Registros del Automotor: reformar sin destruir

Más allá de los prejuicios, el eje de la discusión pasa por cómo modernizar sin afectar la seguridad jurídica ni trasladar costos al Estado.

El registro automotor en la Argentina es constitutivo del derecho de propiedad y cumple un rol central en la prevención de fraudes, un aspecto que suele quedar fuera del debate público.

El debate sobre los Registros del Automotor merece una discusión profunda, rigurosa y libre de prejuicios. No porque el sistema no deba modernizarse —toda institución viva lo necesita— sino porque cuando el diagnóstico parte de supuestos erróneos, las soluciones propuestas suelen ser peores que el problema que intentan resolver.

Existe en algunos sectores la idea de que el sistema registral argentino sería sinónimo de burocracia, ineficiencia o incluso corrupción. Se trata de afirmaciones graves que, más allá de su impacto mediático, no están respaldadas por evidencia concreta y omiten aspectos centrales del funcionamiento real del régimen automotor.

Conviene empezar por un punto básico: en la Argentina, la registración del automotor es constitutiva del derecho de propiedad. Es decir, la propiedad nace con la inscripción. No es un trámite accesorio ni una formalidad prescindible, sino el núcleo mismo de la seguridad jurídica que evita fraudes, autos mellizos, ventas múltiples, embargos ocultos o la circulación de vehículos robados. Esa función no la cumple un software, sino el control de legalidad ejercido por un profesional responsable, que responde civil, penal y patrimonialmente por su actuación.

La digitalización, correctamente entendida, es una herramienta valiosa y necesaria. De hecho, los Registros del Automotor se informatizan desde hace más de tres décadas, invirtiendo recursos propios, sin costo para el Estado. Pero digitalizar no es automatizar sin control. Confundir agilidad con ausencia de verificación humana no solo empobrece el servicio: lo vuelve riesgoso.

También se suele afirmar que el sistema es “costoso”, sin aclarar qué se está pagando. La mayor parte de lo que abona un ciudadano al registrar un vehículo no son aranceles registrales, sino impuestos provinciales, tasas municipales e infracciones que el Registro simplemente percibe como agente de recaudación. Culpar al Registro por la carga tributaria es, en los hechos, confundir al intermediario con el decisor.

Otro aspecto sistemáticamente omitido es que el modelo vigente es de gestión privada de una función pública, bajo estricto control estatal. Los encargados acceden por concurso público, financian íntegramente la estructura, sostienen al personal, la tecnología y los insumos, y asumen todos los riesgos. Si ese esquema se reemplazara por uno puramente estatal, el costo recaería sobre el conjunto de los contribuyentes, sin la responsabilidad individual que hoy protege al usuario.

Nada de esto implica negar que el sistema requiera mejoras. Las normas deben actualizarse, los procesos simplificarse y la tecnología profundizarse. Pero una reforma seria no se construye desde la descalificación ni desde etiquetas que presuponen corrupción sin probarla. Se construye escuchando a quienes conocen el funcionamiento cotidiano del sistema y comprendiendo el delicado equilibrio entre eficiencia, control y seguridad jurídica.

Los Registros del Automotor no son un obstáculo al progreso. Son una de las razones por las cuales el crédito prendario existe, los seguros son más accesibles y millones de personas pueden comprar, vender y financiar un vehículo con previsibilidad. Reformar es necesario. Destruir, no. Y el consenso, lejos de ser una debilidad, es la única forma inteligente de hacerlo bien.

Por Alejandro Germano, presidente de AAERPA.