El delicado negocio del espionaje

Opiniones

Empresas privadas desarrollan herramientas de software espía para venderlas a los gobiernos. Israel es líder global en este mercado, el programa Pegasus se infiltra en sistemas informáticos, muchas veces, para acallar voces disidentes.

A lo largo de los últimos años, los gobiernos de todo el mundo han pasado a recopilar información utilizando la más alta tecnología. En el pasado reciente, empresas privadas como NSO Group, FinFisher y Hacking Team, desarrollaron herramientas de software espía para venderlos a los gobiernos, quienes al día de hoy se han inclinado por una estrategia más de "golpe y fuga" para evitar la detección: infectan los teléfonos, filtran y exportan los datos, y salen rápidamente del dispositivo.

Es por ello que no sorprende que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de México, Andrés Manuel López Obrador, el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, figuren en la lista de objetivos de Pegasus, el programa israelí que se instala en un teléfono celular para recuperar mensajes, fotos y contactos; pero que también permite activar micrófonos y cámaras a distancia. Más aún: se cree que hay una lista de 50.000 números de teléfonos de gobiernos que espiaron desde activistas sociales y de derechos humanos, pasando por periodistas, hasta incluso ejecutivos de empresas y políticos de todo el mundo.

Para empezar, hay que dejar algo en claro: el software desarrollado por la empresa israelí NSO no sirve para proteger sino para infiltrarse en sistemas informáticos; por ende, se considera un producto de cyberseguridad ofensivo. O sea, para tareas de espionaje. Todo sin ningún marco normativo de protección.

¿La excusa discursiva? Métodos supuestamente "excepcionales de defensa" para la "seguridad nacional". La misma empresa NSO expresa a viva voz que “crea tecnología que ayuda a las agencias gubernamentales a investigar para prevenir el terrorismo y el crimen para salvar miles de vidas en todo el mundo”. Por el contrario, desde Amnistía Internacional aseguraron que Pegasus se utilizó para "facilitar las violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo". Más aún, el diario francés Le Monde denunció en un editorial que "no son los grupos terroristas o criminales los que aparecen principalmente en la listas de infiltrados por Pegasus".

Ejemplos sobran. El programa fue usado en el año 2018 por el emir de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, para perseguir a su hija Latifa; gracias a Pegasus, pudo evitar que escape del Emirato. Por otro lado, el gobierno de Viktor Orbán parece haber desplegado la tecnología de NSO como parte de su supuesta guerra contra los medios, apuntando a periodistas de investigación húngaros. En Azerbaiyán, el presidente Ilham Aliyev tolera poco la disidencia, especialmente la que proviene de los activistas de derechos humanos; solo para citar un ejemplo, en variadas ocasiones ha utilizado el programa para obtener material sexual comprometedor de mujeres opositoras.

Cabe aclarar que Pegasus no es el único programa de espionaje. En junio de 2021, la empresa francesa Amesys fue acusada de "complicidad en actos de tortura" por haberle vendido su software espía a Libia entre 2007 y 2011. Según los demandantes, en ese caso la información obtenida a través de la vigilancia digital se utilizó para identificar y perseguir a los opositores del depuesto dictador Muammar Gaddafi, los cuales posteriormente fueron torturados en prisión. Y así podríamos continuar.

Pero claro, ponerle un coto a esta industria no es sencillo. Por un lado, nos encontramos siempre en una ‘zona gris’ de responsabilidades. Por ejemplo, desde NSO sostienen que: “no operamos los sistemas que vendemos a clientes gubernamentales, ni tampoco tenemos acceso a los datos de los objetivos de ellos. Igualmente, investigamos todas las denuncias creíbles de uso indebido y tomamos siempre las medidas apropiadas”. Además, sostienen que ‘correlación’ no es lo mismo que ‘causalidad’; por ende, los clientes pueden obtener información de diversas formas que no tienen por qué ver con Pegasus.

A nivel estatal, el Estado de Israel aprueba la exportación de productos cibernéticos exclusivamente a entidades gubernamentales para su uso legal, y solo con el propósito de prevenir e investigar delitos y realizar tareas contra el terrorismo, bajo certificados proporcionados por el gobierno que hace la compra. Y en cuanto a los países adquisidores del programa, ellos suelen desligarse o desconocen cualquier tipo de situación vinculada a causas de espionaje. Por ejemplo, Vincent Biruta, Ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, negó las acusaciones contra su país por el uso de Pegasus. “Ruanda no utiliza este sistema de software, como se confirmó previamente en noviembre de 2019, y no posee esta capacidad técnica de ninguna forma. Estas acusaciones falsas forman parte de una campaña para causar tensiones entre Ruanda y otros países; como así también para sembrar desinformación sobre Ruanda a nivel nacional e internacional”.

Por otro lado, como siempre ocurre, la economía no es un tema menor. "Por cada 100 dólares que se invierten en cyberdefensa en el mundo, 41 se encuentran direccionados a empresas israelíes", dijo el Primer Ministro Naftali Bennett, atribuyendo la prosperidad del sector a las unidades de élite del ejército que sirven de incubadoras para nuevas empresas. Es que la industria de la Defensa siempre ha irradiado el combo perfecto entre desarrollo tecnológico y negocios, con efectos financieros propositivos que derraman sobre el escenario geopolítico; nadie puede negar que las exportaciones de armas israelíes ayudaron al país a forjar todo tipo de vínculos, especialmente en Medio Oriente, África y Asia.

Por supuesto, sectores opositores dentro de Israel ya pusieron el grito en el cielo. Desde “Israel podría ser visto como alguien que ayuda a los regímenes autocráticos a reprimir a la sociedad civil” hasta que “Israel es una incubadora de tecnología opresiva”. La respuesta no tardó en llegar: “El mercado manda y, además, mientras hay un número limitado de democracias liberales, está lleno de dictaduras – directas y enmascaradas - en todo el mundo”. Y con acuerdos secretos entre compañías y países, el uso ilimitado de un spyware puede colaborar activamente a los gobiernos a reprimir el activismo cívico, en un momento en el que el autoritarismo está ganando espacios en cada región del planeta.

Por lo expuesto, se entiende que el tratamiento de la temática como un todo no es sencillo. ¿Podemos observarlo como un peligro para con la seguridad nacional? Seguramente que sí. ¿Tenemos ante nosotros, como país, un potencial gran negocio? Probablemente. Para lo primero, solo podemos intentar defendernos, ´blindarnos’ de un sistema que difícilmente alcance alguna vez una solución colectiva de cooperación. En cuanto a lo segundo, porque no aprovechar y subirnos a una industria de alta tecnología y valor agregado que, invariablemente, potenciara su rentabilidad a futuro y nos podría proveer las divisas que tanto necesitamos.

Ahora bien, ¿dónde ubicamos el dilema ético? ¿No es acaso un problema de dudosa moralidad? ¿No estaremos como sociedad global socavando la libertad de prensa, cerrando las puertas de cualquier medio crítico? A veces el miedo a una vigilancia generalizada se torna precisamente el punto central de la discusión. Como indica John Scott-Railton, investigador líder en Citizen Lab, y quien ha investigado a fondo el spyware Pegasus. “El sufrimiento psicológico y la autocensura que provoca, son herramientas clave de los dictadores y líderes autoritarios de la era moderna”.

Analista Internacional. Twitter: @Cafudiego

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