mayor al que les corresponde; pero menor al actual. Una posibilidad a analizar es que una parte del incremento de la recaudación se destine a un fondo que se distribuya con algún criterio solidario predeterminado y objetivo. Es más, además de este último criterio, se asigna una mayor proporción de recursos al premio por «eficiencia» y, así, incentivar a las provincias chicas y pobres a un buen manejo de sus finanzas.

El gobierno mandó un proyecto de responsabilidad fiscal al Congreso, el cual pretende fijar pautas de buena gestión fiscal a las provincias. Sin embargo, este proyecto fracasará como otros intentos similares en el pasado si no hay premios y castigos. En ese sentido, es importante destacar que los recursos de la coparticipación corresponden a cada provincia y no son una dádiva que da y puede quitar el Estado nacional. Por ello, es bueno que en la distribución se discrimine lo que recibe cada gobierno provincial porque le corresponde y qué por mayor eficiencia o por criterio de solidaridad. Estos últimos conceptos no deberían ser transferidos a las provincias que no cumplan con la ley de responsabilidad fiscal; lo cual las incentivaría a una buena administración de los recursos.

• Inviable

A nuestro juicio, es inviable políticamente que se les pida a los gobernadores de las provincias que actualmente transfieren recursos a otras que no exijan un tratamiento más equitativo. Esta es una oportunidad histórica para lograr hacer los cambios necesarios con el menor costo posible y esos gobernadores son los responsables, ante sus comprovincianos, de lograrlo. No es lo mismo pedirle a una provincia chica que resigne tres o cuatro puntos porcentuales, para tener una distribución más justa, cuando el incremento de la recaudación coparticipable es de 15 o 20%, que tener que pedírselo cuando los ingresos tributarios están aumentando en forma más normal (menos de 10%).

El fuerte incremento de la recaudación actual se debe a que la Argentina está saliendo de una profunda crisis, 2001-2002. En el futuro es esperable que su evolución se normalice y todos deseamos que el caos vivido no vuelva a repetirse. Por lo tanto, el mejor momento para hacer un cambio importante es hoy; en el futuro será más difícil. También cooperan las necesidades financieras de la mayoría de las provincias para los próximos años en favorecer las posibilidades de modificación del actual sistema. Como «zanahoria» para aceptar una reforma mejor, el gobierno podría ofrecerles asistencia durante ese complicado período.

Conclusión, el momento ideal para buscar implementar un esquema de coparticipación federal de impuestos más justo y eficiente es hoy, cuando la recaudación se espera suba más de $ 10.000 millones sobre el fuerte incremento presupuestado para el año 2004. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno ha preferido incrementar el gasto público por encima de lo previsto en el Presupuesto.


* Economista, director de EXANTE