El trabajo en negro llega a niveles alarmantes. Desde que comenzaron a subir los impuestos al trabajo, el empleo informal entre asalariados se multiplicó. Es fruto, además, de los aumentos por decreto. Llega a tal nivel que contaminó la política del Estado. Hay aumentos "no remunerativos", pagos a funcionarios que no son remuneración, programas de empleo con población en negro y hasta se pagan pensiones sin relacionarlas con aportes (convalidan la "vida en negro"). El economista Juan Luis Bour -agredido recientemente desde el gobierno simplemente por pensar diferente-explica, con solidez y datos incontrastables, la delicada situación.
Dos o tres décadas atrás, la Argentina tenía mucha economía negra, y eso se manifestaba tanto en bajos niveles de recaudación tributaria como en alta informalidad en el mercado de trabajo. De cada dos personas que trabajaban en el sector privado, sea como empleados asalariados o como cuentapropistas, una en promedio estaba en el «lado oscuro» de la economía. Para ser más precisos, 0,9% estaba compuesto por informales mientras que 1,1%, por formales. Eso indicaba un alto nivel de ocultamiento de las actividades, pues la informalidad laboral no es más que un eslabón en el proceso de evasión tributaria. Estábamos, sin embargo, aún lejos de los niveles africanos de economía oculta que habían impulsado los estudios de «informalidad» de la OIT desde fines de la década del '60. Hoy la informalidad es abrumadora: de cada tres personas ocupadas en el sector privado de la economía, dos son informales.
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En el pasado, la mayoría de los informales provenía del grupo de trabajadores por cuenta propia. De hecho más de la mitad a comienzos de los '80 era explicada por los cuentapropistas, y de allí la habitual identificación de este grupo con el de vendedores ambulantes (como en la experiencia de otros países pobres), con los que se desempeñaban en profesiones liberales (no emitían facturas), y con los pequeños negocios y empresas unipersonales. Pero desde comienzos de esa década aumentó fuertemente la presión tributaria en el mercado laboral (las tasas y contribuciones crecieron desde 31,5 puntos a 49 puntos), aumentó la regulación (se cristalizaron las normas de los años '70, se hicieron habituales los aumentos salariales por decreto) y se deterioró el control tributario. El premio a «huir de lo formal» era demasiado grande, y la informalidad creció en pocos años casi 50% entre los asalariados.
Luego de una transitoria mejora en estos índices en la primera mitad de la convertibilidad, se verificó un abrupto salto con la crisis del final de la década. Parte de ello refleja la incorporación de los «ocupados» en los planes oficiales de empleo, pero parte es simplemente el reflejo de una estrategia de subsistencia: pasarse al sector con libre entrada del mercado laboral. En la actualidad unos 7,4 millones de personas ocupadas en el sector privado son informales (ya sea asalariados o cuentapropistas), mientras que poco más de 4,3 millones pueden clasificarse como formales. Este crecimiento vertiginoso de la proporción de trabajadores en negro no es un fenómeno que se explica por aumento de los trabajadores independientes, sino por el estancamiento de largo plazo de los asalariados formales: eran 4 millones en el año 1980, y fueron 4 millones en 2003. Los asalariados en negro, en cambio, crecen en el entorno de las dos grandes crisis macroeconómicas de fines de los '80 y comienzos de la década actual. Pero además pegan el salto en los períodos de mayor intervención del gobierno en el mercado de trabajo, es decir en la segunda mitad de los '80 y en los últimos dos años.
Con el auge la informalidad, no es posible hoy influir sobre el mercado laboral con políticas rústicas, ya que incrementar los salarios por decreto, aumentar los impuestos y prohibir el despido, son instrumentos que pierden efectividad a medida que la economía se vuelve más negra.
• Recuperación reciente
Los ingresos de la población -por ejemplo-no pueden subir por decreto, y a pesar de los sucesivos aumentos impulsados por el Ejecutivo en estos últimos dos años, los salarios de los dos tercios de la población en negro siguieron cayendo hasta fines del año 2002, para recién esbozar una recuperación en la segunda mitad de 2003 y en la actualidad, con la recuperación de la economía.
La política pública en los campos laboral, tributario y de seguridad social, no ha contribuido recientemente a reducir el empleo negro. Es claro que el impuesto a las transacciones financieras, al impulsar la evasión tributaria, desalienta también la formalidad laboral.
El aumento de la informalidad tiene graves consecuencias en el plano económico y social, dado que el fenómeno persiste y crece más allá de las recuperaciones cíclicas. Por un lado, una economía negra pone poco capital al lado de cada trabajador: eso significa menor productividad e inferior crecimiento potencial. Por otro lado, tenemos evidencia de fenómenos de «histéresis»: si bien la proporción de informales puede caer levemente en una recuperación, se avanza con «escalones» siempre más elevados. La tasa «normal» de asalariados informales era 20% a fines de los '70, 30% a fines de los '80 y 40% en la actualidad.
Más grave aún es que el fenómeno de la informalidad «contamina» la política pública. Hoy persiste un decreto que establece para el sector privado un aumento de salarios «no remunerativo» (léase, en negro), pagos a funcionarios públicos que tampoco son «remuneración», programas «de empleo» con población en negro, y además se converge a una política de seguridad social «no contributiva», es decir que generaliza los pagos de pensiones sin relacionarlos con los aportes realizados (lo que convalida «vivir en negro»). Este inadecuado marco contractual y de incentivos que prevalecen en la Argentina deberán ser revisados si se aspira a una sociedad más transparente y con menor margen para desarrollar actividades ocultas.
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