17 de marzo 2004 - 00:00

Difícil pasado santacruceño

El asesinado empresario pesquero Rubén Cacho Espinosa: el móvil del crimen sigue en las sombras, pero se los vincula a Fernando y Juan Alvarez, dueños de Conarpesa y ex socios de Espinosa como instigadores por motivos vinculados a la política sureña. (Fotos de la revista Noticias.)
El asesinado empresario pesquero Rubén "Cacho" Espinosa: el móvil del crimen sigue en las sombras, pero se los vincula a Fernando y Juan Alvarez, dueños de Conarpesa y ex socios de Espinosa como instigadores por motivos vinculados a la política sureña. (Fotos de la revista "Noticias".)
La revista «Noticias» es de irregularidades. Un número critica al presidente Néstor Kirchner, haciendo oposición. Al siguiente lo defiende atacando a quienes lo critican, con lo cual hace oficialismo. Su tipo de crítica tiene la carencia de no dar opciones distintas o al menos recogerlas de otros que saben. Pero aunque suene a «Gata Flora» -o se trate de un acuerdo aún no logrado, nunca se sabe- concreta audacias como profundizar el tema del matrimonio Kirchner con la sospechada empresa pesquera Conarpesa con directivos prófugos de la Justicia.

La nota de «Noticias» se jibariza al entrar en el reiterado problema del dinero de financiamiento a políticos y partidos. La democracia exige máximas alternativas para los votantes. Los políticos que valen -o todos cuando se lanzan- necesitan capitales para hacerse conocer, para difundirse. De ahí vienen las «colaboraciones» fundamentalmente empresarias. Ciertamente las hay muchas por simpatía a la idea que expresa el candidato.Y hay otras a cambio de favores futuros si gana. El político acepta de todos lados, meditando que si alcanza su meta podrá discriminar luego sobre exigencias de aportantes. El radicalismo-que nunca administró bien desde la presidencia- no suele tener mucho apoyo monetario de empresas; por tanto, recurre a otras formas de financiamiento: el empleo nacional, provincial o municipal para «punteros» y adeptos. El gasto del erario es muchas veces mayor y más dañino en este caso para un país, que los apoyos condicionados privados de empresas. Pero el periodismo, con demasiada simpleza, se centra habitualmente con éstos y le parece normal o no digna de mención la burocracia estatal acrecentada políticamente. Sólo en el Congreso hay 30 empleados públicos o asesores por cada legislador. Recordemos que en estos días el sindicalista Ramón Baldassini, cuando el Correo volvió a la órbita estatal, dijo: «No repetir la experiencia del pasado cuando el Correo era fuente preferida para la incorporación de amigos, punteros y amantes pagados con dinero público». Privatizado el Correo al Grupo Macri se acabó eso. Pero estatizado volverá tal mal uso.

Desde ya hay que denunciar el financiamiento que puede ser ilegítimo de los políticos. Le sucede, sólo en estos días sin contemplar hechos resonantes del pasado, a Lula Da Silva con las mafias del juego en Brasil; al principal político mexicano Andrés Manuel López Obrador con colaboradores filmados recibiendo dinero; al ex presidente de Perú Alberto Fujimori; a Chile con el caso del Banco Central hace unos meses.

Pero en Santa Cruz el problema es diferente a ése: hay mucho más en la mira.

Si el 30 de enero del año pasado no hubiera sido asesinado en Santa Cruz el joven empresario Rubén «Cacho» Espinosa (le pegaron un tiro en el corazón cuando llegaba a casa de sus suegros), quedaba reducido el tema a aporte de empresas a campañas políticas, de Néstor Kirchner o de quien sea. Sería un tema menor eso de necesidad de financiamiento de todos los partidos políticos. No puede darlos el Estado porque debería respetar la equidad para todos (partidos grandes o chicos) y, si lo hace sobre votos logrados en pasadas elecciones, jamás se podría favorecer la aparición de nuevos políticos, aparte de ser relativo el valor de «votos del pasado» para medir un presente quizá con candidatos mediocres. Los recibió, por caso, el radicalismo para lograr apenas 2,3% en los últimos comicios, con lo cual tendrá problemas de caja en la próxima elección, así tenga un candidato ganador absolutamente nuevo.

Posibles móviles

Es probable que Espinosa haya sido asesinado por enconos comerciales (era empleado de la mayor pesquera del país, Conarpesa, a la que ayudó a empinarse y luego se fue para formar su propia empresa y competirle con bastante éxito) o por razones sentimentales o de cualquier otro tipo. También puede ser por celos políticos, por caso que Espinosa le aportaba a la campaña de Kirchner y Conarpesa se creía con ese único derecho. O pudo suceder que uno de los dueños de Conarpesa dijera «estoy cansado de 'Cacho' Espinosa, que era nuestro socio y ahora nos compite» y tentara a un amanuense en busca de ascender a que fuera y lo matara. En definitiva, eso pasó con el ex policía Gustavo Prellezo cuando el suicidado Alfredo Yabrán dijo: «Con todos los guardias que pago y no puedo evitar que un simple fotógrafo me fotografíe en la playa y lo intente donde vaya».

Hay quienes dicen que el equipo financista de la campaña de Kirchner necesitaba más hacer figurar a empresarios que obtener sus aportes porque dinero tenía de sobra. Con sólo tener el poder de designar a qué banco se mueven 600 millones de dólares de la provincia de Santa Cruz en el exterior no existe tal problema.

«Noticias», en su nota, agrega datos nuevos a lo conocido del caso Conarpesa/Espinosa dado que los propietarios de dicha empresa están prófugos desde el día del crimen: Juan Alvarez Cornejo (padre) y Fernando Alvarez Castellanos (hijo).

Por ejemplo, menciona la revista a Rudy «el Rengo» Ulloa, histórico chofer de los Kirchner en el Sur, dueño hoy de un diario gratuito en Santa Cruz (vive del aporte publicitario de la provincia), de una FM y adquirente de espacios en TV cable. Además, dueño de un plazo fijo de 1.300.000 dólares con Néstor Kirchner en el Banco de Santa Cruz hace dos años. Otro dato es que el capital de Conarpesa lo mueve (comparten el mismo edificio) «Pescafina», empresa que pertenece al hijo del veterano empresario peronista Jorge Antonio, de nombre Héctor. Cristina Kirchner botó, antes de ser primera dama nacional, un nuevo barco pesquero de Conarpesa pero no dice nada eso porque era obvio por la relevancia que tuvo y tiene en esa provincia. En cambio, es sugestivo el dato de que 15 jueces decidieron no intervenir hasta que por acciones de los fiscales lo hizo el juez Meani, que detuvo al único preso por la causa, el desocupado, padre de 6 hijos y de extrema pobreza José Domínguez, que confesó el asesinato de Espinosa. Pero todos dicen que lo hizo a cambio de dinero y que el verdadero criminal sería un profesional de la ETA de España traído al Sur eventualmente por los propietarios españoles de Conarpesa.


Elisa Carrió espera acercar este viernes «serios indicios» de la vinculación de los Kirchner con los hechos. Pero esta política se diluyó en el pasado cuando acusó a varias personas de «lavado de dinero» en la Argentina y las «pruebas» eran listados en Internet y fotocopias adulteradas insostenibles para cualquier acusación. «Kirchner no mata ni manda a matar», dijo intempestiva y exageradamente el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, frente a estos comentarios que circulan.

Lo cierto es que no hay indicios serios de corrupción hasta ahora en el gobierno nacional pero sí zonas cuanto menos grises en el pasado santacruceño. Veamos el diálogo de la periodista Viviana Gorbato, en la FM «La Isla», con un periodista santacruceño, Gustavo Granero.


PERIODISTA:
Usted dice que hay una grave contradicción entre el gobierno de Néstor Kirchner porque le gusta lo que está haciendo a nivel nacional, pero que siempre luchó contra él en su provincia...

Gustavo Granero: En el posicionamiento frente al FMI por fin uno puede decir que alguien se pone los pantalones largos. Pero en Santa Cruz, durante su gobierno, tuvimos un montón de cosas oscuras, en el manejo de los fondos provinciales.


P.:
Explíquese mejor.

G.G.: En simplezas, como las cuestiones presupuestarias. Durante el gobierno de Kirchner, solamente antes del año 74 se hicieron ejecuciones presupuestarias. De ahí en más, no se sabe en qué se gastó el presupuesto. Nunca se tomó conocimiento fehaciente de los millones de dólares que había en el exterior, pese a que se dice que estaba en cuentas de Suiza, y antes en la Reserva Federal de Estados Unidos. De pronto, hacen un comunicado de prensa diciendo dónde estaba la plata, pero durante diez años de distintos bloques parlamentarios se requirió dónde estaba esa plata y nunca se supo.


P.:
¿Quién es Lázaro Báez?

G.G.: De Lázaro Báez se habla muchísimo en Santa Cruz porque tiene la función de ser director o cabeza visible de dos empresas Palma Construcciones y Gotti Construcciones. Dos empresas que han encarado las obras fastuosas de la provincia de Santa Cruz. Además, las dos están quebradas. Según una denuncia que hizo un legislador en Santa Cruz, Lázaro Báez era un interventor de Gotti SA para blanquear dinero de la provincia porque Gotti estaba quebrada y se le pagaba un sueldo a la familia Gotti de 15.000 pesos a cada uno por mes para que dejen hacer y deshacer con la empresa.


P.:
Se habla también de Inverness, que la gente dice en broma Inversiones Néstor Kirchner.

G.G.: Muchos dicen que Lázaro Báez fue un funcionario provincial muy repudiado hasta el punto de que se tiene que ir a 200 km de Río Gallegos a cenar por un faltante del dinero público. Pero, a pesar de eso, de Presidencia de la Nación, según pude constatar, se lo sigue llamando como a un hombre de consulta.


• Licitaciones

P.: La segunda empresa, Palma Construcciones, donde está el hijo de Palleros, el traficante de armas.

G.G.: Que está por allá, por Sudáfrica. El tema es que el hijo de Diego Palleros habría estado cenando este fin de año en la estancia La Cristina, pero en esa estancia La Cristina iba a llegar el padre también a encontrarse con el hijo vía Punta Arenas. No se pudo constatar. Pero lo que sí había dudas sobre licitaciones que se iban a ganar, de kilómetros de pavimentos más caros del país hechos en Santa Cruz, de una casa muy simple que sale 40.000 pesos construirla acá en Santa Cruz mientras en otras provincias del Norte salían tres veces menos.


P.:
¿Y en cuanto a libertad de prensa?

G.G.: El gobierno de Kirchner fue muy duro con la prensa en Santa Cruz. Vos buscás prensa en Santa Cruz y te vas a dar cuenta de la documentación que hay. Kirchner se metió mucho con la libertad de prensa. Se levantaban programas. Un programa de LU2 se levantó por publicar una escucha de un ministro que era arquitecto de De Vido y el señor Tuchi Peña diciéndole que lo apriete a un fiscal para que apure una causa penal. Levantó por orden del gobierno. Pero después hubo casos terribles como el de Pico Truncado y Viejo, que fueron encadenados, uno de ellos fue secuestrado y llevado 100 kilómetros hasta Caleta Olivia. Se quemó FM Inolvidable. Se amenazó de muerte a periodistas. Acá, en Río Gallegos, dos periodistas de «Tiempo Sur» sufrieron amenazas. Tuvieron que tener seguridad dada por la Policía Federal y la Prefectura Naval por el simple hecho de que habían escrito notas criticando la gestión gubernamental en plena campaña presidencial. A Héctor López, que era muy combativo, no le respondían las preguntas, ni el mismo Kirchner.


P.:
¿Cómo era el manejo de Kirchner en Santa Cruz con la oposición política?

G.G.: Hacía lo mismo que a nivel nacional. Es uno de los mejores estrategas. Aquí, con la Unión Cívica Radical y el Frepaso cuando estaban fuertes, lo que hizo fue debilitarlos y sacarles dirigentes de la cúpula y llevárselos a las estructuras partidarias o a cargos de gobierno. Pasó con López que era radical y terminó con la presidencia del Banco Provincia, con Isaias Alvarez que era el segundo del Frepaso y que terminó como autoridad en el ministerio de Asuntos Sociales.


P.:
Algo parecido pasó con Sergio Acevedo...

G.G.: Acevedo era miembro de un MRP que se termina escindiendo de esta agrupación que siempre respondió al diputado Eduardo Arnold. Se termina yendo luego del apoyo que le había dado Kirchner a la diputación nacional. El controló toda la oposición. Así, tenemos una cámara de diputados integrada por 22 justicialistas y dos radicales.


P.:
¿A nivel nacional está pasando algo igual?

G.G.: Lo de Ocaña es una señal muy clara. Es el comienzo de la estrategia Kirchner en el sentido de lograr esa transversalidad que habla y que socava a la oposición. El radicalismo, a nivel nacional, no tiene peso político. Los que podrían haber encabezado una oposición podrían haber sido Elisa Carrió y López Murphy, pero con una imagen tan alta que tiene Kirchner se empiezan a sumar sus dirigentes al gobierno. Y acordate lo que te digo: durante los meses que siguen, se van a sumar más dirigentes de partidos opositores. Fijate qué contradicción con los piqueteros.Aquí, a los piqueteros de Santa Cruz los combatió y los apaleó en la calle.Y allá veo a De Gennaro y a D'Elía que entran en Casa de Gobierno como si fueran referentes del gobierno nacional.Y lo aceptan y lo apoyan. Ojo, que yo vi a la gente apaleada en la calle, una mujer apaleada, un dirigente de Adosac Mercado, yo vi a esa gente golpeada en la comisaría. Un chico de 14 años sangrando en el piso a patadas. Que eran caceroleros que fueron a hacer una manifestación. Pero esos piqueteros que fueron a hacer una manifestación era una contradicción que armó una guardia pretoriana de funcionarios que cuidaban la Casa de Gobierno cada vez que había una manifestación. En Buenos Aires, es al revés. Estos sectores están siendo sumados y apoyan al Gobierno de la Nación por esta situación que es...; me da escalofríos cuando Kirchner dice que no va a negociar con el FMI y me dan ganas de salir con una bandera argentina a la calle, o la posición que tiene con Malvinas. O el tema de las pescas en la zona de Malvinas. O el tema de las tarifas. Hay un montón de políticas que yo personalmente diga qué buen presidente.


P.:
O la designación de Zaffaroni o Argibay, mientras en Santa Cruz siempre tuvo una justicia adicta...

G.G.: Sí hizo una reforma que dejó afuera al procurador general de la provincia que vendría ser el fiscal general, que vendría a ser el famoso caso Sosa. Reformó una ley para que no tenga control sobre la gestión de él y quedó afuera. Hay un juicio millonario que todavía está llevando Sosa; además, falta un dictamen más de la Corte Suprema, que ya en dos ocasiones pidió la reincorporación de Sosa a la Justicia.

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