Gana cada vez más el "no voto"

La lectura fina de los resultados definitivos de las elecciones del 28 de octubre, más allá de festejos y lamentos, proyecta conclusiones inquietantes sobre el sistema electoral argentino, hoy cautivo del voto obligatorio y del congelamiento de la actividad partidaria. Por ejemplo, que el "no voto" (suma de abstenciones y votos anulados y en blanco en porcentaje sobre el padrón de los habilitados a votar) fue la primera fuerza en las urnas (8.802.757), por encima de la ganadora Cristina de Kirchner (sacó 8.494.017). En 1983 ese rubro había obtenido apenas 3 millones de votos y ha ido creciendo en cada elección presidencial como expresión de rechazo a los candidatos y ahora hasta superándolos en adhesiones.

Los porcentajes de votos que surgen del escrutinio definitivo esconden un panorama que preocupa: la fórmula presidencial más votada sólo lo fue por un tercio de la población habilitada para hacerlo. En consecuencia, las dos terceras partes de los argentinos no votaron a la futura presidente.

De suyo, entonces, que el futuro gobierno debería estar más preocupado por la mayoría que no lo votó que por el tercio que sí lo hizo. No hay legitimidad ni representación que se sostengan sobre mayorías tan endebles.

Tal como otros procesos electorales marcaron antes la finalización de la ley de lemas, impulsada y utilizada por el peronismo en distintas provincias; las elecciones del 28 de octubre han demostrado que se hace insostenible un sistema político sobre el esquema de las llamadas listas «colectoras».

Luego de la aplicación de la ley de lemas y la alquimia de los neolemas de 2003, es esperable que el oficialismo pretenda definir un nuevo marco electoral abjurando de los desaciertos jurídicos e institucionales que ellos mismos diseñaron con el solo objeto de burlar la ley y consolidarse en el poder.

Para evitar una nueva malversación del voto en manos de dirigentes inescrupulosos y entendiendo que la presidente electa ha formulado su deseo de dar un «salto de calidad institucional», se impone avanzar hacia una reforma de la Constitución nacional y del sistema político.

Para ello, hay que fomentar un extenso debate que permita reunir los consensos necesarios para dar cumplimiento al proceso reformista que diseña el artículo 30 de la Carta Magna: ello incluye que sea una reforma acordada, no impuesta. Desde el punto de vista electoral la reforma debe eliminar la obligatoriedad del voto (Art. 37 CN). Esa conquista fue instrumento definitivo en la consolidación de la república democrática de principios del siglo XX, pero en la actualidad se ha convertido en una quimera. Los números así lo evidencian: casi 9 millones de argentinos no fueron a votar o, en su caso, anularon su voto.

Desde 1983 a la fecha, el ausentismo electoral crece exponencialmente, como demuestra el cuadro adjunto. No tiene sentido, pues, mantener ese requisito constitucional y que, de eliminarlo, nos acercaría a las democracias más avanzadas y estables del mundo.

Figura desvirtuada

Asimismo, parece oportuno eliminar el ballottage o doble vuelta para la elección de presidente y vice de la República.

Los artículos 94, 96, 97 y 98, incorporados al texto en la reforma del año 1994, no sólo han sido de nula aplicación concreta, sino que desvirtúan la propia figura del ballottage, al haber establecido porcentajes inéditos para su cómputo, al tiempo que han sido un golpe letal al federalismo argentino. Sólo el seguidismo cómplice de los caciques provinciales puede explicar la tolerancia al avasallamiento que el sistema ha generado a los principios federales que dieron origen a nuestra Nación.

Debería contemplarse la eliminación de los artículos referidos y la reimplantación del Colegio Electoral como mecanismo indirecto de elección del binomio presidencial, de modo que cada provincia haga valer su genuina representación.

La reforma planteada, en el marco electoral que hemos descripto, debe incorporar en el texto de la Constitución dos elementos que juzgamos como decisivos y que pondrán a la República en la senda de la recuperación definitiva que todos alentamos: el primero, es el financiamiento de los partidos políticos. Es impensable consolidar el sistema democrático y mejorar la calidad institucional sin que haya un aporte sustancial del Estado para garantizar la existencia y funcionamiento de un régimen de partidos políticos. Actualmente, se distribuyen subsidios al transporte, a los servicios públicos, a las tasas de interés para préstamos, a las obras sociales sindicales, se constituyen fideicomisos que manejan miles de millones de pesos y, sin embargo, los partidos políticos ni siquiera pueden pagar la línea de teléfono de sus sedes (en caso de que cuenten con una).

En consecuencia, el Estado debería sostener a los partidos políticos efectivamente, bajo el control de la Auditoría General de la Nación, de modo de facilitarles el cumplimiento del rol que la propia Constitución les asigna (Art. 38 CN).

Desatender esta cuestión significará que sólo seguirán participando en la cosa pública los oficialismos o los representantes de intereses económicos. En segundo término, la reforma debería propender a la obligatoriedad de los procesos internos de selección de candidatos de modo que haya una efectiva participación ciudadana en la promoción de nuevos dirigentes. A la luz de la crisis del año 2001 surgió la ley de internas abiertasobligatorias, derogada por el propio Congreso que la sancionó sin que llegara a cumplirse. Si bien sólo dos fuerzas políticas cumplieron con esa manda legal antes de su abrogación, el mecanismo importaba un paso adelante en lo institucional.

Finalmente, debería analizarse la eliminación del tercer senador (Art. 54 CN), también incorporado por la reforma del año 1994 y que a todas luces se ha visto sistemáticamente burlado por el partido mayoritario, ya que en muchas provincias argentinas los tres senadores corresponden al mismo partido político, como consecuencia de una oferta electoral dividida que se integran finalmente en un mismo bloque parlamentario. No tiene sentido perpetuar esa situación distorsiva. Con la eliminación del tercer senador volvería a darse al Senado la representación que diseñaron los constituyentes de 1853, al pensarlo ámbito de defensa de las autonomías de las provincias y se generaría un ahorro presupuestario significativo que se podría afectar a luchar contra el hambre, la desnutrición y la falta de vivienda.

(*) Abogados. Profesores de Derecho Constitucional UBA. Miembros de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.