Estado autoritario decide quién gana

La nueva ola de aumentos en las retenciones a las exportaciones que aplicó el gobierno tras las elecciones del 28 de octubre trae varios interrogantes implícitos. ¿Cuál es el límite legal que tiene el Estado para apropiarse de ventas que hacen productores? ¿Hasta qué punto tiene la Nación derecho a apropiarse de esos fondos frente a las provincias? No son los únicos. Dos expertos, cada uno en su campo, analizan estas cuestiones en detalle.

La discusión sobre las retenciones ilustra las verdaderas prioridades que hoy tienen los argentinos. Las justificaciones que dan el gobierno y sus defensores poco tienen de novedoso, pero son sí muy concretas. La suba podría sumar ingresos fiscales por 0,6% del PBI, muy necesarios después del feroz salto del gasto que requirió asegurar el continuismo conyugal. Sin embargo, las necesidades de la caja fueron exhibidas como un mero aderezo del combate a la inflación, argumento central del oficialismo. Desde la UIA se deslizaron incluso elogios ante una medida «prudente» para evitar el impacto en los precios internos. A los obsecuentes y aduladores siguen siempre los oportunistas. Ni lerda ni perezosa, una cámara empresaria se anotó para el reparto. Su reclamo de que se eliminen subsidios a otros sectores no les impidió que los pidiesen para sí.

Mucho más curiosos han sido los argumentos usados por el sector agropecuario -los petroleros ni siquiera se han pronunciado públicamente- para rechazar la suba de las alícuotas. « Inoportuna» y «contraproducente» fueron los adjetivos que con más insistencia los dirigentes rurales descargaron sobre la medida.

Confusión

Es en este punto donde, para nuestra sorpresa, el razonamiento de la víctima se confunde con el del victimario. Reparemos en la primera de las críticas. Si la medida ha sido inoportuna, significa que en otras circunstancias bien podría no serlo...

Peor que estar mal es acostumbrarse a estar mal. En un país cuyas instituciones, a lo largo de décadas, se han ido vaciando de contenido y mantienen sólo su fachada, el individuo se acostumbra a ser ultrajado en sus derechos (y a violar los de los demás). Habitante más que ciudadano, ya no invoca sus derechos y se aviene a la ley de la selva que -como siempre- dicta el león.

Es así que a la confiscación abierta y por supuesto ilegal -¿es que la Constitución no es la ley superior?- que significó la pesificación de los depósitos se la disculpó aduciendo que «finalmente los ahorristas recuperaron algo muy parecido al capital que depositaron». Por eso, hoy a la manipulación de las estadísticas se la critica por «demasiado» burda, pero no se condena el que sea un mecanismo de control social.

Es el acostumbrarse a vivir en la selva y el encariñamiento con el león lo que lleva a debatir sobre el grado de oportunidad de controles de precios, restricciones o impuestos que son discriminatorios y violan derechos básicos; a enredarse en discusiones sobre si los márgenes comerciales «toleran o no» el nuevo zarpazo del rey.

La aplicación de retenciones a sectores discriminados es propia de visiones autoritarias, que otorgan a los gobernantes derecho y capacidad para decidir cuáles son los niveles de rentabilidad «adecuados» o «tolerables» y quiénes merecen ganar más y quiénes menos. El que gobernantes y burócratas fijen los precios de lo que producen los particulares entraña avasallar y convertir en ilusorio el derecho de propiedad de estos últimos sobre esos bienes y servicios. ¿Cuán dueño es usted del producto de su trabajo si desde un despacho oficial pueden fijar en la mitad o en un tercio el valor al que debe transferirlo?

Bajo esta óptica autoritaria, las unidades productivas son de hecho consideradas como si trabajaran bajo un régimen de concesión antes que como legítimos propietarios con pleno ejercicio de la libertad de comerciar.

Entre otros perjuicios, la suba de las retenciones incrementará la dependencia de las provincias respecto de las transferencias discrecionales del Ejecutivo nacional pues los derechos de exportación no se coparticipan. Y como la suba no ha sido incluida en el Presupuesto 2008, los mayores ingresos podrán ser administrados al antojo de la señora Kirchner, sin discusión parlamentaria.

Afecta en particular a las tres principales provincias agrícolas que a diferencia de las petroleras, que perciben regalíasaportan retenciones sin beneficio directo para ellas.

El incremento de la carga fiscal a las exportaciones agrícolas desalienta la producción y la compra de equipos e insumos productivos justo en el sector que lidera la inversión en la Argentina. A falta de una reforma tributaria integral, las retenciones son una suerte de discriminatoria duplicación del Impuesto a las Ganancias, exclusiva para los productores agrícolas.

Subsidio

En la perinola productivista, unos llevan siempre y otros no dejan de poner. El aporte del agro no se agota en las retenciones: la tasa de gasoil que paga por los 4.800 MM litros anuales que consume subsidian al transporte urbano y suburbano y a los camioneros. Y, según denuncian las estaciones de servicio, son los mismos transportistas los que revenden al campo con notable sobreprecio la mitad del gasoil subsidiado que reciben.

El aumento de los derechos castigará especialmente a los propietarios de los campos más que a los arrendatarios, empresas y grandes pools de siembra que acostumbran pactar los alquileres en quintales de soja. Y resultarán particularmente gravosos para los chacareros de las zonas marginales.

Retenciones y compensaciones dejan en el ridículo nuestro reclamo contra los subsidios agrícolas en la UE y EE.UU. e inoculan en el sector más competitivo de nuestra economía el virus de la dependencia del Estado.

Estas son las paradojas del «productivismo». Sustrae fondos al sector más productivo y que más invierte para pasárselo a los más ineficientes o para engrosar la «caja chica» -no tan chica, ya supera los $ 26.000 millones- del jefe de Gabinete. Es que, en un país prebendario, es muy peligroso ser productivo.

En el caso de la industria petrolera, el nuevo mecanismo de retenciones significa una virtual estatización y desalienta la inversión y exploración en un sector con oferta insuficiente.