Si la economía crece, las tarifas deben subir

Con la sanción de la Ley de Emergencia Pública en enero de 2002, se dispuso que las tarifas eléctricas fueran pesificadas a la relación de cambio un peso = un dólar y además congeladas, eliminando cualquier forma de actualización monetaria, en el marco de la crisis económica y social quizá más grave que los argentinos recuerden.

Esta medida fue aplicada con tal rigor, que se llegó al extremo de suspender los ajustes semestrales automáticos de los costos de generación propios de la estacionalidad, agotando el fondo estabilizador destinado a amortiguar estas variaciones para mantener esta forzada situación en el tiempo, el cual acumula hoy un déficit de 510 millones de pesos.

Transcurrido un período de emergencia, ningún sistema eléctrico del mundo puede sostenerse y desarrollarse si no se reconocen los costos del servicio. Aún cuando se introduzcan correcciones que reconozcan costos de generación de corto plazo como los realizados por el Gobierno parcialmente en forma reciente -, el servicio se deteriorará y no podrá sostenerse en el mediano plazo, dependiendo del comportamiento de la economía y el consiguiente crecimiento de la demanda. En este contexto, si no hay inversión en capacidad adicional, los racionamientos no tardarán en surgir como se vio la semana última.

El sector eléctrico es una industria capital intensiva con largos períodos de maduración y recuperación de la inversión y elevados costos hundidos. Es decir que por cada dólar necesario para prestar el servicio, una parte muy significativa es costo de inversión, que tiene que poder ser recuperado en forma razonablemente constante durante períodos extensos. Además, la ruptura de los compromisos regulatorios asumidos impide al inversor relocalizar su inversión, ya que una parte importante de sus activos se encuentran hundidos. Lo cual significa que no podrá desmantelarlos y venderlos en un mercado secundario, sino que sólo tendrá en sus manos un paquete accionario sobre cuyo valor el comprador descontará el costo de los compromisos regulatorios incumplidos.

El desafío que debe resolverse hoy consiste en definir una tarifa adecuada a las características estructurales de la industria y capaz de sustentar una economía en expansión al casi el 9% anual, que a su vez satisfaga las restricciones que la profunda crisis económica imponen sobre un servicio de consumo masivo con significativa incidencia en los ingresos de los sectores más afectados.

Para ello, debe recurrirse a los mecanismos que provee la ley, iniciando un profundo proceso de revisión tarifaria aún pendiente, sólidamente apoyado en estudios técnicos y en la participación de todos los interesados, que permita, dentro de los lineamientos fijados por la emergencia pública, arribar a una tarifa sustentable, que posibilite al sector proveer el abastecimiento eléctrico que exige una economía en crecimiento. Ya es hora.

(*) Consultor. Experto en regulación del sector eléctrico.