En el lenguaje técnico de las finanzas del Estado, la obra pública constituye tradicionalmente un rubro del gasto público. Tal circunstancia, en una época del pensamiento económico donde el gasto público constituye casi una mala palabra, exige hacer algunas reflexiones sobre la verdadera naturaleza de la obra pública y sobre sus virtudes innegables en el plano económico y social de un país.
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En ese sentido, es importante recordar que las principales potencias del mundo contemporáneo recurrieron a la obra pública para salir eficazmente de la depresión económica y social que las asolaba con motivo de la crisis del '30 (Estados Unidos) y de la posguerra (Alemania, Japón).
Es que la obra pública -a pesar de estar computada, en el presupuesto estatal, como un gastoconstituye una inversión importantísima en el orden económico y social, una herramienta fundamental para construir una prosperidad sustentable, como no me he cansado de pregonar durante mi anterior gestión a cargo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, y como no me canso de hacerlo ahora, en mi carácter de presidente de la Comisión de Obras Públicas de la H. Cámara de Diputados de la Nación.
En efecto, la obra pública activa la economía y, por ende, disminuye la desocupación, en forma directa y también indirecta (por ejemplo, está probado que por cada tres operarios que trabajan en la construcción de viviendas, otras dos personas obtienen beneficios laborales indirectamente), ya que no sólo utiliza gran cantidad de trabajadores -los cuales vuelcan sus jornales a la economía doméstica-, sino que, además, moviliza diversos rubros del comercio y la industria de la construcción. Se trata del llamado efecto multiplicador, en toda la actividad económica y también social, que es generado por la inversión en obra pública. Puede concluirse, entonces, que la obra pública es una inversión que pone en marcha un círculo virtuoso que promueve una mejor calidad de vida para toda la sociedad. Este concepto es muy significativo, especialmenteen una Argentina que fue diezmada por una crisis estructural que colapsó definitivamente el 21 de diciembre de 2001. Ante tal situación, debemos tener presente, entonces, que no hay recetas mágicas ni milagros, y que la experiencia de las potencias a que antes he hecho referencia demuestra que el único milagro es el trabajo, comenzando por el trabajo que genera la obra pública.
Humildemente, también me permito traer a colación un proyecto de ley que he presentado durante este año, que tiene por objeto disponer que en los pliegos licitatorios de las obras públicas se establezca un porcentaje mínimo de trabajadores (aproximadamente 30%, según las características de la obra y del lugar en que se construya) que deberán ser reclutados de entre los beneficiarios de los planes Jefes de Hogar, y que ya fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Obras Públicas de la H. Cámara de Diputados de la Nación. Tal iniciativa resulta, ahora más que nunca, muy pertinente para permitir la incorporación de los beneficiarios de aquellos planes en el círculo virtuoso de la obra pública, dignificándolos con el trabajo.
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Finalmente, hay otras razones por las cuales la obra pública debe considerarse una inversión estratégica y no un gasto público más. La obra pública es imprescindible para permitir la competitividad en el plano internacional de toda la actividad económica de nuestro país, mediante una adecuada infraestructura portuaria, vías navegables, vías ferroviarias, rutas y caminos, etcétera.
Asimismo, es relevante en orden a la integración necesaria para el desarrollo del Mercosur que tiene por objeto, como es sabido, la creación de un polo regional con un mayor poder de negociación y representación en el contexto actual de la economía y de los negocios internacionales globalizados. En tal marco, la obra pública constituye un instrumento por excelencia para hacer posible la integración con obras de infraestructura que disminuyan las distancias, afirmen las relaciones entre los Estados miembro y posibiliten un desarrollo equilibrado y competitivo de la región.
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