Inquisición en el INDEC no cede, se acrecienta

«El INDEC admitió que hay más inflación.» Palabra más, palabra menos, con estos términos fue que algunos saludaron el anuncio oficial sobre la marcha de los precios durante noviembre. Es que, habiendo extendido el gobierno su política de congelamiento de los precios a los índices, el número cantado debía ser «menor o a lo sumo igual» al del mismo mes de 2006 -que también fue manipulado, aunque con otro método-. Festejaban entonces que se informara 0,9% cuando aquella consigna le ponía tope en 0,7%. ¿Está justificada la algarabía? Por nuestra parte, mantenemos nuestra apreciación inicial de una suba de 26% en los precios para el corriente año. Sin embargo, la inflación -en su versión oficial- acumuló en los primeros once meses apenas 7,5%, un tercio de lo que indican tanto nuestras mediciones como lo que informan entes estadísticos independientes, como el mendocino y el puntano. Está claro pues que muy poco resuelve aquel 0,2% adicional frente a los mil quinientos puntos básicos (15%) de retraso, cuando aún falta ingresar diciembre, el mes de estacionalidad más gravosa en términos inflacionarios. Mientras algunos alimentos como el pan, la harina y la papa han trepado 30% en esta segunda mitad del año, según el gobierno la canasta básica alimentaria aumentó en ese mismo lapso 2,8% (llegando al colmo de bajar 1,3% el último mes).

Son varias las direcciones de estadísticas provinciales que validan hoy una inflación anual en torno a 26%. La Pampa informó en octubre un alza de 26,6% interanual; Misiones, de 26,7%; Tierra del Fuego, de 26,4%, y Chubut, de 27,8%.

Para tranquilidad del Inquisidor de precios, estas provincias no forman parte del índice minorista nacional. Pero sí alarmados por la díscola actitud no sólo de San Luis, sino de la vicepresidencial Mendoza, ya encontraron un sencillo antídoto para evitar nuevos desaguisados: dejar de elaborar el indicador nacional. Todo un avance en la lucha contra la inflación. Un país en serio.

Es que el gobierno kirchnerista, en una primera etapa, decidió reemplazar el control de la inflación por el control del índice de inflación. Y no nos referimos aquí al ingreso de datos apócrifos o su digitación; hablamos de la manipulación del índice mediante el control de precios sobre los productos que integran esa canasta por vía del método de la sugerencia y la coacción explícita. Ocultamiento de síntomas sin atacar las causas: bolsas de hielo para la fiebre.

Pero mucho más preocupante fue la etapa siguiente, en la cual el autoritarismo de los controles de precios fue superado por la práctica francamente despótica de controlar la información que consumen los votantes, convirtiendo el combate a la inflación en un incipiente ejercicio de control social.

La insoportable levedad del CER. Es así que hoy no sólo los índices de inflación, sino toda la información generada por el INDEC ha perdido verosimilitud y utilidad para la toma de decisiones: actividad, ventas minoristas, pobreza e indigencia, empleo, consumo y producción de servicios públicos son algunos de los indicadores en los que se han detectado groseras manipulaciones y desvíos «metodológicos».

Ciñéndonos exclusivamente a la información estadística (la falta de transparencia alcanza a otras áreas, como la gestión fiscal y monetaria), la Dirección de Cuentas Nacionales -a donde también llegó el Inquisidor- ha dejado, asimismo, de ser fiable.

Hemos quedado sin termómetro ni instrumentos para conocer el estado del paciente; la provisión de datos económicos fiables es otra área propia del Estado y en la que éste cede su lugar a los privados.

No hay esperanzas de que en el segundo mandato kirchnerista se termine con el falseamiento estadístico. La presidente Kirchner ha defendido la intervención en el INDEC.

La publicitada adopción de una nueva metodología, con elementos del sistema español y del estadounidense, está encaminada a ocultar y disimular previsibles reacomodamientos de precios para los próximos meses. La modificación más evidente en ese sentido sería el reemplazo por sustitutos de aquellos productos que registren subas significativas. También se podrán tomar listas de precios enviadas por las empresas o cámaras en lugar de efectuar relevamientos de campo (como ya ocurrió con el turismo, donde fuertes subas fueron trocadas por fantasiosas caídas de precios y tarifas).

La nueva canasta del índice se basará en los resultados de la última encuesta de gasto de hogares, lo que servirá para reducir la incidencia de los servicios, donde se esperan las mayores recuperaciones relativas. Del sistema estadounidense quieren tomar la medición de la inflación núcleo, que no computa alimentos ni energía. Todo vale en la versión K del combate a la inflación.

Contracara

Es que no es sólo una cuestión de imagen. También está en juego la caja, verdadera espina dorsal del poder kirchnerista. Es que con cada punto de inflación que se oculta se ahorran casi u$s 600 millones de ajustes a aplicar sobre la deuda indexada por CER (entelequia elaborada para evitar hablar de indexación por inflación). A ello hay que sumar los ajustes e intereses que deberían aplicarse en el tiempo sobre ese mayor capital ajustado. Jugoso rendimiento para el gobierno el de la digitación de la inflación, aunque ello signifique una nueva quita a los futuros jubilados, que fueron forzados por el mismo presidente Kirchner a recibir esos títulos en el momento de la reestructuración de la deuda.

Todo sirve. La subestimación de la inflación tiene como contracara -no menos beneficiosa políticamente- la sobreestimación del crecimiento económico. Es que el crecimiento se mide a través del PBI a precios constantes. Y para ello, al PBI a precios corrientes se le aplica como deflactor de algunos componentes la inflación minorista y mayorista. Si el deflactor es pequeño, el resultado -el PBI- es mayor. He aquí un buen motivo para comprar cupones ajustables por PBI y vender bonos ajustables por CER.

Vale aquí señalar que diferentes señales -entre ellas, la recaudación del IVA en los últimos tres meses- sugieren cierta desaceleración en la actividad. Recientes sucesos, como los cambios retroactivos en regímenes tributarios, el incremento en la presión impositiva y previsional, y reiterados fracasos de las licitaciones para ampliar la oferta energética hacen pensar que los indicadores de crecimiento durante el segundo mandato conyugal estarán compuestos cada vez más por inflación oculta y menos por actividad genuina.

Pero si queremos una solución pronta que resguarde nuestro derecho a la información, poco cabe esperar de la Justicia argentina. El juzgado de Canicoba Corral, tan expedito en otros casos, tiene desde hace meses la causa. No contento con demorar estratégicamente el trámite para después de las elecciones, se preocupó por adelantar off the record a los medios su opinión de que «no constituiría delito» la tergiversación estadística. Para ello argumentó que la metodología no está regulada por ley y que no habría tergiversación «si tomaron precios acordados u otras fuentes». Es decir, si el índice queda reducido a un mero promedio de listas de precios autorizados por el gobierno, pero no vigentes en el mercado, para el magistrado no habrá falsificación estadística.

Para cubrir con un manto de transparencia su actuación, el juez ordenó reprocesar los índices. Lo curioso es que optó por encargar esa tarea a la Policía Federal, que, más allá de su carencia de expertise en la elaboración de estadísticas económicas, está directamente subordinada al Ejecutivo, responsable precisamente de subestimar la suba de precios.

Los técnicos del INDEC que prestaron declaración testimonial contra el secretario de Comercio fueron, en tanto, desplazados de sus cargos; el fiscal de Investigaciones Administrativas responsabilizó al juez por no haberles brindado la debida protección.