Son continuos los rumores sobre cambios a la propuesta de reestructuración oficial que fuese lanzada por el ministro de Economía, ya que un fracaso de ésta podría complicar seriamente el acuerdo con el FMI, que actualmente está en suspenso. Más allá de la posibilidad de un pago en efectivo de la que siempre se habla, ahora se plantea la posibilidad de una mejora del Cupón PBI.
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No es raro, ya que, según Lavagna, «el mundo se está dando cuenta de su importancia». Lo malo es que los acreedores e inversores no tienen esa misma percepción. Cabe aclarar que siempre apoyó la emisión de este bono como un gesto político y estratégico. Si los argentinos asociamos a los acreedores en las pérdidas de nuestra crisis, deberíamos asociarlos también en las ganancias, si al país le va mejor de lo esperado. Sin embargo, reconocía que era un papel que no iba a tener buena cotización en los mercados por los riesgos que implica y la dificultad para valuarlo. De hecho, los analistas lo cotizan entre u$s 1 y, como mucho, u$s 2. Lo malo es que para el gobierno vale más de u$s 6, según los dichos del ministro.
Cuando se lanzó el Cupón PBI, aclaramos que su interés decaía debido a que exigía que, además de un crecimiento en el año de más de 3%, debía haber uno acumulado anual de por lo menos ese porcentaje. En un país con la volatilidad económica histórica de la Argentina, lo primero tiene mucha más probabilidad de ocurrencia que lo segundo, y la combinación da una probabilidad de ocurrencia baja. Por lo tanto, parecería ahora que se cambiaría la restricción para que pague sólo cuando el país crezca más de 3% sin la restricción de superar el acumulado. Otros rumores dicen que el pago involucraría el crecimiento de este año, por lo que ya pagaría algo en efectivo en 2005.
A nuestro juicio, mejorar un bono que el mercado no encuentra atractivo lo único que significa es subir el riesgo de un alto costo financiero de una eventual buena performance argentina. Parecería más interesante darles a todos los acreedores los cupones PBI y ofrecerles comprárselos a u$s 2 o más, si el nivel de adhesión supera 70%. De esta forma, el gobierno compraría a un tercio de su valor (Economía dixit) algo que el mercado no valúa ni siquiera u$s 2, mejorando efectivamente la oferta, y los acreedores tendrían el pago en efectivo que reclaman. Así, podrían maximizarse las posibilidades de éxito de la reestructuración.
Ahora, intentaremos explicar el porqué de nuestro énfasis en la enorme necesidad de una reestructuración exitosa. Por primera vez, el gobierno se encuentra con incumplimientos formales de lo comprometido por la Argentina en el acuerdo (coparticipación, compensación adecuada de la indexación asimétrica, reestructuración de la banca pública, etcétera). Sin embargo, las dificultades para conseguir los «waivers» por estos puntos residen en que existe una gran frustración entre los países del G-7 por la estrategia de imposición del gobierno en la reestructuración de la deuda. El fuerte rechazo mundial por la falta de una lógica negociación fue creciendo hasta poner en riesgo la aprobación de la segunda revisión de las metas en marzo de este año. Para lograrla, el gobierno tuvo que comprometer por escrito con el Fondo una estrategia de negociación. Lamentablemente, se llegó a la propuesta de Buenos Aires sin ninguna reunión de técnica con los acreedores, lo que demostró a los países desarrollados que, pese a lo comprometido, el PEN seguía con su estrategia de imposición.
• Responsable
Por supuesto que un país puede decidir hacer lo que quiera. Sin embargo, hubiera sido responsable no comprometer lo que no estábamos dispuestos a cumplir. Esta actitud no solamente ha restado toda voluntad de los principales países del mundo por ser flexibles, sino que, además, ha disminuido fuertemente las posibilidades de éxito de una propuesta que implicó una enorme mejora cuantitativa y cualitativa sobre la de Dubai. Esta misma oferta -que, si no se mejora, se considera que fracasará rotundamente- habría tenido una mucho mayor predisposición a la adhesión si se hubiera logrado mediante el diálogo con los acreedores. Seguramente, esta tozudez del gobierno implicará pagar un mayor costo, a costa de una nueva mejora de la propuesta, para salir del «default» o sufrir las consecuencias económicas y financieras de un fracaso.
Dada la poca voluntad del gobierno de modificar su estrategia de reestructuración de la deuda y de avanzar en las reformas comprometidas, el postergar la aprobación de las revisiones es un hecho y no una decisión unilateral. Las revisiones no tendrán ninguna chance de ser aprobadas si el gobierno no logra demostrar que es exitoso un proceso de canje de deuda que el organismo considera errado.
A partir de esto, es lógico que se sigan pagando los vencimientos con el FMI a pesar de que hasta que se aprueben las metas no nos desembolsarán los fondos. Para ello, el gobierno puede contar con más de u$s 2.000 millones de excedente sobre el superávit primario comprometido. No pagar implicaría que los acreedores rechacen entrar en un canje que implica entregar u$s 100 en bonos impagos por u$s 25 de un país que está en cesación de pagos total y sin ningún avalista. De hecho, el poner en suspenso la aprobación de las metas ya pone en duda la voluntad del PEN de corregir los problemas de la Argentina y genera incertidumbre al proceso de canje.
A pesar de lo expuesto, no hay que descartar que el Ministerio de Economía cuente con el efectivo para mejorar la oferta de Buenos Aires, como lo propusimos al principio, y logre salir de ese atolladero en que se metió. Seguramente, se negociará con el FMI que nos restituya lo pagado una vez aprobadas las revisiones pendientes.
Por último, un fracaso de la reestructuración (es decir, un porcentaje de adhesión de los acreedores menor a dos tercios) no será gratuito. El FMI tendrá todos los argumentos para incrementar sus exigencias para los próximos años a un país que no logró superar su quebranto por no querer escuchar las recomendaciones que se le dieron y tan irresponsable como para no cumplir con lo previamente pactado. El apoyo político internacional con el que otrora contara el PEN se habrá malgastado y no quedará más remedio que aceptar las condiciones o desembocar en un escenario de cesación de pagos total.
La economía ya muestra fuertes señales de desaceleración, aunque se pueda justificar el estancamiento del segundo trimestre. Esto se debe a que la confianza de los consumidores e inversores está en retroceso. ¿Qué pasará si le sumamos el continuar en cesación de pagos y ampliarla a los organismos internacionales?
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