"El Central hoy no goza de autonomía"

Con el cambio de Alfonso Prat-Gay por Martín Redrado en el Banco Central, se «sacrifica a dos funcionarios muy valiosos en sus respectivos puestos. Además, es un ejemplo de fragilidad institucional», sostuvo el economista de la Universidad Torcuato Di Tella, Eduardo Levy Yeyati, quien reconoció que el cambio le deja un sabor amargo.

El ex economista jefe del Banco Central agregó, en diálogo con Ambito Financiero, que «se confirma que el Central como institución hoy no goza de la autonomía necesaria para implementar un esquema de metas de inflación».

Además, LevyYeyati indicó que «en la medida en que sea fiscalmente sostenible, hay que reducir las cargas laborales, los costos de contratación y de despido» en la Argentina para desalentar la informalidad laboral. Y que «se precisa una mejora marginal» para lograr una mayor aceptación a la propuesta de reestructuración de deuda argentina para lo que propuso que la forma « fiscalmente menos onerosa es mediante un pago en efectivo».

Estos son los pasajes más destacados del diálogo de este diario con Levy Yeyati:

Periodista: ¿Cómo evalúa el cambio en el BCRA de Prat-Gay por Redrado?

Eduardo Levy Yeyati: Redrado es un profesional idóneo con experiencia en el sistema financiero. No conozco sus ideas sobre política monetaria, pero, por lo que ha avanzado, parecería estar en sintonía con lo hecho por sus predecesores. El cambio, sin embargo, me deja una sensación amarga.

P.: ¿Por qué?

E.L.Y.: El enroque sacrifica a dos funcionarios muy valiosos en sus respectivos puestos. Y, más allá de los protagonistas puntuales, el hecho de que cada doce meses tengamos que hacer una exégesis del currículum del funcionario de turno para saber si el Central priorizará la inflación, el tipo de cambio o el crédito subsidiado es un ejemplo de la fragilidad institucional a la que hacía referencia. Lo contradictorio es que un gobierno obsesionado por recuperar la inversión productiva subestime las implicaciones de largo plazo de este tipo de decisiones.

P.: ¿La propuesta del gobierno argentino a los acreedores privados podría y debería mejorarse?

E.L.Y.: Primero, habría que definir el nivel de aceptación deseado y, luego, estudiar cuánto debe mejorarse la oferta para alcanzarlo. Creo que la respuesta de muchos acreedores dependerá de lo que hagan los demás. Si la aceptación inicial supera 50%, es probable que el resto se sume gradualmente. Para esto, se precisa una mejora marginal.

P.: ¿Cuál sería la forma de aplicar esa mejora?

E.L.Y.: La manera fiscalmente menos onerosa es mediante un pago en efectivo. La Argentina tiene los fondos, pero puede comprometerlos sólo si el FMI adopta una actitud constructiva que asegure la continuidad del acuerdo. El gobierno es consciente de esto y está manejando los tiempos de manera adecuada.

• Negociaciones

P.: ¿Cómo evalúa la evolución de las negociaciones con el FMI?

E.L.Y.: Está ligado al tema de la deuda. El Fondo exige un esfuerzo fiscal adicional a la Argentina para reducir su propia exposición. El gobierno sostiene que el margen fiscal es reducido. Con el pedido de prórroga, el gobierno se mueve primero tratando de explotar el potencial conflicto de interés entre el Fondo y los acreedores por los recursos disponibles. Si se logra una aceptación importante antes de reanudar las conversaciones con el FMI, éste tendrá escaso margen para objetar el arreglo en nombre de intereses propios.

P.: ¿Y si la propuesta fracasa?

E.L.Y.: El gobierno estará en una situación de debilidad cuando en enero vuelva a sentarse con el Fondo. Es una jugada de riesgo, sin duda, pero en línea con la estrategia de maximizar la sostenibilidad del acuerdo final.

P.: ¿Cree que la llegada de inversiones extranjeras va a crecer o éstas se encuentran condicionadas a un acuerdo con los acreedores?

E.L.Y.: Una resolución exitosa del problema de la deuda reducirá la incertidumbre sobre las necesidades de financiamiento del sector público y contribuirá a atraer inversiones. De hecho, creo que ésta es otra dimensión en la que la Argentina puede sorprender a los escépticos.

P.: ¿A los inversores les preocupa más una resolución en la reestructuración de la deuda o la seguridad jurídica?

E.L.Y.: Se ha tendido a exagerar la incidencia del problema de deuda sobre otros aspectos que hoy inhiben al inversor como la percepción de que aquí no se respetan los contratos. La negociación de contratos con empresas de servicios y el tratamiento de la crisis energética no ayudan a revertir esta imagen.

P.: ¿Cómo evalúa las retenciones a la exportación?

E.L.Y.: Jugaron un rol fundamental en la salida de la crisis, proveyendo recursos fiscales y reduciendo el impacto del tipo de cambio en los precios. Como cualquier impuesto, son distorsivas, pero no más que el IVA o que la inflación. No las reduciría, aunque sí permitiría su cómputo a cuenta de Ganancias.

P.: ¿Y el impuesto al cheque?

E.L.Y.: Es un remedio de emergencia que a la larga contribuye a la desintermediación financiera y a la informalidad, con externalidades negativas sobre otros impuestos. Si bien fue efectivo durante la crisis, creo que es correcta la idea de eliminarlo paulatinamente.

P.: ¿Está de acuerdo con el informe del FMI en el que indicó que al sistema financiero local le faltan recursos del sector público y voluntad de los accionistas de invertir?

E.L.Y.: Lo que el informe resalta es la necesidad de capitalización del sistema a través de una mejora de sus resultados. Desde agosto de 2002, cuando la hemorragia de depósitos se detuvo, el sistema mejoró notablemente. Los bancos recompusieron liquidez y ya están comenzando a generar ganancias. El sector público contribuyó en su momento en la medida de sus posibilidades. Ahora, más que una inyección de recursos, lo que se necesita son políticas consistentes que lleven a la valorización de los bonos de compensación y a la recuperación de la intermediación financiera. La rentabilidad y la disposición de los accionistas a invertir surgirán como consecuencia de esto.