Sincronizando apertura con reformas se reducen traumas

El país enfrenta un momento decisivo: modernizar reglas, ordenar impuestos y encarar cambios pendientes en el sistema previsional y monetario. La velocidad y la coherencia de estas transformaciones serán determinantes para evitar costos sociales y productivos.

Congreso de la Nación Argentina.

Después de décadas de aislamiento profundo, la Argentina comenzó a dar los primeros pasos hacia una mayor integración al mundo. Paradójicamente este proceso se desarrolla en un escenario internacional marcado por la incertidumbre. El giro geopolítico que imprimió EEUU bajo la presidencia de Trump desplazó la lógica tradicional del comercio exterior hacia un esquema más discrecional y menos previsible. No es un contexto sencillo, pero no debería ser una excusa para nuevamente postergar la apertura.

La economía argentina llega a esta instancia decisiva con una debilidad profundamente arraigada: opera desde hace décadas en un entorno que erosiona productividad y competitividad. La combinación persistente de inflación alta, aislamiento y reglas cambiantes dio lugar a una maraña de distorsiones que, en un mercado protegido, podían disimularse. Pero en un proceso de apertura, se vuelven determinantes. Los sectores con mayor valor agregado -los que más empleo de calidad generan- son justamente los que más sienten el impacto: allí pesan más los impuestos distorsivos, los costos laborales excesivos y las regulaciones que entorpecen la inversión.

La integración, por sí sola, no garantiza un sendero virtuoso. Su impacto social y productivo depende de la secuencia, la coherencia y la profundidad de las reformas que acompañen ese proceso. El desafío es calibrar correctamente los tiempos y la integralidad de los cambios, priorizando remover aquellas trabas que más afectan a los sectores más intensivos en empleo y en valor agregado. En una sociedad atravesada por un mercado laboral muy debilitado, esta precaución es extremadamente relevante.

A la oportunidad política hay que sumarle precisión

Las urnas dejaron un mensaje claro: una parte significativa de la población avala el equilibrio fiscal y respalda las reformas estructurales. Es una oportunidad política rara en la historia reciente. Pero incluso en un contexto favorable, la agenda de transformaciones enfrenta obstáculos significativos.

El primer capítulo, de acuerdo al cronograma oficial, es la reforma laboral. El Gobierno anunció la intención de tratarla en el Congreso tras la aprobación del Presupuesto 2025. Aunque todavía no existe un texto oficial, el borrador que circuló dejó en evidencia la dificultad de redactar una norma que cumpla simultáneamente con objetivos de modernización, protección y sustentabilidad, y que responda a necesidades de sectores involucrados tan diversos. A esto se suma un punto muchas veces ignorado: toda reforma laboral debe aplicarse en los tribunales provinciales. Si estos no acompañan, la letra de la ley puede quedar neutralizada. El ejemplo más claro es el sistema de riesgos del trabajo, hoy tensionado por la falta de implementación plena del cuerpo de peritos médicos creado en 2017, que derivó en una nueva ola de litigiosidad.

El segundo eslabón es la reforma tributaria, donde se presentan desafíos similares. El principal obstáculo es la superposición de tributos nacionales, provinciales y municipales, que conforman un entramado costoso e ineficiente. Apostar únicamente a reducciones graduales de alícuotas según la evolución del gasto público no resolverá el problema. Se requiere un ordenamiento integral, incluso revisando el régimen de coparticipación federal, para avanzar hacia un sistema más simple y competitivo.

Congreso de la Nación Argentina.

Mariano Fuchila

La reforma previsional, en cambio, ni siquiera está incluida entre las prioridades inmediatas del Gobierno. Esta postergación es problemática: casi la mitad del gasto nacional y una parte sustancial del gasto provincial corresponde a jubilaciones y pensiones que, sin cambios, crecen de manera inercial. Mantener ese componente sin reformas reduce los márgenes de maniobra fiscal en la administración de las finanzas públicas. ¿Cuánto se puede bajar la presión tributaria o fortalecer la inversión en infraestructura si el gasto previsional sigue creciendo? El proyecto de Presupuesto 2026 que envió el Gobierno nacional lo corrobora: no están previstas reducciones de impuestos y la inversión pública sigue en mínimos históricos.

Finalmente, aunque no figure explícitamente en la hoja de ruta oficial, completar la transición hacia un régimen monetario y cambiario más estable es otro pilar para mejorar el entorno productivo. Una convivencia más ordenada entre el peso y el dólar -con reglas claras para un bimonetarismo que ya existe de hecho- contribuiría a reducir la incertidumbre y a consolidar el clima necesario para invertir, producir y comerciar. Esta es la única reforma que no necesita aval de las provincias. Razón adicional para avanzar con mayor velocidad en su instrumentación.

Reformar más rápido, no integrar más lento

La magnitud de los desafíos puede resultar intimidante, pero la alternativa —desacelerar la apertura al mundo— sería más costosa. La clave está en afinar diagnósticos, diseñar estrategias consistentes y, sobre todo, reconocer que la mayoría de estas reformas requieren una coordinación estrecha con las provincias.

La diferencia entre una transición ordenada y una traumática, especialmente desde el punto de vista social, depende de cuán rápido y cuán bien se encaren las reformas.

Economista, presidente de IERAL de la Fundación Mediterránea.