Democracia en jaque: erosión institucional, legitimidad en crisis y la encrucijada argentina bajo el gobierno de Javier Milei (Parte VII)

El gobierno de Javier Milei enfrenta una paradoja; pretende gobernar con dogmatismo, subordinación externa y coerción en un país que requiere independencia, consensos y pluralidad.

El resultado es un laberinto sociotécnico en el que la represión y la dependencia financiera profundizan la crisis en lugar de resolverla.  

La democracia argentina atraviesa un momento crítico. Como se analizó en los artículos anteriores, el gobierno de Javier Milei combina dogmatismo económico, subordinación financiera, radicalización discursiva y represión política. Estos elementos, lejos de fortalecer la institucionalidad, erosionan las bases del pacto democrático construido desde 1983. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo puede un sistema democrático salir de un laberinto que amenaza con su propia autodestrucción?

La Constitución Nacional ofrece un horizonte institucional para enfrentar estas crisis. A diferencia de soluciones autoritarias, que buscan imponer salidas por la fuerza, el orden constitucional prevé mecanismos para resolver conflictos de legitimidad y gobernabilidad sin abandonar la senda democrática. El desafío, sin embargo, radica en activar estos mecanismos sin profundizar la polarización ni poner en riesgo la estabilidad social.

La legitimidad democrática como proceso

Pierre Rosanvallon (2017) enfatiza que la legitimidad democrática no se agota en la autorización electoral. La democracia es un proceso continuo que requiere legitimidad de ejercicio, reconocimiento ciudadano y capacidad de representación. Cuando estos elementos fallan, la legitimidad de origen otorgada en las urnas se ve erosionada.

En el caso de Milei, la legitimidad de origen fue contundente: un 55 % en el balotaje de 2023. Sin embargo, la legitimidad de ejercicio comenzó a deteriorarse rápidamente frente a las consecuencias sociales del ajuste, la represión de la protesta y la ausencia de consensos institucionales. En este contexto, el problema no radica en desconocer el resultado electoral, sino en reconocer que el contrato democrático requiere más que un acto de votación; necesita sostenerse en el tiempo a través de prácticas inclusivas, igualitarias y deliberativas.

Los mecanismos constitucionales de salida

La Constitución argentina contempla diferentes mecanismos para enfrentar crisis de gobernabilidad:

• Juicio político: regulado en los artículos 53 a 60, permite destituir al presidente en caso de mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. Este mecanismo preserva la institucionalidad al canalizar la crisis a través del Congreso.
• Renuncia presidencial: opción siempre posible en un sistema democrático, aunque depende de la voluntad del mandatario y suele producir efectos de desestabilización en el corto plazo.
• Elecciones anticipadas: si bien la Constitución no las prevé de manera explícita, pueden abrirse mediante acuerdos políticos y reformas parciales, como ha sucedido en otras democracias parlamentarias.
• Sucesión constitucional: en caso de acefalía, la Ley de Acefalía establece el orden de reemplazo, garantizando la continuidad institucional.

Estos mecanismos no son meros formalismos. Constituyen garantías diseñadas para que la democracia pueda resolver sus crisis sin recurrir a la violencia ni al quiebre del orden constitucional.

Precedentes históricos en Argentina

La historia argentina ofrece ejemplos de salidas institucionales frente a crisis políticas y económicas. En 1989, la renuncia anticipada de Raúl Alfonsín y la asunción de Carlos Menem, aunque caótica, evitó un quiebre militar. En 2001, la sucesión presidencial que llevó a Eduardo Duhalde al poder tras la renuncia de Fernando de la Rúa permitió encauzar la crisis más profunda de la posdictadura.

Estos precedentes muestran que la democracia argentina, aunque frágil, ha encontrado mecanismos institucionales para sobrevivir a la inestabilidad. Sin embargo, también enseñan que estas transiciones implican costos sociales elevados y que su éxito depende de la capacidad de las élites políticas para alcanzar consensos mínimos.

Riesgos de la salida autoritaria

Frente a la crisis actual, algunos sectores promueven salidas autoritarias o de facto; desde intervenciones militares encubiertas hasta gobiernos tecnocráticos avalados por organismos internacionales. Estas alternativas, sin embargo, son incompatibles con la historia democrática argentina y con el compromiso social del “Nunca Más”.

Como advierte Grimson (2023), la extrema derecha contemporánea busca legitimar soluciones autoritarias bajo la retórica del orden y la eficiencia. El riesgo es que, en un contexto de malestar social y deslegitimación política, la ciudadanía acepte resignadamente una erosión de sus derechos. La defensa de la democracia exige rechazar estas opciones y apostar por las salidas previstas en la Constitución.

El papel de la sociedad civil

La viabilidad de una salida institucional no depende únicamente de las élites políticas. La sociedad civil argentina, históricamente activa y movilizada, cumple un rol central. Movimientos sociales, sindicatos, universidades y organismos de derechos humanos pueden ejercer presión para encauzar la crisis dentro de marcos democráticos.

La movilización no es solo resistencia; también es una forma de recordarle a las élites que la ciudadanía no está dispuesta a tolerar rupturas institucionales. Como señala Rosanvallon (2017), la democracia narrativa requiere incorporar la voz de los ciudadanos en la definición de las salidas políticas.

El horizonte democrático

Pensar en una salida institucional no implica celebrar el fracaso de un gobierno electo, sino defender la continuidad de la democracia. El objetivo no es derrocar a un presidente, sino garantizar que el país no quede atrapado en un laberinto sin salida que erosione irreversiblemente sus instituciones.

El horizonte democrático supone tres tareas fundamentales:

• Restaurar la confianza: reconstruir vínculos de legitimidad entre representantes y representados.
• Ampliar la pluralidad: garantizar que la política represente a la diversidad social y no a un proyecto excluyente.
• Fortalecer la Constitución: utilizar los mecanismos previstos para resolver crisis sin recurrir a la violencia.

Conclusión

El gobierno de Javier Milei enfrenta una paradoja; pretende gobernar con dogmatismo, subordinación externa y coerción en un país que requiere independencia, consensos y pluralidad. El resultado es un laberinto sociotécnico en el que la represión y la dependencia financiera profundizan la crisis en lugar de resolverla.

Doctor en Ciencia Política, en YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani