Gobierno impedirá la toma de edificios públicos y empresas

El nuevo secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, sostuvo ayer que los jueces, fiscales y la Policía tienen la obligación de actuar cuando la protesta social se convierte en delito y deriva en la toma de edificios públicos o la ocupación ilegal de una empresa. Recién instalado en su despacho del edificio de Seguridad Interior en el barrio porteño de Recoleta, Iribarne adelantó que habrá fuerte presencia policial en las calles, para controlar la protesta social y enfrentar el delito urbano. También confirmó que su segundo en la cartera será Ricardo Colombo, que vendrá a reemplazar al despedido fiscal José María Campagnolli. Lo que sigue son algunos de los conceptos más importante del diálogo con este diario.

El flamante jefe de Seguridad, Alberto Iribarne, adelantó ayer que el gobierno impedirá que la protesta social derive en delitos y ataques violentos como los ocurridos en la Comisaría 24ª o en la Legislatura porteña.

Periodista: El gobierno ha decidido establecer una distinción entre la protesta callejera y el delito común. Ahora, ¿cómo van a evitar que este tipo de movilizaciones termine en episodios violentos como la toma de la Comisaría 24ª de La Boca o el ataque a la Legislatura porteña?

Alberto Iribarne: La protesta social no es un tema de seguridad, es un tema político y requiere una solución política.Ahora bien, la protesta social tiene ingredientes que rozan la seguridad. Se debe garantizar el derecho de los manifestantes para que se expresen, pero también proteger a las personas y los bienes de quienes no lo hacen. En ese sentido, nuestra idea es prevenir con una fuerte presencia policial, y cuando se produce el delito dar lugar a la intervención de la Justicia.

P.: ¿Qué van a hacer cuando ocurran situaciones como la toma de Repsol YPF, McDonald's o el Sheraton donde grupos radicales aplican metodología de extorsión a las empresas?

A.I.: Bueno, cuando se cometa este delito vamos a actuar. Por supuesto, que esto no quiere decir que se va a ordenar una represión indiscriminada. Se va a tratar con racionalidad y en el tiempo que sea necesario.

P.: Pero ¿quién va actuar? Porque hasta ahora sucede que las instrucciones son confusas. La Policía dice que para intervenir tienen que tener una orden judicial, y los fiscales y jueces se excusan de hacerlo con el argumento de que el gobierno dijo que no había que criminalizar la protesta social.

A.I.: No, eso es obligación de los jueces y fiscales. La Policía tiene que poner en conocimiento que se está cometiendo un delito y ellos tienen que actuar. Una cosa es el corte de una calle que tiene una interpretación distinta cuando hay vías alternativas o cuando por el número de personas un juez puede considerar que no se viola la ley porque se está haciendo uso del derecho de manifestar o peticionar. Y otra es cuando se habla de una protesta social que vulnera derechos y donde se comete un delito. Esto es, cuando se toma un edificio público o se pretende ocupar ilegalmente un comercio. En esos casos, jueces y fiscales tienen la obligación de actuar. Por supuesto, que no se trata de que la Policía entre a sangre y fuego porque se cometió un delito, sino que se establezca un mecanismo que -al igual que una toma de rehenes- haga cesar esta situación ilegal. Hay casos en los que se requiere más tiempo que violencia.

P.: La decisión de desarmar a la Policía en la protesta callejera ¿no termina siendo una ventaja para los grupos violentos y una desventaja para las fuerzas de seguridad? ¿No es un gesto de debilidad más que de fortaleza?

A.I.: No, la presencia policial será fuerte y con la aplicación de técnicas antidisturbio, como ocurre en Europa. Todo depende de la situación.

P.: ¿Destinar un determinado número de policías para custodiar o controlar -como usted quiera llamarle- la protesta social no implica restar esfuerzo a la seguridad en sí?

A.I.: Bueno, los recursos no son infinitos. La idea es que haya presencia policial sin perder de vista que la actividad central de la Secretaría de Seguridad es trabajar contra la delincuencia.

P.: ¿Qué plan va a aplicar para reducir los índices de delitos y lograr que la población recupere la seguridad?

A.I.: Vamos a continuar muchas de las políticas que estaban en marcha. Pero sobre todo habrá mayor presencia policial en las calles con operaciones conjuntas entre las distintas fuerzas de seguridad (Policía, Gendarmería, SIDE) en inteligencia e investigaciones en lo criminal.

P.: ¿No le asusta que la intervención de la SIDE en las tareas de inteligencia e investigaciones puedan ser mal vistas sobre todo después de las declaraciones del ex ministro Gustavo Béliz?

A.I.: No. La SIDE ha tenido importante y decisiva actuación en la resolución de secuestros y ha sido determinante en tareas conjuntas con la Policía Bonaerense o Federal. Acá es necesario una coordinación de esfuerzos y de fuerzas. Esa es la directiva clara que ha dado el Presidente.

P.: ¿Está de acuerdo con crear un FBI criollo?

A.I.: Vamos a analizar de nuevo esa posibilidad.

Entrevista de Dante Marín