La justicia del trabajo frente al tiempo que corre

El acuerdo de transferencia del fuero laboral de Nación a la Ciudad, como cualquier reforma estructural, debe ser evaluado con prudencia y gradualismo.

Modernizar la justicia no es digitalizar papeles ni cambiar sellos por pantallas.

La justicia del trabajo no es un apéndice burocrático ni una reliquia ideológica. Es una de las pocas construcciones institucionales del Estado argentino pensadas, desde su origen, para equilibrar asimetrías reales.

Defender la justicia del trabajo no implica defender fallos, jueces ni sistemas procesales concretos. Implica algo más elemental y, a la vez, más profundo: defender la existencia de un fuero especializado que entienda que el conflicto laboral no es un conflicto más, sino uno donde el tiempo pesa distinto y donde la demora no es neutral.

En ese marco debe leerse el reciente acuerdo de transferencia de la función judicial laboral del ámbito nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El debate no es nuevo ni simple. Involucra autonomía, federalismo, competencias, recursos y diseño institucional. Es legítimo discutirlo. Es sano hacerlo. Pero sería un error convertir esa discusión en una disputa binaria que termine debilitando al sistema de justicia laboral en su conjunto.

La historia demuestra que los sistemas judiciales no fracasan por cambios normativos aislados, sino por la pérdida de sentido de su función. Cuando el proceso se vuelve incomprensible para el justiciable, cuando los plazos se eternizan, cuando la respuesta llega tarde, la justicia deja de ser justicia y se transforma en archivo.

La justicia del trabajo argentina, con todos sus defectos, ha sido durante décadas un espacio donde el conflicto social encontró cauce institucional. No siempre perfecto, no siempre rápido, pero existente. Eso no es menor en un país con alta litigiosidad laboral y con un mercado de trabajo estructuralmente tensionado.

El verdadero desafío no es si la competencia es nacional o local. El verdadero desafío es cómo lograr que el sistema funcione mejor, más rápido y con mayor previsibilidad.

Y ahí aparece una discusión que suele esquivarse: la tecnología, y en particular, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no debe ingresar a la justicia como un eslogan ni como una amenaza. Debe hacerlo como herramienta. No para reemplazar jueces, ni abogados, ni criterios jurídicos.

Eso es una caricatura. Debe ingresar para resolver lo que hoy consume tiempo humano de manera innecesaria: clasificación de escritos, detección de inconsistencias formales, gestión de plazos, análisis de precedentes, ordenamiento probatorio, simulación de escenarios procesales.

Hoy un expediente laboral puede demorar años no por la complejidad del conflicto, sino por la acumulación de tareas mecánicas que saturan al sistema. La IA bien utilizada permitiría liberar tiempo judicial para lo único que no puede automatizarse: decidir con criterio jurídico y humano.

Modernizar la justicia no es digitalizar papeles ni cambiar sellos por pantallas. Es repensar procesos. Y acelerar procesos no es una concesión al mercado ni al capital; es una garantía de derechos. Un juicio laboral rápido no beneficia solo al trabajador. Beneficia al empleador que necesita previsibilidad. Beneficia al sistema económico que necesita reglas claras. Beneficia, en definitiva, a la sociedad.

El acuerdo de transferencia, como cualquier reforma estructural, debe ser evaluado con prudencia, con gradualismo y con una premisa clara: no se puede sacrificar funcionamiento en nombre de reorganización. La transición debe asegurar continuidad, especialización y recursos. Sin eso, cualquier cambio será solo formal.

La justicia del trabajo no necesita ser defendida como trinchera. Necesita ser defendida como institución viva. Una institución que debe adaptarse a su tiempo sin perder su razón de ser. El tiempo, justamente, es el factor decisivo. Porque en materia laboral, el tiempo no es neutral: a veces, es la diferencia entre justicia y resignación.

Defender la justicia del trabajo es, en definitiva, defender la idea de que los conflictos sociales merecen respuestas institucionales eficaces.

La justicia no debe llegar primero ni último. Debe llegar a tiempo. Y para eso, además de leyes y acuerdos, necesita decisión, método y una mirada que entienda que modernizar no es ceder principios, sino garantizar que sigan siendo efectivos.

* Abogado. Especialista en trabajo y Magister en empleo e innovación judicial. Diplomatura en IA aplicada a la gestión en entornos digitales.