Reactivación pospandemia vs. pacto de austeridad con el FMI

Opiniones

Las "60 medidas para salir de la crisis" deberán hacer equilibrio entre las presiones sectoriales, los cambios que implica la nueva normalidad y las restricciones estructurales que condicionan históricamente nuestra economía.

La recuperación pospandemia dependerá crucialmente del programa económico de reactivación que presente el gobierno. Las “60 medidas para salir de la crisis” deberán hacer equilibrio entre las presiones sectoriales, los cambios que implica la nueva normalidad y las restricciones estructurales que condicionan históricamente nuestra economía (que se condensan en un mercado de cambios bajo presión permanente). Sin embargo, el principal escollo para la reactivación son las restricciones a la política económica que pueden derivar de la renegociación de la deuda con el FMI, tras haber logrado cerrar un acuerdo con los acreedores privados.

Las señales del gobierno en torno a la ausencia de aumentos para los largamente golpeados salarios de la administración pública, junto a la política de minidevaluaciones que lleva adelante el Central, son parte de un consenso entre los funcionarios de economía y la burocracia del FMI alcanzados en la previa de la pandemia. Entre las posiciones extremas de un programa de reformas estructurales abogado por los sectores ultraliberales del fondo y el “populismo estatista” de los sectores kirchneristas del Frente de Todos, se abrió un camino de consenso. El riñón económico de Alberto Fernández y el ala política del organismo financiero trazaron un camino del medio: un programa fiscal moderado y una política de tipo de cambio competitivo, en el marco de una renegociación de la deuda que despeje los vencimientos de los próximos años de gobierno. Ambas partes coincidían en que las exportaciones y la inversión debían motorizar el crecimiento de la demanda, mientras el consumo acompañaría al ritmo del incremento de la productividad (por mayor uso de la capacidad instala inicialmente y luego por el impacto de las inversiones) para evitar el retraso cambiario. Las claves para ello es una macroeconomía ordenada (consenso fiscal) con un frente externo parcialmente despejado (por el acuerdo de la deuda, el tipo de cambio competitivo y las expectativas sobre las exportaciones de hidrocarburos no convencionales).

El programa de consenso tenía una serie de supuestos de dudosa realidad desde un principio: difícilmente un empresario aumentaría la inversión en una economía donde el consumo está estancado; las exportaciones e importaciones argentinas son poco sensibles al nivel del tipo de cambio. A ello se suman los cambios macroeconómicos generados por la pandemia y la nueva normalidad: contracción de los multiplicadores de la demanda por reducción del consumo al “esencial”; grave crisis de las cuentas públicas por políticas de sostenimiento del ingreso en el marco de una brusca contracción de la recaudación; baja del precio del petróleo e incertidumbre sobre el desarrollo de Vaca Muerta.

En el corto plazo, el pacto implícito con el FMI puede derivar en un intento de retornar al programa de moderación fiscal luego del descalabro de las cuentas públicas durante la pandemia, por la vía de un incremento del gasto público nominal por debajo de la inflación (el salarial, principalmente). Dicha política implica un recorte del gasto real que frena uno de los motores de la demanda esenciales para la reactivación pospandemia. Por otro lado, las subas del dólar oficial para tener un cambio competitivo, puede reacelerar la inflación y frustrar la recuperación de los salarios privados. La consecuencia será el estancamiento del consumo privado. Con el consumo pinchado y los elevados niveles de capacidad ociosa, el incremento de la inversión se vuelve una quimera. Por otro lado, esperar de las exportaciones el impulso al crecimiento choca tanto con la estructura económica argentina (donde las exportaciones tienen bajo impacto de actividad y empleo), como con el contexto de un comercio global en crisis.

Director C.E.S.O.

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